Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y figura dominante de la política nacional durante más de dos décadas, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Así lo dictó este viernes la jueza Sandra Heredia, quien lideró el proceso judicial conocido como el “juicio del siglo”.
Con esta decisión, Uribe se convierte en el primer exmandatario colombiano en ser condenado penalmente. La sentencia también le impone la inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago de una multa equivalente a unos US$ 822,000.
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El origen del caso se remonta a 2012, cuando el propio Uribe denunció al entonces congresista de izquierda Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Cepeda había comenzado a documentar los presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no solo desestimó la denuncia, sino que inició una investigación contra el expresidente por manipulación de testigos.
Durante el juicio, que se prolongó por más de una década y contó con 67 audiencias, la jueza Heredia absolvió a Uribe del delito de soborno simple, pero lo halló culpable de otros cargos más graves. Según la sentencia, Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, sobornó a al menos tres testigos —entre ellos los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez— para que modificaran sus versiones o mintieran ante la Corte.
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El fallo judicial detalla cómo Cadena ofreció asesoría legal y beneficios carcelarios, con autorización de Uribe, a cambio de declaraciones favorables. En el caso de Eurídice Cortés, una testigo clave, se comprobó que recibió dinero para alterar su testimonio. A Vélez, además, se le señala como intermediario para inducir a otros internos a mentir a favor del expresidente.
En relación al fraude procesal, el tribunal concluyó que Uribe presentó pruebas falsas para intentar reabrir la investigación contra Cepeda y desacreditar los testimonios en su contra. Uno de esos documentos, firmado en 2017 por Vélez, buscaba inducir en error a la Corte con declaraciones que no correspondían a la realidad.
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“Uribe fue el determinador”, subraya la jueza Heredia en la sentencia. Aunque no ejecutó personalmente los pagos, quedó probado que concibió y autorizó los actos ilícitos, tolerando que su abogado sobornara testigos en su nombre. Su silencio, interpretado como una forma de consentimiento, fue clave en la argumentación del fallo.
La condena establece 91 meses de prisión por el soborno, más 29 por su ejecución en concurso homogéneo. A ello se suman 104 meses por el fraude procesal. Al unificarse los cargos y fijarse el soborno como delito base, la pena total asciende a 12 años, los cuales deberá cumplir en su residencia bajo estrictas condiciones judiciales.
Esta histórica sentencia marca un hito en la justicia colombiana, pues demuestra que ni siquiera un expresidente está por encima de la ley. Para muchos, representa una oportunidad para el fortalecimiento del Estado de derecho en un país que ha convivido por décadas con la impunidad en los altos niveles del poder.
