En los últimos meses, hemos presenciado iniciativas agresivas en muchos países del mundo para reducir los elevados niveles de déficit fiscal. Las propuestas más ambiciosas han sido las de Donal Trump (“Doge”) y Javier Milei (“Motosierra”). En el caso de Perú, el ministro de Economía, José Salardi, ha anunciado su plan “shock anti-regulación”, con el que pretende buscar mayores eficiencias en todos los frentes del Estado.
Antes de las medidas de recorte de Donald Trump, se esperaba que el déficit fiscal en Estados Unidos alcanzara niveles equivalentes al 7% de su PBI al cierre de 2025. Pero, con las últimas disposiciones de ahorro, se proyecta que se reduzca al 5% del PBI para 2026-2027; aunque es un ajuste significativo, será gradual para no frenar mucho la economía.
En el caso argentino, el plan “Motosierra” ha sido mucho más agresivo que el estadounidense, logrando llevar al país a un superávit fiscal (es decir, que los impuestos superen los gastos del sector público). Dado el ajuste, la economía argentina se mantendrá en recesión por un tiempo, con la expectativa de una recuperación ordenada en los próximos meses.
El escenario peruano es bastante distinto. Se espera un déficit fiscal del 2,6% del PBI para 2025, un nivel que, en comparación, es más favorable que el de la mayoría de los países de Latinoamérica. Sin embargo, aunque el Perú se mantiene relativamente ordenado en materia fiscal, registra una de las tasas de recaudación tributaria más bajas de la región, debido al grado alto de informalidad. Actualmente, en el hogar promedio peruano, el 60% de los ingresos proviene del sector informal, una cifra que contrasta negativamente con la de Chile, donde solo el 20% de los ingresos del hogar promedio proviene de la informalidad.
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Adicionalmente, el Perú tiene uno de los presupuestos más bajos de la región para gasto público en educación y salud, lo que genera dificultades para la reducción del gasto estatal.
Dado este contexto, el Ministerio de Economía tiene poco margen de maniobra y actualmente apuesta por medidas que reduzcan la regulación excesiva y aceleren las inversiones del sector privado. Es claro que una parte de la informalidad en el Perú surge debido a los sobrecostos que genera la regulación y por los tiempos que toma el aparato público en aprobar proyectos de inversión en infraestructura y minería.
La solución no pasa por incrementar el número de trabajadores en el Estado —que en los últimos 20 años pasó de 1 millón a 1,5 millones aproximadamente—, sino por mejorar su productividad, reducir la cantidad de permisos y, de alguna manera, disminuir el rol del estado en la economía.
Al estado peruano solo le queda ser muy eficiente en el uso de los recursos mientras fortalece su capacidad de recaudación tributaria en el tiempo, ya sea ampliando la base tributaria, implementando algunas reformas o fortaleciendo el PBI del país a través de grandes inversiones en infraestructura, minería e irrigación (Esto tres son vitales). También es importante seguir impulsando el ingreso de la empresa privada en actividades como la salud y la educación, viendo formas creativas de trabajo colaborativo con el estado.
Hacia el futuro, el Perú tiene que ser muy prudente y equilibrar su déficit fiscal para evitar un mayor endeudamiento. Si no hay más recaudación en el tiempo, difícilmente se podrá absorber más deuda: no habría como pagarla. La meta es llevar el déficit a un máximo del 2% del PBI (un ajuste aproximado del 1% en el gasto publico). Todavía no es necesario aplicar planes radicales como en Estados Unidos o Argentina. El objetivo principal es simplificar los procesos regulatorios para que la empresa privada pueda tener un mayor dinamismo. El estado debe cumplir un rol promotor y supervisor donde no esté obligado a comprometer recursos. El foco actual debe estar más orientado en la productividad del personal público y no en el crecimiento del aparato público, una situación que nos podría volver inviables en el largo plazo.
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CEO y Fundador Allié Family Office. Past President CFA Society Peru. Licenciado en Ciencias Económicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un grado de MBA en Administración de Empresas por la Universidad de Texas en Austin.
