Mediante una sentencia emitida el último 12 de marzo, la Corte Federal del distrito de Washington, D.C. ratificó los dos laudos arbitrales internacionales emitidos los años 2020 y 2022 a favor de Rutas de Lima (RDL). Con ello, se denegó el pedido de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para anularlos.
“La sentencia desestima totalmente las solicitudes formuladas por la MML orientadas a obtener la anulación de los referidos laudos arbitrales internacionales, resaltando la debilidad de sus argumentos y su conducta dilatoria e indebida a lo largo del proceso”, dijo RDL en un comunicado.
El primer arbitraje (laudo en mayo de 2020) devino después que el alcalde Luis Castañeda suspendiera en enero de 2017 la recaudación en el peaje de Chillón. Este arbitraje fue en su mayor parte litigado por la administración de Jorge Muñoz, que para tal efecto contrató un estudio de abogados internacional. El segundo arbitraje (laudo en diciembre 2022) obedeció a la no aplicación de incrementos tarifarios pactados.
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El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha mostrado en reiteradas oportunidades su disconformidad contra los laudos. Hace unas semanas declaró que había iniciado acciones legales contra RDL en el exterior debido al alza de peajes y presuntos actos de corrupción.
RDL refiere: “La Juez Federal resalta que los referidos laudos arbitrales evidencian que los árbitros ponderaron adecuadamente las pruebas aportadas por las partes, incluyendo la acusación fiscal planteada por el Equipo Especial, así como los testimonios brindados por la Fiscalía y la Procuraduría Pública”.
“Exhortamos a la MML y demás entidades del Estado a respetar no solo los dos laudos arbitrales internacionales a favor de Rutas de Lima y dar cumplimiento inmediato a los mismos, incluyendo el pago de las sumas debidas, sino además a cumplir con la decisión de la justicia de EE.UU.”, agrega.
Análisis
Según Carlos Paitán, abogado especialista en arbitraje internacional, “el rechazo de la apelación significa que el laudo es ejecutable y podría tener implicaciones económicas significativas para la municipalidad, especialmente si el laudo incluye obligaciones financieras a favor del concesionario”.
Se supo que la indemnización total a favor de la concesionaria es cerca de US$ 200 millones, incluido intereses.
Si la MML no cumple con el laudo, podría enfrentar embargos en sus cuentas, una medida que los acreedores pueden solicitar no solo contra la entidad municipal sino también contra el Estado, dice Paitán. Esto destaca la percepción de que el Estado tiene la obligación de pago, lo que podría llevar a acciones legales no solo a nivel municipal sino nacional.
Además, aunque la etapa de anulación ha concluido, la municipalidad aún puede intentar oponerse a la ejecución del laudo durante el proceso de ejecución, argumentando posibles afectaciones al orden público.
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Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ocupa la posición de redactor en el área de Economía en el Diario Gestión.
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