La abogada de inmigración Jodi Goodwin dijo que sus clientes venezolanos llevaban años confiando en que su estatus en Estados Unidos era estable. Tenían permisos de trabajo y pagaban impuestos bajo un programa humanitario que ofrecía refugio frente a la crisis en su país.
El lunes, todo se desmoronó cuando la Corte Suprema autorizó a la administración Trump a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.
La decisión, no firmada y de apenas dos párrafos, allana el camino para que la Casa Blanca revoque las protecciones legales de hasta 350,000 migrantes, una medida que se espera acelere las deportaciones y aumente el temor en comunidades ya afectadas por el endurecimiento de las políticas migratorias.
La administración Trump ha demostrado una fuerte disposición a ampliar los límites de las deportaciones, lo que le ha valido frecuentes reprimendas judiciales por expulsar migrantes sin el debido proceso. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que actuará con rapidez tras la orden del lunes. “Las deportaciones se llevarán a cabo de inmediato”, dijo la portavoz Tricia McLaughlin a Fox News.
La sentencia sorprendió a muchos defensores de los inmigrantes, como Goodwin, quien representa a más de 100 beneficiarios del TPS. “No pensé que lo harían”, dijo. “Ahora se abre la puerta a la cancelación masiva del TPS”.
Ketanji Brown Jackson. Foto: Drew Angerer/Getty Images
La orden de la corte no ofreció fundamentos legales, algo habitual en decisiones de emergencia. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en disentir públicamente.
“Crea una gran confusión en solo dos párrafos”, afirmó Julio Henríquez, profesor de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Boston. “Sin una aclaración, la administración Trump podría interpretar agresivamente su contenido e iniciar deportaciones de inmediato”, añadió Henríquez, también abogado de la Alianza Nacional TPS.
La disputa legal aún no ha concluido. Un tribunal federal en California, donde un juez bloqueó previamente la eliminación del TPS, tenía prevista una audiencia completa en julio. Sin embargo, tras la sentencia del Supremo, fue reprogramada para el 29 de mayo.
Conflicto, desastre
El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger a personas de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis. Actualmente, ciudadanos de 17 países están cubiertos por el programa. Venezuela fue incluida en 2021 tras un colapso económico y político bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
El TPS, como su nombre indica, es un programa temporal, y tanto los gobiernos demócratas como los republicanos han permitido en ocasiones que expiren las protecciones. Sin embargo, en la práctica, algunas designaciones se han prorrogado durante años.
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La administración Trump ha adoptado una postura más agresiva, para poner fin a varios programas del TPS que podrían afectar a cientos de miles de personas como parte de una campaña más amplia contra la inmigración. Aunque Trump ha prometido la mayor deportación masiva de la historia de Estados Unidos, incluyendo el uso de la Guardia Nacional y poderes de guerra, las expulsiones a gran escala aún no se han materializado.
Como candidato el año pasado, describió a los migrantes de Venezuela, Haití y otros países como una amenaza para la seguridad interna de Estados Unidos. Una de sus primeras medidas al asumir el cargo en enero fue declarar al Tren de Aragua, un violento grupo criminal venezolano, como organización terrorista, una medida que se ha utilizado para justificar las recientes detenciones y deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Temor y confusión
Para muchos venezolanos en EE.UU., el fallo del Supremo provocó un temor inmediato.
“Irónicamente, tras un año con TPS y sentirme a salvo en la tierra de la libertad desde 2021, ahora me despojan de la protección y me siento perseguido de nuevo”, dijo Ignacio, de 49 años, solicitante de asilo en Florida que trabajó con la oposición venezolana. Pidió no publicar su apellido por seguridad.
Ignacio, administrador de una comunidad de abogados de inmigración en Miami, dijo que su teléfono colapsó con mensajes de venezolanos —incluso residentes permanentes— buscando asesoría legal.
“Los venezolanos viven con miedo; incluso a quienes tienen tarjeta verde o residencia, los abogados les aconsejan no salir de EE.UU.”, agregó.
Según la ley de EE.UU., la mayoría de las personas que pierden el TPS deben comparecer ante un juez antes de ser expulsadas. Pero con casi cuatro millones de casos pendientes, los procedimientos pueden tardar años. Más de medio millón de venezolanos ya están en el sistema judicial migratorio, según el centro TRAC de la Universidad de Siracusa.
Incluso si el gobierno diera prioridad a esos casos, las apelaciones podrían retrasar las deportaciones. “No creo que sea prudente expulsar a nadie hasta que el Supremo se pronuncie sobre el fondo”, dijo George Fishman, del Centro de Estudios de Inmigración.
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Algunos venezolanos aún están protegidos por solicitudes de asilo pendientes u otras vías. Pero muchos no tienen abogados y, para ellos, la perspectiva de ser detenidos y deportados es un riesgo mucho mayor, dijo David Leopold, abogado de inmigración en Cleveland.
“Muchas de esas personas están solas, tratando de navegar un sistema arcano”, dijo.
Goodwin explicó que durante la administración Biden, algunos de sus clientes vieron sus casos de asilo cerrados cuando se priorizó el TPS como protección práctica. Ahora que esa opción se desvanece, muchos podrían quedarse sin recursos legales.
Además, la administración Trump ha intentado deportar a venezolanos acusados de pertenecer a pandillas. La semana pasada, el Tribunal Supremo bloqueó temporalmente la expulsión de más de 100 hombres a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, en un caso relacionado con la Ley de Enemigos Extranjeros.
“Puedes tener un caso de asilo pendiente y una cita con el juez, y aun así acabar en El Salvador”, dijo Goodwin. “No sé quién está realmente a salvo en estos días”.
