En un contexto de cambios normativos y económicos, la estructura de la tributación y su aplicación, son puntos clave para el desarrollo sostenible del país. Para profundizar en este tema, Jorge Picón Gonzáles, socio de Picón & Asociados, nos comenta su visión sobre las recientes modificaciones en las deducciones del Impuesto a la Renta (IR), los desafíos que enfrenta la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en su gestión y el impacto de la recesión en la recaudación tributaria.
Para el abogado tributarista, hay un impacto negativo como consecuencia de “las interpretaciones poco técnicas” por parte de Sunat sobre algunas normativas presentadas en materia tributaria. Enfatiza cómo estas interpretaciones pueden generar efectos adversos y confusión entre los contribuyentes.
Por ejemplo, en el caso específico en el sector inmobiliario, la Administración Tributaria tomó una decisión relacionada con las cuentas de garantía, que Picón considera “absurda y que sigue causando problemas hasta la fecha”.
El ejemplo trata sobre una controversia en el sector inmobiliario relacionada con el momento en que los fondos depositados en cuentas de garantía deben ser considerados ingresos percibidos por las inmobiliarias y, por ende, sujetos al Impuesto de la Renta.
Mientras la ley no clarificaba este punto, la interpretación de la Administración Tributaria obligaba a las inmobiliarias a pagar impuestos sobre esos fondos antes de que realmente estuvieran a su disposición, generando un conflicto sobre la interpretación y aplicación práctica de las normas tributarias.
Esta situación ilustra la complejidad y los desafíos que enfrentan los contribuyentes al navegar por las regulaciones tributarias y la interpretación de estas por parte de la autoridad fiscal, resaltando la necesidad de una mayor claridad y un enfoque más razonable en la aplicación de las normas tributarias.
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Para Picón es importante recordar que para que un gasto sea deducible en el IR, es fundamental demostrar que el gasto es necesario para la generación de ingresos del negocio, un principio conocido como causalidad.
Sin embargo, señala que esta demostración no siempre es sencilla, especialmente en un contexto donde la mayoría de las empresas son familiares, lo que a menudo conduce a confusiones entre los gastos personales y los del negocio.
“Este desafío se complica aún más por el escrutinio constante de la validez de los comprobantes de pago por parte de la Administración Tributaria, lo que plantea un reto significativo para las empresas al momento de deducir gastos” dijo.
A su consideración, existen excesos en los requisitos formales para la deducción de gastos. Primero, destaca cómo la normativa tributaria se ha vuelto más compleja y exigente con el tiempo, incorporando cada vez más restricciones y segundo son las necesidades de demostración que no eran requeridas anteriormente.
Un ejemplo de esta complicación es la normativa vigente desde 2023, que introduce la figura de “sujetos sin capacidad operativa”, permitiendo a Sunat calificar a cualquier empresa bajo esta categoría si considera que no tiene la capacidad operativa para realizar las actividades facturadas. Esto, según Picón, genera una inseguridad jurídica significativa para el contribuyente.
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Fiscalización
Picón critica el nivel de formalidad en las fiscalizaciones de la Administración Tributaria, que a veces alcanza niveles casi imposibles, como solicitar detalles extremadamente específicos sobre operaciones pasadas.
Estos requerimientos no solo complican al contribuyente sino que también introducen un nivel de inseguridad jurídica considerable.
Es decir, es notable un incremento en la complejidad y los desafíos para los contribuyentes debido a la creciente demanda de cumplimiento de requisitos formales y el escrutinio de la Administración Tributaria.
Además, señala un cambio en el comportamiento del Tribunal Fiscal hacia una postura más pro-fisco, lo que ha provocado que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional adquieran un rol más relevante en la justicia tributaria.
Picón menciona que , “tenemos al caso del 2021 relacionado con la “aportación en participación” en el sector inmobiliario, donde el Tribunal Fiscal cambió su interpretación, generando una contingencia económica significativa para el sector, donde todas las empresas que trabajaron con ese esquema, no pudieron deducirlo, puesto que la administración, dijo que no era deducible, para mi la decisión no tenía ningún sustento”.
Este tipo de decisiones, según Picón, demuestra una tendencia del Tribunal Fiscal a fallar contra los contribuyentes por precaución ante la corrupción, contribuyendo a un deterioro en la confianza hacia esta entidad.
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Argumenta que hay un desequilibrio significativo en esta relación, principalmente debido -en su opinión- “a una legislación tributaria controlada y manipulada por el fisco a su favor”.
Este desequilibrio ha resultado en un aumento de casos donde el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir, resolviendo a menudo en contra de la Sunat por la violación de derechos constitucionales de los contribuyentes.,
Subraya que, “aunque el camino hacia el Tribunal Constitucional es largo y costoso, no todas las empresas pueden permitirse llegar a él, lo que agrava el desequilibrio”.
Destaca que este problema es particularmente peligroso en un momento de recesión, donde políticas tributarias mal concebidas pueden tener impactos adversos significativos en la economía y en los derechos de los contribuyentes.
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Recaudación tributaria
Picón reconoce que, tras alcanzar un máximo histórico en la recaudación en 2022, era previsible que el ajuste a la perspectiva en el 2023, no llegara a cumplirse, puesto que la recaudación iba a ser mínima por la recesión.
La expectativa de crecimiento del 10% en la recaudación planteada por la Administración Tributaria era, en su opinión, poco realista, puesto que se planteo una valla muy alta.
Sin embargo, anticipa un posible rebote en la recaudación de este año debido a la mejora en los precios internacionales de los metales y el sostenido nivel de la agroexportación, a pesar de las adversidades climáticas anticipadas.
“La recesión puede tener impacto con respecto al consumo, ya que si vemos el impacto en el IR, es mas notable la afectación en empresas grandes” dijo.
Aunque el abogado prevé una recuperación, advierte sobre la informalización creciente de la economía, estimando que alrededor del 55% al 60% de la economía está informalizada, lo cual representa un desafío significativo para alcanzar las metas de recaudación.
Aunque se muestra optimista sobre la posibilidad de lograr las metas de ingresos para el año en curso, subraya que el éxito dependerá de cómo se aborde la informalidad y se estimule el crecimiento económico mediante la inversión en sectores clave como el de la construcción y la exportación.
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Asignación del nuevo jefe de Sunat
Al abordar el tema sobre los retos para el nuevo jefe de la Sunat, Jorge Picón resalta que es una entidad grande y compleja, y que cambiar su liderazgo no implica necesariamente una transformación inmediata en su funcionamiento.
“El nuevo jefe de la Sunat deberá implementar acciones que generen una percepción de riesgo convincente entre los contribuyentes informales, incentivándolos a formalizar sus actividades económicas. La tarea no es menor y requiere de una estrategia bien pensada y ejecutada para enfrentar los desafíos inherentes a la administración tributaria y fomentar la formalización y cumplimiento tributario en el país”, explica.
Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ocupa la posición de redactor en el área de Economía en el Diario Gestión.
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