Si la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) avanza con los nuevos requisitos de elegibilidad para los programas de incapacidad en 2026, hasta 750,000 personas podrían perder sus beneficios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Conoce qué cambios se analizan, a quiénes impactarían y por qué generan tanta preocupación entre expertos y organizaciones como AARP y el Urban Institute.
Un estudio reciente del Urban Institute, con sede en Washington D.C., revela que el Seguro Social está considerando reducir el peso de la edad en la evaluación de las solicitudes de discapacidad. En la actualidad, esta variable es crucial para determinar si un trabajador con limitaciones médicas puede adaptarse a otro empleo. La medida, de concretarse, afectaría especialmente a adultos mayores que ya enfrentan barreras laborales crecientes debido a su edad o a condiciones de salud.
EL CAMBIO NORMATIVO PROPUESTO POR LA SSA
El documento presentado por la Administración del Seguro Social (SSA) ante la Oficina Federal de Información y Asuntos Regulatorios plantea modificaciones en el proceso de adjudicación de discapacidades. La SSA sostiene que busca “garantizar que nuestro programa de discapacidad se mantenga actualizado y pueda administrarse de manera más eficiente”. Añade que esto incluye proponer actualizaciones de las políticas sobre las fuentes de datos ocupacionales y optimizar su uso para atender a nuestros clientes y preservar los fondos fiduciarios.
Sin embargo, el informe del Urban Institute advierte que si la SSA da menos peso a la edad, las personas mayores tendrían menos probabilidades de calificar. “La magnitud del impacto que tendría en tantos trabajadores mayores es sumamente alarmante”, comentó Rebecca Vallas, directora ejecutiva de la Academia Nacional de Seguros Sociales.
Jack Smalligan, autor principal del estudio, estimó que la elegibilidad general podría disminuir hasta un 20%, y en el caso de los mayores de 50 años, hasta un 30%. Según las estimaciones del Urban Institute, una reducción del 10% equivaldría a 750,000 personas menos recibiendo el SSDI o el SSI durante la próxima década.
Más de 750,000 dejarían de recibir los beneficios de la SSA (Foto: Diseñado por Freepik)
LA TASA DE DENEGACIÓN DE LA SSI y SSDI ESTÁ AUMENTANDO
Las organizaciones que defienden a los beneficiarios del Seguro Social advierten un cambio notable en las tendencias de aprobación y rechazo de solicitudes por discapacidad. Los datos del Urban Institute y de la propia Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) evidencian un escenario cada vez más restrictivo:
- Un análisis del Urban Institute reporta que se presentaron 163,000 solicitudes menos de discapacidad en los primeros diez meses del año fiscal 2025, una disminución del 7% respecto al mismo período anterior.
- La SSA procesó un 8% más de solicitudes iniciales de prestaciones por discapacidad, lo que permitió reducir parte del retraso récord de 1.2 millones de casos acumulado en 2024.
- Sin embargo, el porcentaje de solicitudes aprobadas cayó del 38.7% al 36% en promedio, una baja que el Urban Institute describe como “más pronunciada de lo habitual”.
- El informe insta a la SSA a examinar cuidadosamente las causas detrás de este aumento en las denegaciones, sugiriendo que la reciente reducción de personal dentro de la agencia habría dejado sin capacidad de análisis interno a los equipos especializados.
La Administración del Seguro Social (SSA) reduce la tasa de solicitudes para personas con discapacidad (Foto: AFP)
¿CUÁNDO SE APLICARÁN LOS CAMBIOS EN LA SSA PARA BENEFICIARIOS DE LA SSI Y SSDI?
Kathleen Romig, directora de políticas de Seguridad Social y Discapacidad del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, señaló que aún no hay fecha confirmada para la publicación de la nueva norma. “Los defensores esperaban su presentación antes de fin de año, pero el cierre del gobierno podría alterar este cronograma”, advirtió.
Una vez que la propuesta se publique oficialmente, se abrirá un período de consulta pública durante el cual tanto organizaciones como ciudadanos podrán enviar comentarios. “Es un proceso largo, sobre todo cuando se trata de una norma con alto impacto y gran volumen de participación”, añadió Romig.
