El Gobierno de España instó a la plataforma de alquileres temporales Airbnb a eliminar de manera inmediata más de 65,000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en su plataforma por incumplir la normativa sobre publicidad de este tipo de alojamientos.
En los últimos meses, el ministerio español de Consumo remitió a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron la detección de 65,935 anuncios ilícitos que vulneran la normativa al no incorporar los anuncios el número de licencia o registro (la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada), no indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores o los números de licencia no corresponden a los expedidos por las autoridades.
Por ese motivo, el Gobierno español instó a la filial en Irlanda de la multinacional estadounidense a bloquear esa publicidad, que hacen referencia a viviendas que se encuentran en regiones españoles con gran presión turística como Andalucía (sur), Madrid (centro), Cataluña (este), Comunidad Valenciana (este), las islas mediterráneas de Baleares y el País Vasco (norte).
Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció sobre una de las resoluciones del ministerio de Consumo, y respaldó la iniciativa del gobierno e instó a la empresa a eliminar de su plataforma una primera tanda de 5,800 anuncios que incumplen la legislación.
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El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, celebró la “clara victoria” para la defensa del derecho a la vivienda que supone la resolución judicial, algo que según dijo demuestra “que se puede conseguir que ningún interés económico prime sobre el derecho a la vivienda”.
Por su parte, un portavoz de Airbnb dijo a EFE que está “en desacuerdo” con las normativas española y europea sobre viviendas turísticas, que el ministerio español “no es competente” para hacer cumplir las regulaciones en materias de estos alojamientos, y que seguirá recurriendo todas las decisiones al respecto.
La asociación de consumidores españoles Facua confió que la decisión derive en una sanción contundente contra la plataforma, ya que las prácticas de Airbnb, en su opinión, suponen un perjuicio para los consumidores, al tratarse de inmuebles que no están sometidos a ningún control para garantizar que cumplen las condiciones mínimas de garantía que exige la legislación.
La proliferación de pisos turísticos en España ha llevado a varias ciudades a prohibir la concesión de nuevas licencias, en medio de una escalada de los precios de la vivienda que ha provocado numerosas movilizaciones en ciudades como Madrid o Barcelona.
