Un juez federal estadounidense consideró este martes que la decisión del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de cerrar de forma permanente la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es “probablemente inconstitucional” y pidió de forma preliminar cesar los esfuerzos para continuar su desmantelamiento.
El magistrado Theodore Chuang consideró en su escrito que las acciones emprendidas para acabar con esa organización “de forma acelerada (...) probablemente violaron la Constitución estadounidense de múltiples maneras”, perjudicando no solo a los demandantes, sino también al interés público.
Al hacerlo, añadió, privaron a los representantes electos por el Congreso de su autoridad constitucional para decidir el cierre de una agencia, el momento y la manera.
Hasta que haya una resolución judicial definitiva al respecto y ante la posibilidad de que esta beneficie a los trabajadores demandantes, el juez pidió a las partes que tomen los pasos necesarios para garantizar una eventual vuelta a la sede del organismo.
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Para limitar el impacto del probable cierre inconstitucional de USAID, Chuang añadió que solicitará a los integrantes del DOGE que restauren a sus trabajadores el acceso a correo, pagos, notificaciones de seguridad y otros sistemas electrónicos.
De cara al futuro, privó a los empleados del DOGE participar en cualquier nueva reducción de plantilla o cese de contratos en la misma.
La decisión judicial de este martes va dirigida específicamente contra Elon Musk y el personal del DOGE al considerar que no tenían la autoridad necesaria para tomar tales medidas, pero su efecto podría verse revertido si desde la Administración de Donald Trump alguien con la potestad para hacerlo se pronuncia en la misma línea.
La demanda civil fue presentada por trabajadores a los que se les cesó el contrato contra el DOGE y el magnate Elon Musk, que está al frente del mismo.
El pasado 10 de marzo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que el Ejecutivo había cancelado oficialmente el 83 % de los programas de USAID. El Gobierno está en consultas con el Congreso para que el resto, unos 1,000 contratos, sean transferidos al Departamento de Estado para ser “administrados de manera más efectiva”, según sus palabras.
