El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, adelanta un plan nacional para desmantelar las ayudas a estudiantes indocumentados en las universidades, como parte de una campaña “más amplia” que pone en peligro los derechos y la seguridad de todo el alumnado y los profesores, advirtieron este martes defensores de la educación.
Representantes de la Asociación Nacional de Educación (NEA), la Asociación de Maestros del Estado de Texas, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y United We Dream criticaron en una conferencia de prensa la avanzada legal del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) para reducir las ayudas estatales en al menos tres estados a pesar de haber sido aprobadas con apoyos bipartidistas.
“Son parte de un ataque coordinado más amplio destinado a socavar la educación pública como un bien común”, valoró Gladys Fátima Márquez, miembro del Comité Ejecutivo de NEA.
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La doctora en educación que trabaja en el estado de Illinois opina que la Casa Blanca adelanta una campaña destinada a “controlar lo que creen” los estudiantes y manipular la realidad.
En concreto, los defensores de la educación se refieren a las acciones legales que el DOJ ha presentado impugnando las ayudas estatales para estudiantes indocumentados en estados como Texas, Kentucky y Minnesota.
El fin de 24 años de una ley bipartidista
El Gobierno Trump ya se alzó con una victoria en el estado de Texas el mes pasado cuando un juez federal revocó temporalmente la Ley estatal Dream.
El programa, establecido en el 2001 con el apoyo bipartidista, permitía que ciertos jóvenes indocumentados, que viven en Texas y se graduaron de secundaria en el estado, puedan pagar la misma matrícula universitaria que los residentes legales.
En una demanda, el DOJ alegó que el estado, un conocido bastión republicano, estaba «discriminando de manera inconstitucional» a los ciudadanos estadounidenses en «beneficio» de los extranjeros.
Se estima que unos 73,000 estudiantes de las universidades públicas de Texas serán afectados por la derogación de la ley estatal.
Las críticas
El mes pasado el estado de Texas solicitó a las universidades públicas que identifiquen a los estudiantes indocumentados favorecidos por las matrículas reducidas otorgadas a residentes del estado para que se les exija el pago total en otoño.
“El Departamento de Justicia de EE.UU. considera que estudiantes como yo no merecen oportunidades, no son aptos para liderar ni vivir el sueño americano”, dijo en la conferencia de prensa Rory, una estudiante de psicología afectada que no quiso revelar su apellido.
Los educadores y los estudiantes criticaron la anuencia del gobernador de Texas y el fiscal de Texas, los republicanos Greg Abbott y Ken Paxton, respectivamente, con el plan de la Casa Blanca, y no defender la ley como correspondía ante la corte.
En este sentido, Valeria Alvarado, abogada de la ACLU de Texas, declaró que la decisión del Gobierno de Texas de acordar con el DOJ el fin de la ley se hizo sin consultar con los estudiantes, miembros de la comunidad y universidades sobre cómo la derogación afectará exactamente a la educación superior en Texas.
“Lo sucedido aquí claramente (…) es una falta de respeto al sistema legislativo que tenemos en Texas”, indicó la abogada.
Un plan nacional
Basado en el éxito obtenido en Texas, el DOJ ya ha impugnado otras dos leyes estatales, una en Kentucky y otra en Minnesota, que favorecen a estudiantes indocumentados y les permiten pagar las matrículas que se ofrecen a residentes legales de esos estados.
“Ningún estado puede permitir que trate a los estadounidenses como ciudadanos de segunda clase en su propio país ofreciendo beneficios financieros a los inmigrantes indocumentados”, declaró la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado sobre la demanda a Kentucky, donde hay posibilidades que el Gobierno Trump se alce con una nueva victoria.
Pero el panorama se muestra diferente en Minnesota, donde se prevé una lucha para defender el programa por parte del gobernador Tim Walz, compañero de fórmula de la exvicepresidenta Kamala Harris en 2024 y ha sido un crítico vehemente de la segunda administración del presidente Trump.
Otros estados como California e Illinois también cuentan con ayudas específicas a estudiantes indocumentados.
Los educadores también advirtieron que el riesgo de militarización de las entidades educativas ha aumentado en esta administración.
Se hizo un llamado al sector privado en Texas para brindar apoyo económico a los estudiantes afectados por la derogación de la ley mientras se da una batalla legal en una corte federal, que busca revertir la impugnación.
