El Departamento de Vehículos de California (DMV) retirará alrededor de 17 mil licencias de conducir comerciales (CDL) previamente otorgadas a inmigrantes que no cuentan con residencia permanente en Estados Unidos, según confirmó el Departamento de Transporte (USDOT).
El anuncio fue acompañado de fuertes críticas del secretario de Transporte estadounidense, Sean P. Duffy, quien arremetió contra el gobernador de California, Gavin Newsom, por permitir que personas catalogadas como “indocumentadas” accedieran a licencias para operar camiones y autobuses.
“Esto es solo la punta del iceberg. Mi equipo seguirá presionando a California para que demuestre que ha retirado a todos los inmigrantes indocumentados de los camiones y autobuses escolares”, afirmó Duffy en un comunicado oficial.
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Frente a estas acusaciones, el gobierno de California sostuvo que todas las licencias cuestionadas fueron entregadas a inmigrantes que sí contaban con permisos de trabajo vigentes emitidos por el propio gobierno federal, por lo que rechazó que se trate de autorizaciones “ilegales”.
El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, aseguró que presionará a California para retirar todas las licencias CDL otorgadas a inmigrantes sin residencia permanente. Foto: EFE.
Un conflicto que crece
Las tensiones entre la administración Trump y California se intensificaron luego de que una serie de accidentes mortales involucrara a conductores inmigrantes con permisos temporales de empleo.
Uno de los incidentes señalados por Duffy es el del conductor Harjinder Singh, originario de la India, detenido tras un accidente ocurrido en Florida el 12 de agosto, cuando el camión que manejaba realizó una maniobra prohibida, provocando la muerte de tres personas. California respondió que Singh contaba con un permiso de trabajo expedido por el Departamento de Seguridad Interna (DHS).
A raíz de estos cuestionamientos, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) ha exigido a California realizar una auditoría completa de todas las licencias comerciales emitidas a no residentes. El objetivo es verificar que se hayan revocado las licencias que, según el Gobierno federal, fueron otorgadas de manera indebida y corregir los procesos administrativos vinculados.
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En octubre, el USDOT ya había ordenado retener más de US$ 40 millones en fondos federales para California, luego de concluir que el estado no cumplió con los estándares de dominio del inglés exigidos por la administración Trump para la obtención de licencias comerciales.
Con información de EFE.
