El Gobierno de Rodrigo Paz firmó un decreto con el que puso fin a más de dos décadas de subsidios a los combustibles y dio un giro en la política económica de Bolivia para enfrentar una profunda crisis, una decisión que desató el rechazo inmediato de sindicatos y organizaciones sociales, pese a incluir aumentos de bonos y del salario mínimo.
Estas son las claves de las principales medidas incluidas en el decreto presentado el miércoles:
1. Las justificaciones
El decreto busca enfrentar la “crisis económica, financiera y social” que fue “heredada” de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), a los que se acusa de una “mala administración y despilfarro” de recursos, señala la norma presentada en la víspera.
El texto identifica al desabastecimiento de combustibles, que comenzó a mediados de 2024, la presunta corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el agotamiento de las reservas internacionales netas (RIN) y la reducción del oro monetario, como principales signos de la crisis.
Por ello, las medidas que contiene apuntan a recuperar la liquidez interna de divisas y las RIN, “garantizar” el abastecimiento de combustibles y “reactivar” la inversión, producción y el empleo.
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2. Ajustes a los combustibles
El decreto establece que la gasolina especial costará 6.96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar, la gasolina premium estará a 11 bolivianos (US$ 1.58) y el litro de diésel a 9.80 bolivianos (US$ 1.40), y mantiene en 22.50 bolivianos (US$ 3.23) el coste de la garrafa o bombona de gas licuado de petróleo (GLP).
Esto supone incrementos del 86% para la gasolina y de 162% para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años y que, de continuar, según datos recientes del Gobierno, demandaría en 2026 un gasto de 3,500 millones de dólares equivalentes al 6.4% del producto bruto interno (PBI).
La norma plantea también retirar el diésel de la lista de sustancias controladas de manera “excepcional y temporal” para garantizar el abastecimiento continuo y oportuno de combustibles sobre todo a sectores productivos.
3. Protección a las inversiones
El decreto instala un “Régimen Extraordinario de Protección y Promoción de Inversiones” para capitales nacionales y extranjeros para otorgar “seguridad jurídica” declarando “prioritarias” las inversiones en minería, hidrocarburos, generación de electricidad, agroindustria, infraestructura logística y manufacturas exportables.
También dispone cero por ciento de aranceles para la “regularización y repatriación de capitales” para fortalecer la liquidez interna y las RIN, lo que “no implica reconocimiento de hechos ilícitos” como el narcotráfico, trata y tráfico de personas, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.
4. Liberación de exportaciones
La norma también busca “fomentar la actividad agrícola y agroindustrial”, especialmente para las exportaciones de maíz, sorgo, azúcar y carne bovina.
Para esto, se dejará de exigir el ‘Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo’ que hasta hace poco fue un requisito para el despacho de exportaciones ante la Aduana Nacional.
5. Medidas crediticias y tributarias
Además, se dispuso el “diferimiento de créditos”, para “proteger a los prestatarios”, evitar el “sobreendeudamiento” y dar estabilidad al sistema financiero.
Esto se aplicará a los préstamos de “vivienda de interés social”, con una vigencia por seis meses “a solicitud expresa” de los prestatarios para diferir el pago de cuotas bancarias, exentas de acciones judiciales.
En lo tributario, destaca el arancel cero hasta finales de 2026 para la importación de maquinaria y equipos industriales, neumáticos, baterías y repuestos de vehículos.
6. Reformas sociales
Ante los impactos que supondrá el retiro de la subvención de los carburantes, el Gobierno determinó otras medidas complementarias, como incrementar el bono que se otorga anualmente para evitar la deserción escolar, de 200 a 300 bolivianos (de 28.7 a 32 dólares).
También subirá la Renta Dignidad para adultos mayores, de 350 a 500 bolivianos (de 43 a casi 72 dólares) y se dispuso el incremento del 20% del salario mínimo nacional a partir de enero, de 2,750 a 3,300 bolivianos (395 a 474 dólares).
Además, se creó el ‘Programa Extraordinario de Protección y Equidad’ (PEPE) para otorgar “transferencias monetarias extraordinarias” por un año a las familias más vulnerables.
