
Las regulaciones de corte paternalista aplicadas en sectores como la minería y la pesca en el Perú —como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en minería y la Ley de Pesca Artesanal que restringe la actividad dentro de las cinco millas marítimas— han tenido un efecto contraproducente: han favorecido la industrialización de la informalidad a niveles sin precedentes en el país.
En el sector minero peruano, se estima que alrededor del 40% de la producción de oro proviene de fuentes artesanales, informales e incluso ilegales (algunas estimaciones del propio sector informal elevan esta cifra al 55%). En el 2024, el Perú se mantuvo como uno de los principales exportadores de oro del mundo, alcanzando envíos por US$ 12,600 millones, de los cuales al menos US$ 5,000 millones habrían sido generados por la minería informal.

En el caso de la pesca, el Perú es el principal productor mundial de harina de pescado. Sin embargo, aproximadamente el 25% de esta producción proviene de la pesca artesanal, informal o ilegal, dependiendo de cómo se clasifique. El año pasado, las exportaciones de harina de pescado ascendieron a US$ 3,200 millones, con un estimado de US$ 700 millones generados por actores informales.
Esta expansión descontrolada de la actividad informal no solo afecta negativamente en la recaudación fiscal y la estructura productiva del país, sino que también genera una grave degradación ambiental. En el caso de la minería ilegal, se destruyen de forma indefinida extensas áreas; en la pesca, la explotación sin regulación compromete seriamente la biomasa de anchoveta, base del sistema de cuotas y pilar de la sostenibilidad pesquera nacional.
Cabe destacar que estos actores informales no respetan principios esenciales de sostenibilidad ni cuentan con incentivos reales para formalizarse, debido a la complejidad burocrática del Estado peruano y a su limitada capacidad de fiscalización. Pretender que se incorporen al sistema formal, en estas condiciones, es una utopía.
En este contexto, la solución no pasa por seguir otorgando salvoconductos a través de normativas como el REINFO o la ley de pesca artesanal de las cinco millas, sino por su eliminación.
En el pasado, los mineros artesanales operaban en equilibrio con las grandes empresas mineras: los primeros se enfocaban en actividades de exploración o en zonas de baja ley, mientras que las empresas formales se ocupaban del procesamiento y desarrollo de proyectos a gran escala. Este modelo permitía una cadena productiva ordenada, con mejor control tributario y ambiental.
En pesca sucede algo similar. La pesca artesanal cumplía el rol de abastecer el mercado local con especies de consumo humano, operando con márgenes bajos. Sin embargo, la protección legal de las cinco millas ha incentivado la incursión de empresas informales de mayor escala, con embarcaciones más grandes, en una zona originalmente reservada para pescadores de subsistencia. En contraste, las empresas industriales - sometidas a cuotas, vedas y fiscalización - cumplen con sus obligaciones tributarias, al igual que ocurre en la minería formal.
Entonces, el REINFO y la ley de las cinco millas, lejos de proteger al pequeño productor, han escalado la informalidad hasta volverla estructural, incentivando actividades altamente contaminantes y distorsionando los mercados formales. Para avanzar hacia una economía que crezca de una manera ordenada, es urgente replantear y eliminar estos regímenes especiales, restableciendo reglas claras que permitan control, competencia, recaudación fiscal y sostenibilidad

CEO y Fundador Allié Family Office. Past President CFA Society Peru. Licenciado en Ciencias Económicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un grado de MBA en Administración de Empresas por la Universidad de Texas en Austin.