Nada deja la mente tan convulsa como una conferencia de prensa de Donald Trump. El 7 de enero, en su palacio de invierno de Florida, el presidente electo reflexionó sobre la anexión de Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá, además de arremeter contra molinos de viento en alta mar por supuestamente matar ballenas. Fue una mezcla de libre asociación, provocación jubilosa y serias intenciones de cambiar el mundo.
El mismo 7 de enero, sucedió algo de lo que se habló menos, la Cámara de Representantes aprobó la Ley Riley Laken, que facilita la deportación de inmigrantes no autorizados por delitos menores como robar en tiendas. Es probable que el próximo gobierno encamine sus primeros esfuerzos a la inmigración tras la toma de protesta el 20 de enero. Y también aquí Donald Trump promete ese mismo cóctel alucinante.
La inmigración ilegal es un problema que se presta a políticas alocadas, complacientes y destructivas, al tiempo que presenta oportunidades para una reforma benéfica. El camino que elija Trump no solo dirá algo sobre su presidencia, sino que también podría repercutir en muchos otros países ricos en los que la inmigración plantea problemas políticos.
Durante la presidencia de Joe Biden se desató el caos en la frontera, al menos durante un tiempo. Para su desgracia en las elecciones, muchos demócratas respondieron culpando a los votantes de estar molestos al respecto.
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En las cifras más recientes, la Oficina del Censo registró un aumento neto de 2.8 millones de inmigrantes en 2023. La proporción de residentes nacidos en el extranjero en Estados Unidos ha sido mayor desde 1885, cuando Frederick Trump abandonó Alemania para irse a Nueva York, pero es la más alta en un siglo.
Aunque la mayoría de los estadounidenses dan la bienvenida a los inmigrantes legales y el país sabe asimilarlos bien, les molesta cuando los inmigrantes solicitan asilo y luego se pierden en un mercado laboral informal mientras esperan una audiencia judicial.
Trump regresa a la presidencia con el mandato de endurecer los controles. En la campaña extendió la retórica aberrante que marcó su primer mandato, al hablar de los inmigrantes que “envenenan la sangre” de Estados Unidos.
El contraste con aquel primer mandato, en el que de hecho se deportó a menos gente que bajo el mandato de Barack Obama, es que esta vez parece querer que el foco sobre la inmigración sea real. Su subjefe de Gabinete es Stephen Miller, quien ansía restringir tanto la inmigración legal como la ilegal.
Su zar de la frontera es Tom Homan, uno de los artífices de la política de separación de las familias de su primer mandato. Y ya amenazó con desplegar a la Guardia Nacional para ayudar con las deportaciones, a diferencia de los presidentes anteriores que solo recurrían a los soldados para apoyo logístico.
Trump no podrá cumplir su amenaza de deportar a 15 millones de personas. Expulsar a un número tan enorme sería extraordinariamente caro y conmocionaría el mercado laboral, elevando los precios de los bienes y servicios que los inmigrantes ilegales ayudan a proporcionar.
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Los estudios sugieren que las deportaciones que se llevaron a cabo durante el gobierno de Obama ralentizaron la construcción de viviendas con la expulsión de tantos yeseros y albañiles. Y las expulsiones masivas serían impopulares, porque más de la mitad de los inmigrantes irregulares llevan en Estados Unidos más de una década. Tienen trabajo y familia y la mayoría vive en estados demócratas que no cooperarán.En lugar de eso, es probable que Trump busque una política más práctica.
Se verá tentado a hacer que el problema recaiga en México. Uno de los principales obstáculos a la hora de deportar a personas es encontrar gobiernos que las reciban. Por ende, Trump podría simplemente regresar a los que llegan a través de la frontera sur, amenazando a México con imponer aranceles a menos que los deje entrar.
Sin embargo, a Estados Unidos no le interesa desestabilizar a largo plazo a su vecino del sur, que es más pobre. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoce que ayudar a Estados Unidos con la aplicación de la ley de inmigración es una de las mejores cartas en cualquier negociación con el gobierno de Trump y se ha mostrado dispuesta a ayudar.
El presidente electo debería hacer algunas concesiones.También podría verse tentado a centrarse en la crueldad teatral como sustituto de la acción real. Así podríamos ver redadas en los lugares de trabajo que incluyan camarógrafos, el internamiento masivo en los estados fronterizos y el despliegue de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en las ciudades santuario.
Tal como sucedió con el plan del Partido Conservador de contratar a Ruanda para que se encargue del sistema de asilo británico, se trata en parte de disuadir a los posibles inmigrantes. También se trata de convencer a los votantes de que el gobierno va en serio.La crueldad por sí misma es un error. Al negar la humanidad de los inmigrantes, embrutece los valores estadounidenses. También puede resultar impopular.
En el primer mandato de Trump, los estadounidenses reaccionaron en contra de la separación de familias y el encarcelamiento de niños; el apoyo a la inmigración aumentó. En cuanto Biden asumió el cargo, ese apoyo disminuyó. Esta dinámica deja margen para que Trump logre algo menos drástico y más duradero.
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El primer paso es reforzar la frontera. Trump tiene suerte, porque los cruces irregulares ya cayeron mucho desde su punto álgido en 2022, después de que el gobierno de Biden llegó a acuerdos con México y otros países latinoamericanos para ayudar a frenar el flujo de inmigrantes.
Trump podría aprovechar esta situación para enviar a más agentes migratorios a la frontera, a fin de acelerar las decisiones sobre la validez de las solicitudes. También podría obligar a los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta que se decidan sus casos, como hizo en su primer mandato. El segundo paso es centrar las deportaciones en los delincuentes, como ha sugerido su jefe de gabinete.
Eso podría crear el consenso para un tercer paso que durante mucho tiempo ha sido obvio pero inalcanzable en el plano político. Como cuestión práctica y como ejercicio de justicia, Estados Unidos no puede deportar a todos los inmigrantes ilegales. No hacer nada significa que unos 11 millones de personas pasarán toda su vida en Estados Unidos sin haber adquirido nunca el derecho a vivir allí.
Pero a menos que se controlen los flujos migratorios, la amnistía para los que ya están en Estados Unidos corre el riesgo de atraer a otra oleada que intente entrar ilegalmente. La única solución es un acuerdo que combine el control efectivo de la frontera con el derecho de permanencia para los inmigrantes que respeten la ley.
El acuerdo del siglo
Es posible hacer una concesión como esa. Ningún político republicano puede estar en desacuerdo con Trump en el tema migratorio y la alarma demócrata le ayuda a tener una imagen de mano dura. Lo más probable es que quiera mantener la inmigración como un tema divisorio, pelearse con los gobernadores y alcaldes demócratas, y dejar las cosas tal y como las encontró. Pero se dan las condiciones para que llegue a un acuerdo que ha eludido a los últimos cinco presidentes, si así lo quiere.
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