Ecuador atraviesa una de las jornadas más trágicas de su conflicto contra el crimen organizado. El último viernes, once militares ecuatorianos fueron asesinados durante una emboscada en la zona de Alto Punino, una remota región de la Amazonía donde la minería ilegal, el narcotráfico y la presencia de grupos armados transnacionales han erosionado durante años el control estatal.
El ataque ocurrió mientras unidades del Ejército realizaban un operativo contra campamentos clandestinos dedicados a la extracción ilegal de oro, una actividad en expansión que ha devastado miles de hectáreas de bosque y está directamente vinculada a redes criminales locales e internacionales. La operación, ejecutada por la Brigada de Selva 19 Napo, involucró a 80 soldados desplegados en helicópteros a distintos puntos del sector.
Uno de los equipos fue emboscado con explosivos, granadas y armas de fuego de alto calibre.
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Según el parte oficial, además de los once soldados fallecidos y un herido, hubo un muerto entre los atacantes. El Ejército responsabilizó directamente a los Comandos de la Frontera, una disidencia armada de las extintas FARC que opera principalmente en la frontera colombo-ecuatoriana. Sin embargo, el grupo negó su participación a través de un comunicado difundido por medios colombianos, cuya autenticidad aún no ha sido verificada.
“La organización política-militar Comandos de la Frontera no tiene ninguna responsabilidad en los lamentables hechos que han ocurrido en territorio ecuatoriano”, señala el mensaje, donde además se sugiere que la masacre podría haber sido perpetrada por bandas ecuatorianas como Los Choneros, Los Lobos o Los Tiguerones, conocidas por su capacidad armada y por diversificar sus operaciones hacia la minería ilegal.
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Una zona estratégica en disputa
Alto Punino, ubicado entre las provincias de Napo y Orellana, ha sido identificado como un corredor estratégico para actividades ilícitas debido a su cercanía con la frontera colombiana, su geografía inaccesible y la riqueza de sus suelos en oro. Desde 2019, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), cerca de 1.500 hectáreas de selva han sido arrasadas por operaciones ilegales de extracción.
Aunque inicialmente las disputas territoriales estaban dominadas por grupos del narcotráfico, en los últimos años se ha consolidado un sistema mixto de control armado, donde la minería ilegal ha ganado protagonismo debido a los altos precios del oro en el mercado internacional.
El conflicto en la zona ha escalado al punto de ser considerado parte del “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa en 2024, como parte de su estrategia para combatir la violencia que ha hecho de Ecuador uno de los países con mayor tasa de homicidios en América Latina.
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Reacciones oficiales y duelo nacional
La masacre ha generado una ola de indignación y dolor tanto en Ecuador como en Colombia. El presidente Noboa decretó tres días de luto nacional y declaró a los once soldados fallecidos como “héroes nacionales”. En un mensaje difundido en redes sociales, prometió justicia: “Encontraremos a los responsables y los acabaremos”.
El Ejército también emitió un comunicado en el que se compromete a no descansar hasta que los responsables sean juzgados: “Este crimen atenta contra valientes ecuatorianos que han entregado su vida por el bien de la patria”.
Desde Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, condenó el ataque y responsabilizó directamente a las disidencias de las FARC: “Estos hechos enlutan a toda la región y evidencian, una vez más, la amenaza que representan los grupos armados organizados que delinquen en zonas fronterizas, que no conocen de límites ni humanidad”.
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador también se pronunció, expresando su respaldo al país en la lucha “contra el crimen organizado transnacional”, al igual que otras instituciones nacionales e internacionales.
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Precedentes y escalada regional
No es la primera vez que esta región se convierte en escenario de violencia. En febrero de 2024, una patrulla militar fue atacada en circunstancias similares, lo que dejó un muerto y dos detenidos, todos de nacionalidad colombiana. La persistente presencia de grupos armados, combinada con una débil presencia estatal, ha convertido al Alto Punino en una zona de alto riesgo.
La situación guarda paralelismos con lo ocurrido recientemente en Perú, donde trece trabajadores mineros fueron asesinados en el distrito de Pataz, La Libertad, en un caso también vinculado a mafias del oro ilegal. En respuesta, el gobierno peruano declaró toque de queda y militarizó la zona.
Ambos casos evidencian una tendencia alarmante: la minería ilegal se ha consolidado como uno de los motores económicos del crimen organizado en la región andino-amazónica, con consecuencias devastadoras tanto para las comunidades locales como para los ecosistemas.
Con información de EFE.
