
Nadie esperaba que el presidente Donald Trump salvara a un país de la crisis financiera. Sin embargo, el 14 de octubre se reunirá con Javier Milei, presidente de Argentina y aliado ideológico, para discutir los detalles de un paquete de rescate.
Estados Unidos y Argentina han acordado una línea de “swap” por valor de US$ 20,000 millones, una cantidad que representa la mitad de las reservas extranjeras del país sudamericano, con el fin de disipar los temores de los inversionistas sobre la durabilidad de las reformas monetarias de Milei, que han provocado la caída del peso.
Los funcionarios del Tesoro también están considerando recurrir al Fondo de Estabilización Cambiaria, una reserva de dólares que se utilizó por última vez para ayudar a un país extranjero en 2002.
Ocho meses después de iniciar su segundo mandato, Trump ha reformado la diplomacia financiera de Estados Unidos. Durante décadas, los responsables políticos habían tratado de aliviar la pobreza y ganarse amigos con ello.
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El dinero se repartía a través de agencias de ayuda, así como del FMI y el Banco Mundial, en los que EE.UU. es el mayor accionista. Ahora, Trump ha retirado la mitad del dinero que su país enviaba al extranjero, ha sembrado el pánico entre las instituciones multilaterales y está ampliando el rescate estadounidense más generoso en 30 años.
Cuando Trump comenzó a tomar medidas drásticas, los funcionarios temieron que EE.UU. renunciara por completo a financiar a los países en desarrollo. En cambio, está surgiendo un nuevo enfoque. Representa una revolución. La diplomacia financiera estadounidense ahora es descaradamente egoísta. Se ofrece dinero a los aliados ideológicos, a los líderes que controlan algo que Trump desea y a los países que espera alejar de China.
A largo plazo, se podría gastar incluso más en estos objetivos que lo que antes se destinaba a la lucha contra la pobreza. El problema es que existen tensiones. Los funcionarios del FMI y del Banco Mundial se tranquilizaron cuando, en abril, Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., dijo que no retiraría el apoyo siempre y cuando ambos se reformaran. Pero ahora les preocupa lo que sucederá cuando la Casa Blanca se dé cuenta de que sus peticiones son poco prácticas.
Bessent quiere que el FMI recorte el préstamo total, lo que llevaría décadas, y que ayude a EE.UU. a reducir el superávit comercial de China. Mientras tanto, el gobierno de Trump ha reorganizado tres instituciones para llevar a cabo su nueva agenda.
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En julio, Usaid, la principal agencia de ayuda estadounidense, entregó sus últimos fondos al Departamento de Estado, donde se ha pedido a un pequeño equipo liderado por escépticos de la ayuda exterior que encuentre nuevos usos para el dinero.
La Millennium Challenge Corporation, una entidad de crédito para infraestructuras congelada en abril, ha reabierto, aunque con una cuarta parte de su tamaño anterior, y la han puesto bajo la dirección de Chris Landau, subsecretario de Estado. El Departamento de Estado controlará la mayor parte del presupuesto de asuntos internacionales del gobierno de Trump, que ascenderá a US$ 31,000 millones en 2026, la mitad del presupuesto del año pasado.

La tercera institución es la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC, por su sigla en inglés), que concede préstamos a empresas extranjeras. Trump la creó en su primer mandato; su cartera de préstamos tiene un límite de US$ 60,000 millones, recaudados en su mayoría de inversionistas privados.
La Casa Blanca quiere elevar esa cifra a US$ 250,000 millones, lo cual requerirá la aprobación del Congreso. Los responsables de las tres instituciones afirman que eliminarán la mayoría de las ayudas, y en su lugar concederán préstamos a tipos de interés cercanos a los comerciales o realizarán inversiones en capital. Todo lo que no genere beneficios deberá ajustarse a un conjunto reducido de prioridades para evitar que se considere un despilfarro de fondos públicos.
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¿En qué se puede gastar el dinero? Uno de los usos es apoyar a líderes afines. Estados Unidos rara vez concede rescates bilaterales, pues los deja en manos del FMI. Ahora, Bessent no solo está rescatando a Argentina, sino que ha declarado su apoyo incondicional a Milei. A pesar de las tendencias aislacionistas de Trump, el rescate demuestra que está dispuesto a ser generoso con sus aliados.
Estados Unidos puede tener dificultades para recuperar los fondos obtenidos del mecanismo, ya que Argentina está agotando sus reservas de divisas para proteger el peso. Incluso después del rescate, es probable que siga sin tener dólares suficientes para cubrir las importaciones y los reembolsos de préstamos del próximo año.
Trump también está dispuesto a pagar para perjudicar a sus rivales. China es el mayor acreedor bilateral del mundo. Según investigadores del College of William and Mary, desde 2016 ha gastado US$ 185,000 millones solo en rescates, cantidad que solo supera el FMI.
Esto se ha convertido en un problema durante las negociaciones arancelarias. Los funcionarios estadounidenses esperaban persuadir a más socios comerciales para que impusieran aranceles a China, pero es difícil hacerlo cuando los países están endeudados con los acreedores chinos. Un servicio bilateral de rescate estadounidense podría resolver parte del problema.
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Estados Unidos le ha pedido desde abril a Milei que cierre una línea de “swap” de US$ 18,000 millones con China; ahora tiene influencia. En consecuencia, también le ha pedido que deje de vender soya a China. Un funcionario del Tesoro afirma que el de Argentina podría ser el primero de varios rescates de EE.UU. en condiciones similares, aunque no está claro quién más podría recibirlos.
Los funcionarios también podrían enfrentarse a China con el America First Opportunity Fund, un nuevo fondo de US$ 3,000 millones controlado por Marco Rubio, el secretario de Estado. Funcionarios del Departamento de Estado afirman que están considerando financiar acuerdos de telecomunicaciones en el sudeste asiático, donde muchas redes se gestionan en colaboración con proveedores chinos. Otros fondos podrían destinarse a la pesca de atún en el Pacífico Sur y, en forma de préstamos, a los gobiernos latinoamericanos que niegan a las empresas chinas el acceso a minerales críticos.

La última prioridad diplomática es la política industrial nacional. Puede parecer extraño, pero la idea de que la ayuda exterior debe resolver los problemas estadounidenses ahora es sacrosanta. Las prioridades del Departamento de Estado se parecen cada vez más a una lista de compras: recursos escasos, electrónica sofisticada y componentes de defensa.
El gobierno de Trump ha ofrecido al gobierno de Zambia incentivos para acelerar la explotación de minas y ha vinculado la ayuda militar a la explotación minera en Ucrania; además, se espera que firme un acuerdo similar con la República Democrática del Congo el próximo mes. La DFC se ha comprometido a ayudar a una empresa estadounidense que lleva a cabo perforaciones en busca de cobre en Congo mediante la construcción de una vía férrea. Además, Trump ha pedido a la institución que haga todo lo posible, desde encontrar yacimientos en Groenlandia hasta aumentar la producción de motores sin escobillas, un componente de los drones.
Esta agenda es audaz. También es costosa, y la Casa Blanca había prometido reducir la ayuda exterior. Solo el hecho de poner en marcha un programa de préstamos para competir con China sería ruinoso. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, un grupo de expertos, en 2024 las carteras de préstamos extranjeros de solo dos bancos estatales chinos tenían un valor de US$ 506,000 millones. Incluso con el apoyo de los legisladores, el máximo que Trump podrá ofrecer son US$ 300,000 millones. Es posible que los funcionarios chinos incluso acojan con satisfacción la competencia: están cansados de rescatar economías en dificultades.
Hasta ahora, Trump ha tomado decisiones sobre la marcha, sin tener en cuenta el costo. Los funcionarios que trabajan para Trump esperan que sus ambiciones se moderen cuando se dé cuenta de la magnitud de la financiación necesaria, en cuyo caso los rescates y las ayudas contra China podrían descartarse en favor de proyectos mineros. Si no es así, y se aprueban los planes de ampliar la DFC, la Casa Blanca se convertiría en un donante mayor que bajo el mandato de Joe Biden, algo que no agradaría a los seguidores del movimiento MAGA.