
Durante meses, las tropas de la Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos han estado realizando “patrullajes de presencia”. Esta es una forma elegante de decir que han estado patrullando con el objetivo de disuadir la delincuencia. Su mensaje a los residentes de la ciudad ha sido que las calles son seguras. Un tiroteo el 26 de noviembre, a pocas cuadras de la Casa Blanca, disipó esa idea, así como la noción de que los turistas y los oficinistas de Washington son los que necesitan protección.
Dos miembros de la Guardia fueron el blanco. Los soldados resultaron gravemente heridos y fueron hospitalizados; días después, una de los dos militares falleció. Otro miembro de la guardia le disparó al presunto agresor, quien no murió. Donald Trump lo calificó de “acto terrorista” y prometió que el “animal” responsable pagaría “el precio más alto posible”.
Las autoridades identificaron al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años. Se dice que llegó en 2021 a bordo de un vuelo de evacuación tras la toma de Kabul a manos de los talibanes. Él, junto con más de 70,000 afganos, recibió un permiso temporal de residencia a través de un programa que autorizó Joe Biden.

El gobierno de Biden ofreció planes similares a cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y ucranianos. Trump puso fin a la mayoría de ellos hace meses. Tras el tiroteo, el presidente calificó la llegada de “extranjeros no verificados” como “la mayor amenaza para la seguridad nacional” a la que se enfrenta Estados Unidos.
Trump afirmó que “revisará a todos y cada uno de los extranjeros que han entrado en nuestro país procedentes de Afganistán bajo el mandato de Biden” y “garantizará la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí”.
El tiroteo tendrá consecuencias para el uso que Trump hace de la Guardia Nacional en Washington D. C. y quizás en otros lugares. Una jueza federal dictaminó hace poco que su despliegue en la capital era ilegal, aunque suspendió su decisión hasta el 11 de diciembre para permitir la presentación de apelaciones.
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El gobierno de Trump ya ha citado el ataque en sus documentos legales. Mientras tanto, la Suprema Corte está analizando un caso aparte sobre el despliegue de la Guardia en Chicago. Esto también podría afectar su decisión. Además, el tiroteo dará aún más impulso a la política de Trump de endurecimiento de medidas migratorias.
En cuestión de horas, la agencia encargada de tramitar los visados había suspendido todas las solicitudes de los afganos. Trump ya ha citado anteriormente los delitos que cometen residentes nacidos en el extranjero como base para las restricciones.

En junio, en Boulder, Colorado, un egipcio cuyo visado había caducado lanzó un cóctel molotov contra una manifestación a favor de Israel. Días después, Trump impuso restricciones a los viajeros procedentes de 19 países. No se menciona el hecho de que los inmigrantes son menos propensos a cometer delitos que los estadounidenses nativos.
La violencia extremista por su parte es muy poco frecuente, lo que demuestra la habilidad de Estados Unidos para investigar y asimilar a los recién llegados. Sin embargo, a Trump no le gusta la inmigración, y hablar de ella como una amenaza para la seguridad le da más excusas para restringirla.
Los tribunales tienden a deferir al presidente en cuestiones de seguridad nacional. En cuanto a la política del tiroteo en sí, algunos de los críticos de Trump dijeron que era el precio inevitable del uso teatral de la Guardia. El movimiento MAGA lo calificó como una prueba del problema de la delincuencia en la capital, y el presidente llamó a 500 guardias más a Washington D. C.









