El Gobierno de Venezuela denunció que un destructor de la Marina estadounidense abordó y retuvo durante ocho horas a una embarcación atunera venezolana con nueve tripulantes, mientras realizaba faenas de pesca en aguas de su Zona Económica Exclusiva (ZEE).
El canciller Yván Gil señaló que el hecho ocurrió cuando el destructor Jason Dunham (DDG-109), equipado con misiles y armamento de guerra, interceptó al barco venezolano a 48 millas náuticas de la isla La Blanquilla. Según Caracas, la acción forma parte de una estrategia para justificar una “escalada bélica” en la región.
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“El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos (…). Dieciocho efectivos armados ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación, impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores”, denunció Gil en una transmisión televisiva.
El Gobierno venezolano aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana monitoreó el incidente con medios aéreos y navales, acompañando a los pescadores hasta que fueron liberados. El Ejecutivo calificó el hecho como un “acto ilegal” que vulnera la soberanía del país y genera tensión en el Caribe.
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“Este incidente refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar pretextos de aventuras bélicas”, sostuvo la Cancillería en un comunicado.
Caracas exigió a Estados Unidos el cese inmediato de este tipo de acciones, al tiempo que llamó a la población estadounidense a rechazar el uso de sus militares como “piezas de sacrificio para sostener los deseos de una élite codiciosa y depredadora”.
El episodio se da en medio de un despliegue militar norteamericano en el Caribe, que incluye ocho buques con misiles, un submarino nuclear y diez aviones F-35 en Puerto Rico. Washington acusa a Nicolás Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, presuntamente ligado al narcotráfico, y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura.
