En un giro trascendental para la política argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015) anunció que el próximo miércoles 18 de junio se presentará ante los tribunales federales de Comodoro Py para cumplir con la condena de seis años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sanción ratificada esta semana por la Corte Suprema.
“Me presentaré para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, declaró la exmandataria en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Además, informó que ha solicitado prisión domiciliaria, alegando su condición de mayor de 70 años y la necesidad de contar con custodia permanente debido a su investidura como exjefa de Estado.
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“No se trata de un privilegio, sino de estrictas razones de seguridad personal”, explicó Fernández, quien recordó que desde 2003 —cuando su esposo Néstor Kirchner asumió la presidencia— ha estado expuesta a amenazas constantes, incluyendo el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2023. Según dijo, los autores materiales están siendo juzgados, pero no se ha avanzado contra los supuestos autores intelectuales.
El proceso judicial que derivó en su condena está relacionado con maniobras fraudulentas en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, su bastión político, entre 2003 y 2015. Los jueces consideraron probada una red de corrupción que se extendió durante los tres gobiernos kirchneristas.
La decisión de Cristina Kirchner de someterse al fallo judicial se produce en medio de una ola de protestas de sus seguidores, quienes denuncian una persecución política y reclaman que la exmandataria sea tratada “con decoro” por la Justicia. Ayer, grupos sindicales, sociales y estudiantiles realizaron cortes y acampes frente a la Corte Suprema en señal de repudio al fallo.
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El escenario político argentino entra así en una nueva fase sin la presencia activa de una de sus figuras más influyentes de las últimas dos décadas. Con la inhabilitación ya firme, Fernández no podrá postular a las elecciones legislativas de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ni en los comicios nacionales de octubre.
Desde el oficialismo y sectores del peronismo, varias voces han respaldado su pedido de detención domiciliaria, mientras la oposición celebra el fallo como un triunfo institucional. La Justicia aún debe resolver si concede o no este beneficio.
El 18 de junio será una fecha clave para el futuro político y judicial de Cristina Kirchner, mientras Argentina observa con atención el desenlace de una etapa histórica marcada por la polarización.
