Las maestras de kinder no volvieron a los salones de clase. El médico no regresó más al hospital. De la noche a la mañana, los recursos que el pastor Francisco González Palacios ofrecía en su albergue para migrantes desaparecieron.
La decisión del presidente Donald Trump, de congelar durante 90 días la ayuda humanitaria estadounidense —la misma que cerró los esfuerzos internacionales de vacunación y los programas de prevención de la malaria— cruzó la frontera con México.
A medida que las políticas migratorias y el repliegue exterior de Trump se extienden por el mundo, ciudades como Ciudad Juárez se ven afectadas por ellas. El mes pasado, Trump suspendió un programa de asilo y dejó varados a miles de migrantes que habían estado esperando para entregarse a las autoridades estadounidenses.
Eso ha transformado a las ciudades fronterizas de lugares de paso, donde las oportunidades laborales son escasas para los indocumentados y los servicios solo están pensados para ser temporales, a destinos finales para los migrantes. Los refugios no tienen otra alternativa que la comunidad local.
La prioridad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es evitar los aranceles que provocarían una recesión mostrando a Trump que el país es capaz de detener el paso de personas y drogas en la frontera. Su gobierno está destinando recursos federales a construir gigantescas instalaciones para los deportados y ha comenzado a desplegar a la Guardia Nacional en los estados fronterizos.
Para González, los problemas son graves: la ONU ayudó a pagar los dormitorios y los baños. Su fondo para la infancia proporcionó los controles médicos básicos para niños y adolescentes. Incluso la pasta de dientes, el desodorante y un lote de repelente de insectos OFF! vinieron de la ONU.
Estas agencias reciben gran parte de su financiación de Estados Unidos, que bajo la dirección de Trump ha tomado medidas para despojar a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) —el mayor proveedor de asistencia exterior— de la mayoría de sus proyectos y poner a la mayoría de sus empleados en licencia. La Asociación del Servicio Exterior y la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales presentaron una demanda en un tribunal federal impugnando las decisiones.
Otras organizaciones que reciben fondos del gobierno estadounidense también se están viendo afectadas. Kids in Need of Defense cerró sus programas en la frontera norte de México en enero. Asylum Access publicó un aviso en el que informaba de que sus fondos se habían visto afectados, lo que limitaba su capacidad de contratación en México.
En respuesta a una solicitud de Bloomberg News, un portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR, dijo que trabaja con 140 refugios en el país que ayudan a las personas a obtener acceso a opciones de protección humanitaria dentro de México, y que “continúa evaluando el impacto de la pausa en la financiación”.
Un portavoz de UNICEF en México dijo que Estados Unidos “ha sido a lo largo de nuestra historia un donante importante” y que la organización esperaba que la financiación se reanudara lo antes posible.
La Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, conocida como OIM, declinó hacer comentarios.
La mayoría de los activistas no son optimistas, ya que las personas cercanas a la administración Trump, incluido el multimillonario Elon Musk, se han burlado de los esfuerzos de los programas de ayuda. Y las prioridades del gobierno mexicano están centradas en otros lugares.
“Somos gente de fe. Estamos haciendo la labor muy independiente de si nos ayudan”, dijo González, quien convirtió su propio dormitorio en una cocina más grande para los residentes del refugio. “Seguiremos haciendo nuestro trabajo, porque al final es de corazón. Pero si compráramos todo esto, y además pagáramos por la comida, ya no se va a poder”.
Por ahora, las autoridades del estado de Chihuahua —que incluye a Ciudad Juárez— dicen que las cifras de deportaciones han disminuido ligeramente en lugar de experimentar el tipo de aumento explosivo que la retórica de Trump les había hecho esperar. Para enero, unos 2,200 mexicanos habían sido deportados al estado. El gobierno ha dicho que proporcionará a cada deportado mexicano 2,000 pesos, o poco menos de US$ 100, para ayudarlos con los trámites y el transporte de regreso a casa.
El gobierno de Sheinbaum también alista un nuevo centro para ellos en Ciudad Juárez, uno de los diez que tiene previsto operar a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México con el fin de dignificar la llegada de mexicanos. El albergue, que aún no está en funcionamiento, se encuentra entre un estadio deportivo, una estación de bomberos y una estatua del papa Francisco.
“De cierta forma, México ha estado tratando de trabajar con Estados Unidos para que mejoren las condiciones de los mexicanos, en esta ejecución de las deportaciones masivas”, dijo Emilio López Reyes, investigador asociado a la Universidad Autónoma de Chihuahua.
El plan de Sheinbaum ha dejado en claro el futuro de la población mexicana que regresa al país, pero ha dicho que las personas de otras nacionalidades tendrán que solicitar protección en México para poder quedarse aquí.
En las ciudades del norte, la dotación de personal es limitada en las oficinas de refugiados. Refugees International estimó que 270,000 personas habían estado esperando en México para obtener una cita en la aplicación CBP One, mientras que el gobierno mexicano ha insistido en que la población es una fracción de esa cantidad.
“La mayoría de ellos quieren ser repatriados a los países, en cuyo caso facilitamos el transporte para que puedan llegar, principalmente a Centroamérica”, dijo Sheinbaum en enero.
Si bien México acordó establecer grupos de trabajo con Estados Unidos sobre temas como comercio, migración y seguridad, su medida más inmediata ha sido el despliegue de 10,000 miembros de la Guardia Nacional para complementar a los que ya están en la frontera.
Sheinbaum y Trump acordaron una llamada a principios de febrero para reconsiderar después de un mes si las medidas habían sido suficientes para mantener la suspensión de los aranceles del 25% sobre los bienes que Trump dijo que impondría a México y Canadá.
En Chihuahua, la guardia duplicó con creces las fuerzas que ya estaban desplegadas en la parte norte del estado, dijo el coronel José Luis Santos Iza. Los guardias, vestidos con uniformes de estilo militar, vigilan vehículos sospechosos en los puestos de control, patrullan en zonas remotas y se ubican a lo largo del muro.
Las instalaciones creadas por el gobierno mexicano están destinadas a atender a los deportados, no a los demás migrantes que aún esperan una oportunidad de cruzar a Estados Unidos.
La Guardia Nacional y la patrulla fronteriza estadounidense han ahuyentado a algunos de ellos y les han impedido cruzar, al igual que el temor de que Estados Unidos pueda ahora optar por deportarlos a sus países de origen. Muchos dicen que aún tienen esperanza de que la situación pueda cambiar, aunque no parece muy prometedora.
Así, muchos inmigrantes están esperando el momento oportuno. Algunos han buscado otros tipos de alojamiento en la ciudad que les permitan establecerse. Hacen filas para recibir comida al pie de la catedral de la ciudad, donde la Sociedad Misionera de San Columbano distribuye huevos y arroz. Otros han encontrado empleo pavimentando carreteras o remodelando habitaciones.
Lesdy Marín llevó a su hija de dos años al Hotel Úrsula, que tiene periódicos pegados en las ventanas de la planta baja y anuncia una cama por 180 pesos la noche. Broma con su madre —quien paga el precio de la habitación— diciendo que solo gracias a los funcionarios mexicanos había podido subirse a un avión, luego de que la enviaran a la fuerza de vuelta al sur del país dos veces, cuando intentaba llegar a Ciudad Juárez.
Marín dijo que, durante el primer día de Trump en el cargo, tuvo un sueño en el que finalmente había conseguido una cita para entregarse en Estados Unidos para solicitar asilo. Cuando despertó, descubrió que Estados Unidos le había revocado esa opción.
Dar marcha atrás no es una opción. Marín teme una batalla por la custodia con su ex novio abusivo si regresa a Colombia, o con cobradores de deudas si regresa a la ciudad de su madre en Venezuela. Dice que convenció a su hija de que gran parte de su huida era parte de un juego y pasó tiempo llamando a sus primos en Estados Unidos para averiguar qué hacer.
“Me dice mi familia que me quede aquí y que no me mueva de acá, porque según ellos, en algún momento voy a poder pasar”, dijo. “Pero no sé cuándo”.
González, el pastor, dice que en la red de una docena de albergues religiosos que preside en Ciudad Juárez viven unos 400 migrantes. Calcula que si tuvieran que pagar 90 pesos de su bolsillo para alojar a cada migrante, los costos ascenderían a más de un millón de pesos al mes, o cerca de US$ 50,000.
En la Casa del Migrante, uno de los albergues más grandes de la ciudad, mexicanos deportados que pasaron décadas viviendo en Estados Unidos han aparecido en las últimas dos semanas junto a extranjeros que están analizando sus opciones.
En la entrada, hay cruces decoradas con las etiquetas de equipaje del Departamento de Seguridad Nacional Estados Unidos y las pulseras de plástico que llevaban los deportados de años atrás, colgadas junto a docenas de rosarios que trajeron de la detención.
María, una mujer de unos 50 años que pidió que no se usara su apellido, dice haber renunciado a la idea de reunirse con sus hijos adultos en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, no planea regresar a su estado natal de Oaxaca, México, donde su esposo fue asesinado por no pagar los costos de una extorsión.
También había recibido amenazas escritas y verbales. Temiendo por su vida, ni siquiera regresó al funeral de su padre. Su mejor opción ahora, piensa, podría ser irse a vivir con un pariente más lejano en Ciudad de México.
“Quisiera estar con mis hijos”, dijo.
Otros que han desistido de cruzar a Estados Unidos simplemente están esperando que la OIM los lleve de regreso a casa en avión. Es uno de los servicios que aún no se ha eliminado.
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