Universidades de Estados Unidos con sede en España y españolas que reciben a estudiantes estadounidenses avisaron este martes del “enorme caos” en la tramitación de visados en consulados de España en los Estados Unidos, por la entrada en vigor de un nuevo reglamento de Extranjería.
El cambio de criterios vinculados a la documentación que deben entregar los estudiantes estadounidenses que quieren venir un año académico, un trimestre o un semestre a España y los plazos para entregar los informes o seguros médicos han provocado que decenas de solicitudes se hayan paralizado o denegado.
La asociación de programas universitarios norteamericanos en España (Apune), en la que participan universidades de EE.UU. y medio centenar de universidades españolas públicas y privadas, remitieron una carta a los ministerios de Exteriores, Justicia, Educación y Migraciones para que establezcan una moratoria en la aplicación de los nuevos requisitos para la obtención del visado de estudios.
En declaraciones a EFE, señaló que esto “permitiría evitar la exclusión de miles de futuros estudiantes internacionales ya que la situación es crítica” y de no solucionarlo, “podría provocar una caída de entre un 30% y 50% el número de estudiantes estadounidenses el próximo curso”.
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Según Apune, cada año se tramitan más de 20,000 visados para estudiantes universitarios estadounidenses que eligen España y cuyo impacto económico genera más de 600 millones de euros anuales, sin contar el efecto multiplicador asociado a su ocio y visitas de familiares o amistades.
En 2024 se contabilizaron en España 93,067 visados de estudios en vigor de todas las nacionalidades.
La nueva norma de Extranjería en vigor desde el 20 de mayo supone cambios en los plazos para entregar informes, el seguro médico o justificantes de alojamiento.
Según Apune, los requisitos son ambiguos y, en muchos casos, de difícil cumplimiento, ya que se exige el pago previo de la matrícula cuando muchas universidades no cobran las tasas académicas hasta septiembre.
Además, advirtió de la diferente interpretación que hace cada consulado de las nuevas directrices y de que la empresa contratada para gestionar el proceso de forma externalizada añade incertidumbre, porque está rechazando citas ya confirmadas, por falta de documentación.
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El reglamento implanta nuevas condiciones como acreditación de las instituciones académicas a través de un registro que hasta ahora no está operativo, señalaron, con la exigencia de matrículas anticipadas que según las universidades no coinciden con los calendarios de muchos centros.
La ausencia de un mecanismo de apelación está provocando retrasos y el cobro adicional por mantener expedientes abiertos durante la subsanación “agrava aún más la situación”, alertaron.
Por este motivo, urgieron a aplicar una moratoria temporal en la entrada en vigor de los requisitos hasta el final de la campaña de visados 2025-2026 y a revisar y clarificar los criterios en diálogo con entidades expertas.
“No hay garantías de que todos los alumnos consigan citas para tramitar sus visados a tiempo para llegar a España antes del comienzo del próximo curso académico”, lamentaron, pues el procedimiento para la obtención del visado de estudios no ha dado margen de adaptación ni a instituciones ni a estudiantes.
