Brookfield Asset Management apostó por flujos de caja estables cuando compró una participación mayoritaria en tres autopistas de peaje en Lima a una empresa brasileña. En cambio, se topó con un campo minado político.
Los peajes provocaron protestas públicas por los costos que suponían para los residentes de Lima, acusaciones de corrupción contra un funcionario local y disputas entre Brookfield y tanto el país como su capital. En la actualidad, un alcalde populista apodado Porky ha convertido en su único objetivo acabar con el contrato de peaje, y el último arbitraje de Brookfield afirma que Perú se apropió ilegalmente de las carreteras.
Conocido como Rutas de Lima, el proyecto de Brookfield no puede cobrar peajes clave, pierde dinero cada día y, según S&P Global Ratings, corre el riesgo de incurrir en un impago a corto plazo. La empresa peruana de peajes ha registrado un flujo de caja negativo en los últimos dos años, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada debido a la delicadeza de la situación.
Que los inversores de Brookfield obtengan un rendimiento aceptable o sufran pérdidas cuantiosas podría depender de los tribunales. La empresa, en su nuevo arbitraje contra Perú, reclama US$ 2,700 millones, que según Brookfield es el valor empresarial del proyecto, según la persona citada.
Esta dura experiencia es una advertencia para los inversores que se interesan en proyectos lucrativos en economías en desarrollo. La infraestructura es uno de los sectores más populares del mundo dado que los gobiernos, faltos de liquidez, no tienen los medios para arreglar puentes, ferrocarriles y redes eléctricas en ruinas, y los mercados emergentes representan la mayor parte de esas necesidades de inversión, según los analistas de Aberdeen Investments. Pero estas apuestas no están exentas de riesgo.
Peajes previstos por Brookfield en principales salidas de Lima | Mitad de sus ingresos previstos se vieron afectados por batallas legales
Solo meses después de que Brookfield adquiriera una participación mayoritaria en el proyecto en 2016, su socio en las autopistas, el conglomerado brasileño Odebrecht, se declaró culpable de soborno en relación con otros proyectos. Después, Odebrecht se enfrentó a acusaciones similares en relación con las autopistas de peaje, las cuales niega.
Lima y Brookfield se han enfrentado tantas veces ante tribunales de arbitraje y cortes de EE.UU. por acusaciones de que obtuvo la concesión mediante corrupción que, en un fallo escrito, un juez de Washington D.C. comparó la situación con la película El día de la marmota, en la que el personaje interpretado por Bill Murray revive el mismo día una y otra vez.
“Nuestra confianza en Perú como lugar para invertir se ha visto sacudida y no podemos considerar al país para futuras inversiones a menos que estos asuntos se resuelvan de manera oportuna”, dijo Ben Vaughan, director de operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield, en un comunicado escrito.
Las autoridades peruanas afirman que la disputa no ha disuadido a otros inversores. Raúl Pérez Reyes, quien fue ministro de Transportes de Perú antes de convertirse en ministro de Economía y Finanzas en mayo, dijo que los tribunales y paneles de arbitraje se encargarán de la disputa.
Cabinas de peaje cerradas de Rutas de Lima en la autopista Panamericana Sur en Lima, Perú, el 22 de junio de 2025.
“Ahí es donde hay que resolverlo”, afirmó Pérez Reyes. “No hemos recibido ninguna queja ni pregunta sobre Rutas de Lima por parte de los inversores en infraestructura que nos han visitado”.
Odebrecht, que cambió su nombre por Novonor, niega haber pagado sobornos para obtener la concesión de Rutas de Lima.
Brookfield acordó comprar en 2016 la mayoría de la concesión a Odebrecht por US$ 430 millones. Perú estaba creciendo rápidamente en ese momento, y las carreteras venían con un contrato a 30 años que incluía aumentos regulares en los peajes.
Menos de un año después, Odebrecht se declaró culpable en un tribunal federal de EE.UU. de sobornar a funcionarios gubernamentales de todo el mundo. Acordó pagar US$ 3,500 millones para resolver los cargos con las autoridades de EE.UU., Brasil y Suiza, lo que supuso el mayor caso de soborno en el extranjero hasta la fecha, según el Departamento de Justicia de EE.UU. El antiguo director ejecutivo de la empresa fue condenado a 19 años de prisión por corrupción.
Nueva carga
En Lima, una ciudad colapsada por el tráfico donde el salario mínimo equivale a unos US$ 300 al mes, los nuevos peajes se volvieron en una pesada carga para muchos conductores, aunque las carreteras fueran de mayor calidad. Muchos ciudadanos se indignaron por los nuevos puntos de cobro en la única autopista que conecta la ciudad con el norte del país. Hubo protestas masivas, destrucción de cabinas y enfrentamientos con la policía. Decenas de personas fueron arrestadas.
El gobierno de la ciudad y los tribunales locales finalmente cancelaron algunos peajes, pero dejaron otros en funcionamiento. Esto dejó a Brookfield recaudando solo alrededor de la mitad de los ingresos previstos, lo que afectó las finanzas del proyecto.
Aunque el proyecto obtuvo ganancias en algunos momentos, S&P Global rebajó la calificación crediticia de Rutas de Lima al menos cuatro veces en dos años, la última vez a CCC- en mayo, lo que la sitúa en territorio especulativo o “basura”. La agencia de calificación afirmó que la empresa podría incurrir en impago este mismo año, lo que supondría una pérdida inusual para la unidad de infraestructuras de Brookfield y para los acreedores que tienen deuda del proyecto.
La concesión inicialmente tenía una calificación de grado de inversión de S&P Global.
Por años, Brookfield ha estado luchando, y ganando, en distintos tribunales contra la ciudad de Lima para restablecer los peajes. Lima acusa que el contrato era corrupto, pero dos paneles de arbitraje rechazaron esas reclamaciones y concedieron a Brookfield alrededor de US$ 200 millones. La jueza Ana Reyes confirmó ambas sentencias en marzo de 2024 en un tribunal federal de Estados Unidos.
Lima contrató nuevos abogados y trata de revocar los arbitrajes alegando que sus anteriores abogados tenían un conflicto de intereses. Reyes se mostró escéptica ante ese nuevo argumento en una audiencia en mayo.
Brookfield no ha hecho “nada malo”, afirmó la jueza. “Lo único que han hecho es presentar un caso y ganarlo, y ganarlo, y ganarlo, y ganarlo, y ganarlo”, añadió. “Es posible que vuelvan a ganarlo”.
Vaughan, el director de operaciones de la empresa de infraestructura, dijo que confía en que su empresa será “debidamente remunerada”. El gestor de fondos no ha descontado el valor del activo de su balance, según personas familiarizadas con el asunto. Su participación del 57% estaba valorada en US$ 1,300 millones, según el informe anual del año pasado.
Brookfield sostiene que el caso es sencillo: la ciudad les debe a ellos y a sus socios todos esos años de peajes perdidos. La empresa ha recurrido recientemente a demandar también al Estado peruano en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, alegando que su capital, Lima, no pagará la indemnización arbitral que ha sido confirmada por un tribunal federal.
Las autoridades de Lima afirman que la disputa no es tan sencilla. En documentos judiciales y declaraciones públicas, argumentan que todo el acuerdo sobre la autopista de peaje es inválido porque surgió de actos corruptos.
Acusaciones de soborno
En 2022, la fiscalía peruana presentó una acusación contra la exalcaldesa Susana Villarán por el contrato original de concesión. Está previsto que sea juzgada en septiembre por los cargos de haber aceptado sobornos de Odebrecht cuando aprobó el contrato hace unos 12 años.
La exalcaldesa niega cualquier tipo de contraprestación, pero sí reconoció haber recibido una contribución de Odebrecht para financiar una campaña contra su destitución en 2013, que finalmente ganó.
Odebrecht afirmó que la contribución era “de carácter estrictamente electoral, sin contraprestación ni beneficio alguno para la empresa”.
El actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, un católico conservador adinerado que ha adoptado el apodo de Porky por su parecido con el personaje de dibujos animados, dijo en una entrevista con Bloomberg que está luchando contra las autopistas de peaje para defender “a los más pobres y a los ciudadanos de la ciudad”.
“No es por mí”, afirmó el alcalde.
Rafael López Aliaga
El alcalde ha estado en desacuerdo con Brookfield desde que comenzó su mandato en 2023. Se ha negado a pagar las cantidades concedidas a la empresa por los árbitros y calificó los procedimientos de arbitraje de “fraude” en la entrevista.
Los árbitros que participaron en el caso no respondieron a una solicitud de comentarios.
En una declaración adjunta al arbitraje de Rutas de Lima, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima afirmó que éste “cuenta con todas las garantías del debido proceso”.
“Contravenir o ignorar las decisiones arbitrales viola los fundamentos mismos del estado de derecho, los tratados de protección de inversiones y el desarrollo económico del país”, prosigue el comunicado, añadiendo que el incumplimiento de tales resoluciones deteriora la imagen de Perú “como país civilizado y respetable”.
En público, el alcalde se refiere al proyecto como Ratas de Lima.
Más recientemente, López Aliaga ha adoptado una estrategia diferente, recurriendo a sus vínculos con el presidente de EE.UU., Donald Trump. Contrató al abogado Martin De Luca, del bufete Boies Schiller Flexner, cercano a Trump, para llevar los casos contra Brookfield.
Durante la semana de toma de posesión de Trump, López Aliaga publicó una foto en redes sociales con el multimillonario mexicano Carlos Slim y De Luca, quien ha representado a Trump Media & Technology Group en demandas no relacionadas. Utilizó las etiquetas #Trump y #MAGA.
“El pueblo de Lima está luchando para defender sus derechos contra la corrupción”, afirmó De Luca por correo electrónico. “Brookfield está luchando para proteger su valoración de US$ 2,700 millones”.
Brookfield ha contratado a su propio representante republicano, el excongresista de Florida Connie Mack IV, quien creó un sitio web en el que califica las tácticas legales del alcalde de Lima de “frívolas” y “desesperadas”.
A algunos analistas les preocupa que el embrollo de Rutas de Lima pueda manchar la reputación de Perú ante los inversores. Por décadas, el país ha trabajado su reputación de relativamente favorable para los negocios, aunque propensa a la inestabilidad política.
Las medidas de Lima contra la concesión han “ha deteriorado ese proceso de construcción de credibilidad en el país”, afirmó Gonzalo Tamayo, experto en infraestructuras de Macroconsult y exministro de Energía y Minas.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, afirmó que le preocuparía que Perú no cumpliera sus obligaciones con Brookfield. Según él, esto podría disuadir a otros inversores y sentar un “muy mal precedente”.
