El Gobierno ecuatoriano informó este miércoles de que suspendió las actividades en cuatro concesiones mineras de la firma china Terraearth Resources S.A. en la provincia amazónica de Napo, por incumplimiento de normas ambientales.
El Ministerio de Energía y Minas resolvió suspender las actividades de exploración y explotación en las concesiones Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho, que forman parte del proyecto minero Tena, ubicado en la provincia de Napo.
La disposición se emitió con base en los informes presentados por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que constató que las concesiones “incumplieron con la normativa ambiental y sectorial vigente”, señaló el Ministerio de Energía en un comunicado.
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Además, por el incumplimiento del plan de manejo ambiental aprobado y la transgresión de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental.
La suspensión de las actividades mineras se mantendrá hasta que el MAATE levante la suspensión de la Licencia Ambiental.
Fotografía de trabajos de Imágenes de explotación de minería irregular e ilegal en el sector de Santa Rosa, en la provincia del Napo, amazonía ecuatoriana. EFE/Juan Francisco Chávez
La resolución de suspensión de actividades para la exploración y explotación simultáneas fue notificada a la compañía china, titular minera de las concesiones, que deberá cumplir con las medidas correctivas impuestas de reparación ambiental.
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El Ministerio de Energía aseveró que el Gobierno trabaja de manera permanente en el seguimiento, control y vigilancia de las actividades mineras, a fin de que se establezca “una industria responsable que cumpla estrictamente con la legislación vigente y se encamine a la consolidación de un sector ambientalmente sostenible y respetuoso con las comunidades de influencia”.
El Gobierno también mantiene controles para evitar la minería ilegal que se ha registrado en provincias como Orellana y Napo, donde recientemente fueron asesinados en una emboscada once militares que participaban en un operativo contra la minería ilegal.
El Gobierno asevera que los militares fueron emboscados por el grupo Comando de la Frontera, disidentes de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero en un comunicado que se le atribuye a ese grupo, difundido en Colombia, niega su participación.
