A primera vista, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha tenido un buen año. Obtuvo una victoria aplastante en junio de 2024, tomó posesión como mandataria en octubre y desde entonces sus índices de aprobación han estado por las nubes. Ha recibido elogios por su hábil gestión de la beligerancia comercial de Donald Trump. Sus políticas de seguridad, que hacen hincapié en una mejor labor de inteligencia e investigación, suponen una mejora respecto a las de su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador.
Por desgracia, Sheinbaum está a punto de poner en práctica la peor (y más peligrosa) idea de López Obrador: una amplia reforma populista del sistema judicial mexicano que socavará el Estado de derecho, emponzoñando las perspectivas económicas de México y debilitando a su joven democracia.
El 1 de junio los mexicanos votarán en la primera de dos rondas de elecciones para sustituir por completo al poder judicial. Todos los jueces del país serán elegidos por votación popular, desde los humildes jueces locales hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los magistrados del poderoso Tribunal Electoral. Quedó suprimido el antiguo sistema de evaluaciones, nombramientos y designaciones.
Solo un puñado de democracias (entre ellas, Estados Unidos) eligen a algunos jueces. México será el único país que los elija a todos. Es una idea terrible. Se supone que los jueces deben defender la ley con imparcialidad. Si tienen que satisfacer a los votantes, es más probable que solo defiendan las leyes populares.
En teoría, los jueces deben ser expertos en derecho. El nuevo proceso de selección de México solo exige una licenciatura en Derecho con calificaciones adecuadas y la voluntad de someterse al nuevo sistema. Muchos jueces actuales no se presentaron como candidatos, con lo que les han cedido el banquillo a novatos y partidistas. Son décadas de conocimiento institucional y claridad jurídica tiradas a la basura.
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El voto politizará los tribunales y pondrá en tela de juicio la neutralidad de sus sentencias. No solo eso, sino que los tribunales serán un freno menos eficaz para los políticos. Esto es especialmente peligroso en México, donde Morena, el partido gobernante fundado por López Obrador en 2011, se ha convertido en la fuerza política suprema.
Morena, que llegó al poder por primera vez en 2018, ahora tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso con sus aliados. Encima, controla la mayoría de las legislaturas estatales. Por si fuera poco, ha emprendido un desmantelamiento sistemático de los controles y equilibrios existentes, debilitando o eliminando a la mayoría de los reguladores independientes de México.
Morena se parece cada vez más al Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México prácticamente sin oposición durante siete décadas hasta el año 2000. Los tribunales, que en los últimos años han revocado varias políticas emblemáticas de Morena, eran el mayor freno que quedaba para el poder de ese partido. Ya no será así.
La entrega del mazo
Para empeorar las cosas, Morena tiene influencia sobre el proceso de elección de los jueces. Controla dos de las tres comisiones encargadas de examinar a los candidatos a magistrados. Se espera que la participación sea baja, lo que significa que los votantes que acudan quizá sean los movilizados por el partido.
Esto prácticamente garantiza la elección de los favoritos de Morena. Un nuevo tribunal disciplinario, que también se elegirá a partir de las mismas listas de simpatizantes de Morena, ayudará al partido a mantener a raya a los nuevos jueces.
El nuevo sistema no solo acelerará el retroceso de México hacia un gobierno monopartidista de facto. También es un regalo para los mafiosos, que de por sí ya amenazan y matan a los jueces que se niegan a cooperar.
Sheinbaum y AMLO
Las elecciones judiciales les permitirán a los narcotraficantes influir con más facilidad en los tribunales, pues decidirán quién puede presentarse en las ciudades donde son fuertes y conseguirán el voto. Es probable que presenten a sus propios candidatos, como ya hacen en las elecciones locales.
El Estado de derecho es esencial para la democracia, además de que sustenta la prosperidad. Las empresas privadas no construirán fábricas en México si creen que los tribunales no harán valer sus derechos. La inversión ya está disminuyendo.
Es más, el poder judicial elegido bien podría constituir una violación del tratado de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Esto agrava el peligro para la economía mexicana, que depende en gran medida de las exportaciones y ya enfrenta los ataques de Trump.
Sheinbaum no ha mostrado ninguna intención de cambiar de rumbo: en octubre envió iniciativas de ley para la aplicación de la reforma. Mejorar el proceso para la segunda vuelta de las elecciones judiciales, prevista para 2027, sería un mero retoque. Antes tenía fama de pragmática. Puede que la historia la recuerde como la dirigente que acabó con el Estado de derecho en México.
