La organización Cristosal denunció el registro de presuntos casos de corrupción en cárceles de El Salvador, entre los que se encontrarían el pago a personas particulares para que familiares de detenidos en el contexto de la medida de régimen de excepción pudieran visitar a sus parientes.
De acuerdo con la investigación, en estos casos se encontrarían involucrados abogados como intermediarios de pagos y el presunto pago directo a personas particulares y contactos de la Dirección General de Centros Penales.
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Cristosal citó el ejemplo de una mujer a quien le habrían solicitado 2 mil dólares en Mariona (Centro Penal La Esperanza) para poder ver a uno de sus hijos y el caso de otra mujer que habría pagado 4 mil dólares “cada vez que entró a ver al marido (…) lo vio dos veces”.
“Según familiares y allegados de una persona privada de libertad, condenada desde 2022, han podido visitarlo dos veces en el Penal de Mariona pagando 500 dólares por cada una de las visitas. El acceso a estas visitas, según manifestaron los parientes, fue facilitado por una abogada”, indicó la organización.
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Según Cristosal, estos presuntos casos de corrupción detectados en el sistema penitenciario generan múltiples violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad “afectando una pluralidad de derechos”.
“Las dinámicas observadas permiten retratar la precaria situación del sistema penitenciario salvadoreño y algunos de sus efectos negativos en las personas”, indicó.
La organización indicó que las autoridades competentes deben identificar a los implicados en estas presuntas transacciones irregulares con los familiares de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios, “señalados para deducir responsabilidades y detener las practicas descritas”.
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“La corrupción en el sistema es un fenómeno que amplifica el sufrimiento de quienes ya se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad”, mencionaron.
Recordemos que el régimen de excepción, impuesto por el gobierno de Nayib Bukele, suspende algunas garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de los detenidos y suspende la visita de familiares.
Elaborado con información de EFE.
Según la organización Cristosal, estos presuntos casos de corrupción detectados en el sistema penitenciario generan múltiples violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad “afectando una pluralidad de derechos”. (EFE/ Gobierno De El Salvador).
