Una propuesta republicana para gravar las remesas supondría un duro golpe económico para algunos de los vecinos más pobres de Estados Unidos, incluido un aliado cercano del presidente Donald Trump.
El proyecto de ley, presentado la semana pasada en la Cámara de Representantes, aplicaría un impuesto del 5% a las remesas enviadas por no ciudadanos y extranjeros. Esta tasa se sumaría al cargo actual de entre 5% y 10% que ya cobran los servicios de transferencia como Western Union Co. y MoneyGram International Inc., utilizados por migrantes para enviar dinero a sus familias.
El impuesto afectaría directamente a pagos que representan cerca de una quinta parte del PBI de El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, ha reforzado su relación con la administración Trump al aceptar encarcelar deportados. Honduras, país que alberga una base militar estadounidense por la cual se realizan deportaciones a Venezuela, y Guatemala, también sufriría consecuencias.
“No es una buena noticia para quienes reciben remesas”, advirtió Carlos Acevedo, exdirector del Banco Central de El Salvador. “Algún efecto negativo tendría” en el crecimiento económico.
El año pasado, migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras enviaron cifras récord en remesas, apoyando el crecimiento económico en Centroamérica. Los flujos se han acelerado desde la llegada de Trump al poder, ya que muchos intentan enviar dinero anticipándose a una posible deportación.
Centroamérica depende más de las remesas desde EE.UU.
Las remesas se destinan, sobre todo, al consumo de hogares pobres con pocas fuentes alternativas de ingreso. México y Centroamérica son las regiones del mundo más dependientes de las transferencias desde Estados Unidos.
“El efecto no es solo macroeconómico, sino también microeconómico, ya que afecta a las familias”, escribó el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, en respuesta a una solicitud de comentario. “La importancia de las remesas para la economía guatemalteca ha venido siendo cada vez mayor, no sólo por el peso que tienen en el PBI, sino también porque el flujo en millones de dólares es significativo y tiende a fomentar, particularmente, el consumo de las familias”.
Añadió que los migrantes probablemente absorberán el nuevo impuesto, por lo que las entradas podrían mantenerse estables, aunque advirtió que algunos estados —especialmente aquellos con ciudades santuario— probablemente se opondrán.
No obstante, Manuel Orozco, experto en remesas del Inter-American Dialogue, estimó que el nuevo impuesto podría provocar una caída del 10% en el volumen total de remesas y en la cantidad de transacciones. “Es una estimación conservadora, el mejor de los casos”, dijo. “Mucha gente podría pasarse a criptomonedas o pedir a familiares ciudadanos estadounidenses que envíen el dinero”.
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El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente anunció una defensa legal y política para frenar el plan, mientras que el embajador a EE.UU., Esteban Moctezuma Barragán, envió una carta a la Cámara de Representantes el 13 de mayo instando a rechazar el proyecto. La propuesta supondría una doble imposición a los trabajadores migrantes que ya pagan impuestos sobre la renta en EE.UU. Recordó que los migrantes mexicanos pagaron US$ 121,000 millones en impuestos en 2021.
“Imponer un impuesto a estas transferencias afectaría de manera desproporcionada a los más desfavorecidos”, escribió Barragán. “Son trabajadores que emigraron por necesidad y ahora contribuyen de forma sustancial a la economía de Estados Unidos”.
Los gobiernos de El Salvador y Honduras no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
También la Asociación de Transacciones Electrónicas —que agrupa a empresas de pagos digitales— se opuso a la propuesta. En una carta enviada el 8 de mayo, advirtió que el impuesto perjudicaría a poblaciones no bancarizadas y podría empujar a los usuarios a canales informales y no regulados.
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“Estos servicios no son un lujo”, escribió la asociación. “Son herramientas esenciales para pagar facturas, mantener a familiares en el extranjero y manejar las finanzas diarias. Un impuesto penaliza a quienes menos pueden permitírselo”.
No es la primera vez que Trump impulsa una medida de este tipo. Durante su primer mandato, propuso un impuesto similar, pero no prosperó por obstáculos legales y técnicos para distinguir entre transferencias comerciales y personales, explicaron los analistas de Barclays Gabriel Casillas y Néstor Rodríguez en una nota del 14 de mayo.
Oklahoma es el único estado que aplica un impuesto comparable: US$ 5 para transferencias menores a US$ 500 y 1% para montos mayores. La norma, aprobada en 2009, generó US$ 5.7 millones en su primer año y US$ 13.2 millones en el último ejercicio fiscal.
Según los analistas de Barclays, si se aprueba, el nuevo impuesto podría causar una depreciación en monedas como el quetzal, el lempira o el peso mexicano. No obstante, advierten que “este impuesto sería un golpe puntual más que un cambio estructural”, dado que las remesas han demostrado resiliencia incluso durante la pandemia.
Congresistas hispanos exigen rechazar impuesto
El Caucus Hispano del Congreso (CHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos exigió este martes rechazar el impuesto del 5 % al envío de remesas al exterior que se discute ahora, al calcular que afectaría a cerca de 40 millones de personas que mandan 93.000 millones de dólares al año.
Más de 25 congresistas demócratas enviaron una carta al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, para demandarle que remueva el gravamen del plan presupuestario y fiscal que impulsa el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y que la Cámara Baja debate esta semana.
El presidente del CHC, Adriano Espaillat, denunció en un pronunciamiento que “la propuesta no es más que un ataque directo a las familias inmigrantes”.
“Fiscalizar las remesas – ayudas que apoyan alimentación, albergue y educación de sus beneficiarios – es discriminatorio, económicamente peligroso y moralmente indefendible. Va en contra de los valores americanos y sienta un precedente peligroso“, manifestó Espaillat, quien representa a Nueva York y es de origen dominicano.
La iniciativa aplicaría un gravamen del 5% a las remesas transferidas desde EE.UU. al exterior, lo que impactaría a países como México, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Haití, pues tan solo en estos últimos tres países estos envíos representan el 30% de los ingresos nacionales, según el CHC.
Los demócratas consideraron la medida “discriminatoria” porque los estadounidenses estarán exentos del impuesto, que afectaría a más de 40 millones de personas, incluyendo a residentes con ‘green card’ y otros portadores de visados de no inmigrantes.
El CHC apuntó que “el rechazo ya se ha hecho sentir”, al señalar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ya denunció que el impuesto incumple un tratado vigente desde 1994 para evitar la doble tributación entre Estados Unidos y México, que recibió un récord de casi US$ 65,000 millones en remesas en 2024.
Por ello, los congresistas señalaron que el impuesto “dañaría de gravedad” las relaciones diplomáticas y económicas de Estados Unidos, “en especial con aquellas naciones que dependen fuertemente de las remesas para sostener sus economías”.
Con información de Bloomberg y EFE
