Miembros de la banda criminal más temida de Venezuela podrían ser deportados por Estados Unidos a una prisión en El Salvador en virtud de un acuerdo solicitado por el presidente Donald Trump.
Funcionarios estadounidenses planean discutir la propuesta cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, visite Centroamérica en los próximos días, según personas familiarizadas con las conversaciones.
Trump también quiere restablecer los acuerdos de asilo de tipo “tercer país seguro” introducidos en su primer mandato. Estos también serán un tema central de las reuniones de Rubio en El Salvador y Guatemala, según las personas, que pidieron no ser identificadas por no tener permiso para hablar públicamente. Esos acuerdos, que también incluían a Honduras, exigían a las personas de los países vecinos buscar asilo en esos países antes de solicitarlo en Estados Unidos.
En los últimos años, la banda venezolana Tren de Aragua se ha convertido en uno de los grupos del crimen organizado más temidos en todo el continente. En su primer día en el cargo, Trump decidió designar a la pandilla, junto con la MS-13 (de raíces salvadoreñas) y los cárteles de la droga mexicanos, como organizaciones terroristas extranjeras.
El grupo se ha expandido a Colombia, Perú, Ecuador, Chile y otros lugares, y está involucrado en actividades como el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro. Algunas de las primeras redadas de deportación después de que Trump asumiera el cargo incluyeron a miembros del Tren de Aragua.
Debido a su estructura organizativa poco definida, comprobar los vínculos de los migrantes con la pandilla podría ser difícil. El gobierno Trump ha dicho poco sobre qué proceso legal utilizará para determinar quiénes forman parte del Tren de Aragua y si la gente tendrá la posibilidad de impugnar las acusaciones.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que mantiene una cálida relación con Trump, redujo los índices delictivos de su país construyendo un gigantesco complejo penitenciario y deteniendo a decenas de miles de presuntos delincuentes bajo un estado de emergencia.
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Si bien El Salvador posee la tasa de encarcelamiento per cápita más alta del mundo, más del triple que la de Estados Unidos, según World Prison Brief, una base de datos en línea, Amnistía Internacional ha informado tambiéb de un “hacinamiento extremo” y muertes en las cárceles del país debido a palizas, torturas y falta de atención médica adecuada. No obstante, la caída de la delincuencia ha convertido a Bukele en uno de los líderes más populares del mundo.
Los acuerdos en marcha y la elección de Centroamérica por parte de Rubio para su primer viaje al exterior como Secretario de Estado subrayan la determinación de Trump de priorizar el tema de la migración indocumentada. Cualquier acuerdo que se concrete probablemente será anunciado por Trump, dijo una de las personas.
CBS News reportó a principios de esta semana que la administración Trump estaba considerando una propuesta para enviar presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron a las solicitudes de comentarios. La presidencia de El Salvador no respondió a una pregunta sobre si planeaban discutir el asunto con Rubio.
Trump y Bukele hablaron sobre trabajar juntos “para acabar con las pandillas transnacionales como el Tren de Aragua” en una llamada el jueves pasado, dijo la Casa Blanca, sin proporcionar más detalles. La pandilla no tiene una presencia importante en El Salvador.
Para llevar a cabo sus objetivos de deportación, Trump se enfrenta a un desafío porque algunos países, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, normalmente no aceptan de regreso a sus ciudadanos. Eso ha obligado a sus asesores a buscar que esas naciones cambien sus políticas o que encuentren terceros países dispuestos a aceptar deportados. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, ha dicho públicamente que no quiere que su nación se convierta en un “tercer país seguro”.
Trump también dijo esta semana que estaba firmando una orden ejecutiva en la que pediría al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional que examinen la creación de una instalación en la base naval de la Bahía de Guantánamo que podría albergar hasta 30,000 inmigrantes indocumentados.
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