Claudia Sheinbaum llegó al poder en octubre con la promesa de hacer frente a los cárteles homicidas afincados en México. Su historial era convincente. Como alcaldesa de la Ciudad de México, puso freno a la violencia utilizando datos y mejorando la vigilancia policial. Ha empezado a aplicar métodos similares a escala nacional.
Los mexicanos, cansados de la delincuencia, acogieron con satisfacción la ofensiva dirigida por los servicios de inteligencia. Sheinbaum ha gozado de altos índices de aprobación. Pero su ataque a las organizaciones delictivas siempre ha tenido un segundo público: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los republicanos que pertenecen al movimiento MAGA, la sigla en inglés de ‘Hagamos a Estados Unidos grandioso de nuevo’, para quienes México es la fuente de los problemas de su país.
Sheinbaum está empeñada en convencer a Trump de que tiene a la delincuencia organizada bajo control. Funcionarios de Washington han sopesado la posibilidad de realizar ataques con aviones no tripulados contra laboratorios de drogas mexicanos, así como operativos transfronterizos a cargo de fuerzas especiales sin consultar a funcionarios mexicanos. Eso perjudicaría mucho a Sheinbaum en su país.
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Trump no se ha contenido, sin llegar a la acción militar. En febrero, alegando la necesidad de frenar los flujos de migrantes y de fentanilo hacia Estados Unidos, su gobierno designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras e impuso aranceles a las exportaciones mexicanas.
Más recientemente, este tema capturó la atención en Estados Unidos. Al parecer, el gobierno de Trump está llegando a acuerdos con miembros del cártel más importante del país, el Cártel de Sinaloa, sin el conocimiento del gobierno mexicano. Los detalles no son públicos.
En febrero, ambos países acordaron que las patrullas fronterizas se reunirían más a menudo y compartirían más información.
El 11 de mayo, la gobernadora de Baja California, un estado fronterizo mexicano, anunció que su visado estadounidense había sido revocado, al igual que el de su esposo (la gobernadora afirma que la decisión es administrativa y que no implica mala conducta). Está circulando una lista de otros funcionarios mexicanos que, al parecer, han pasado por la misma situación. Las autoridades estadounidenses no han dado explicaciones, pero se cree que las revocaciones se deben a las sospechas estadounidenses de que los funcionarios mexicanos están en connivencia con delincuentes.
Este cambio repentino ha sacudido a México. A los funcionarios les preocupa que no sea posible aplastar a los cárteles con la rapidez suficiente para mantener a raya a quienes pertenecen al movimiento MAGA, a pesar de los cambios drásticos que se han producido en los últimos seis meses.
Sheinbaum abandonó la política de seguridad de “abrazos, no balazos” de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. La estrategia del expresidente partía del supuesto de que la pobreza era la causa fundamental de la delincuencia, y que la mejor forma de frenarla era mediante planes sociales dirigidos por el gobierno. En la práctica, López Obrador dejó que prevalecieran los delincuentes.
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En cambio, Sheinbaum ha impulsado la recopilación de información y la coordinación entre las distintas ramas del aparato de seguridad mexicano. También comenzó a anular parte de la militarización de la policía llevada a cabo por López Obrador, que, según los críticos, ha conducido a la brutalidad y a un trabajo de investigación más deficiente. Su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, está contratando investigadores para una nueva agencia policial que, junto con una nueva rama de fuerzas especiales, debería poner bajo su mando a 15,000 agentes.
El gobierno afirma haber realizado 20,000 detenciones por delitos graves desde octubre, derivado de lo cual ha incautado 154 toneladas de drogas ilegales y confiscado más de 10,000 armas de fuego. Esta cifra supera con creces el ritmo de incautaciones y detenciones del gobierno de López Obrador. También aumentó la recuperación de combustible robado, un negocio del mercado negro valorado en cientos de millones de dólares.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reporta sobre muertos y heridos por una presunta agresión de Los Chapitos contra Los Mayos, facciones rivales del Cartel de Sinaloa, en un centro de rehabilitación de adicciones en Culiacán, en el noroeste del país. EFE/Mario Guzmán
La coordinación cotidiana con Estados Unidos ha mejorado. En febrero, ambos países acordaron que las patrullas fronterizas se reunirían más a menudo y compartirían más información. El número de migrantes detenidos que cruza ilegalmente la frontera disminuyó de manera importante desde la elección de Trump, al igual que la cantidad de fentanilo decomisado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Tijuana, que se encuentra al otro lado de la frontera sur de California, es un buen lugar para ver en acción el nuevo modelo de Sheinbaum. El general Gilberto Landeros, ministro de Seguridad del estado mexicano de Baja California, afirma que los equipos de seguridad locales, estatales y federales se reúnen a diario para coordinar las operaciones. Ayuda que cuentan con mejor inteligencia, afirma.
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Cuando se hizo evidente que se producían más homicidios durante las pausas para comer de los agentes, se ajustaron los horarios para proporcionar una cobertura constante. Se está investigando a los policías municipales: hasta ahora se ha examinado a un tercio de los agentes, y entre el 35% y el 40% no cumplen las normas. Se les pedirá que abandonen el cuerpo.
En la provincia de Sinaloa, el Ejército mexicano ha contenido en gran medida una guerra en curso entre dos facciones del cártel de Sinaloa. La frontera es menos porosa, dice alguien implicado en el comercio de fentanilo allí. Ha sido un reto llegar a “acuerdos” con los funcionarios, afirma.
Un camión en llamas en las calles de Culiacán, estado de Sinaloa, México, el 11 de septiembre de 2024, en plena guerra entre Los Chapitos y la facción de Ismael El Mayo Zambada. (Foto de Iván MEDINA / AFP).
Es demasiado pronto para ver el impacto de las políticas de Sheinbaum en las estadísticas sobre delincuencia. La tasa oficial de homicidios ha descendido desde 2018, cuando alcanzó un máximo de 30 por cada 100,000 habitantes; el año pasado fue de 19 por cada 100,000. Es probable que parte de este descenso sea ilusorio; se ha producido un fuerte aumento de las desapariciones, en su mayoría asesinatos sin cuerpo. Y en casi todos los demás aspectos, desde la extorsión al robo, la delincuencia ha aumentado.
El 20 de mayo, dos funcionarios del gobierno fueron asesinados a tiros en la Ciudad de México, un crimen muy poco habitual en la capital. Aunque la cantidad de fentanilo incautada en la frontera ha disminuido, los decomisos de drogas en general se duplicaron entre febrero y abril, lo que sugiere que los cárteles pueden estar recurriendo a otros productos para compensar la represión del tráfico de fentanilo.
Seguridad, rápida y lenta
Abordar estos problemas implica mucho más que luchar contra la delincuencia: al parecer, implica la reconfiguración de la sociedad mexicana. Los cárteles ya no se limitan a traficar con drogas ni a introducir inmigrantes en Estados Unidos. También controlan o sacan tajada de negocios legítimos, como el cultivo de aguacates, la pesca o los puestos de venta de tortillas.
Esta fusión del crimen con la economía legal va de la mano de una profunda corrupción. La afirmación de Trump de una “alianza intolerable” entre los funcionarios federales de México y sus cárteles es una exageración. Pero Crisis Group, un grupo de expertos con sede en Bruselas, ha documentado la colusión entre funcionarios del gobierno local y delincuentes. Hasta ahora, Sheinbaum parece no querer o no poder ir tras los funcionarios corruptos.
A medida que avanza el lento trabajo de extirpar el crimen organizado de la sociedad, el gobierno de Washington intensifica la presión. Los llamados de los partidarios más recalcitrantes del bando MAGA a la intervención militar, que antes se hacían en privado, se han hecho más fuertes.
El Pentágono ha triplicado el número de elementos en servicio activo en la frontera y ha desplegado aviones no tripulados, aviones espía y vehículos blindados. “Si tomas en serio lo que dice [Trump], como hacemos nosotros, se trata de una amenaza real”, afirmó un funcionario mexicano.
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Puede que Trump esté perdiendo la paciencia. En abril, Sheinbaum rechazó su oferta de enviar soldados a México. En respuesta dijo: “Tiene tanto miedo de los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”. La acción militar de Estados Unidos sería costosa y no necesariamente eficaz.
Si algunos de los cárteles más importantes fueran abatidos por los ataques estadounidenses, los que quedaran indemnes probablemente se expandirían, desencadenando guerras territoriales más brutales. “Cualquiera que conozca los detalles sabe lo inviable que es [la intervención]”, reconoció otro funcionario mexicano.
El plan de Sheinbaum podría sin duda mejorarse, por ejemplo, centrándose más en el desmantelamiento de las redes financieras que están detrás de los capos, afirma Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, un grupo de expertos mexicano. La escasez de dinero es otro problema.
El gasto de México en seguridad ya era el más bajo en relación con el PBI de cualquier país de la OCDE, un grupo de países en su mayoría ricos, cuando Sheinbaum lo redujo a un 36 por ciento. Una economía sacudida por los ataques comerciales de Trump y un sistema político que favorece las dádivas y los proyectos nacionalistas harán difícil encontrar más dinero. Su plan puede mantener a raya los drones de Trump. Eliminar a los miembros de los cárteles de México será más difícil.
