El expresidente filipino Rodrigo Duterte afirmó este miércoles que asume su “responsabilidad” cuando fue entregado a la Corte Penal Internacional (CPI), que había emitido una orden de arresto contra el exmandatario por presuntos crímenes durante su campaña contra el narcotráfico.
El exgobernante, de 79 años, fue acusado por la CPI, con sede en La Haya, de “crimen contra la humanidad” durante la represión contra el tráfico de drogas, que dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría hombres pobres, muchas veces sin pruebas de que estuvieron relacionados con las drogas.
“Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al ejército. Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad”, declaró Duterte en un video compartido en un perfil suyo en redes sociales y en el de un colaborador cercano, tras llegar a la corte.
Los familiares de las víctimas de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte se toman de la mano frente a los retratos de sus seres queridos durante una misa en Manila el 11 de marzo de 2025. (Foto de Ted ALJIBE / AFP).
Por su parte, el fiscal de la CPI, Karim Khan, apuntó que el arresto de Duterte es “importante” para las víctimas.
Un vehículo en el que al parecer iba Duterte entró en el centro de detención de la CPI, pasando por delante de una multitud de decenas de simpatizantes, algunos ondeando banderas.
“No hay ningún proceso regular”, afirmó Duds Quibin, un auxiliar sanitario de 50 años. “Es un secuestro. Simplemente, lo metieron en un avión y lo trajeron aquí”, añadió.
Se espera que su primera comparecencia ante la CPI, que juzga los peores crímenes, como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, se produzca en los próximos días.
Gilbert Andres, abogado de víctimas de la guerra contra el narcotráfico, dijo a AFP, delante de la CPI, que sus clientes están “muy agradecidos con Dios porque sus plegarias fueron escuchadas”.
“El arresto de Rodrigo Duterte es una señal fuerte para la justicia penal internacional. Significa que nadie está por encima de la ley”, agregó Andres.
Rodrigo Duterte habla durante el discurso anual sobre el estado de la nación en la Cámara de Representantes en Manila el 26 de julio de 2023. (Foto de JAM STA ROSA / POOL / AFP).
“Persecución”
El miércoles por la mañana, abogados de Duterte presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Filipinas, en representación de su hija menor, Veronica, en el que acusan al gobierno de “secuestrar” al exmandatario y exigen su regreso al país asiático.
“La CPI solo puede ejercer su jurisdicción si el sistema legal de un país no funciona”, declaró a periodistas el abogado Salvador Paolo Panelo Jr, quien insistió en que el poder judicial filipino “funciona adecuadamente”.
Pero la portavoz de la presidencia, Claire Castro, afirmó que la cooperación con Interpol es prerrogativa del gobierno.
“No se trata solo de entregar a un ciudadano filipino, se trata de entregar a un ciudadano filipino que está acusado de crímenes contra la humanidad, específicamente de asesinato”, declaró.
Duterte fue detenido la mañana del martes luego de que “Interpol Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto de la CPI”, indicó el palacio presidencial.
El Learjet que transporta al expresidente filipino Rodrigo Duterte despega de la base aérea Villamor en Pasay, Manila, el 11 de marzo de 2025. (Foto de Jam STA ROSA / AFP).
La vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente, aseguró que su padre estaba siendo “llevado por la fuerza a La Haya”, y calificó su traslado como “opresión y persecución”.
“Duterte tiene suerte, tendrá un debido proceso”, señaló Emily Soriano en una conferencia de prensa organizada en Manila, el miércoles, por grupos de derechos humanos.
“No hubo debido proceso para mi hijo (Angelito). Él (Duterte) estará acostado en una cama buena, mi hijo se está pudriendo en un cementerio”, reclamó.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, consideró que el arresto de Duterte fue un “paso muy importante” en la búsqueda de justicia “de miles de víctimas de asesinatos”.
Y China, por su parte, instó a la CPI a “evitar el doble rasero” y “cualquier politización” del caso.
Organismos de derechos humanos señalan que al menos 27,000 personas fueron ejecutadas durante el gobierno de Rodrigo Duterte y su guerra contra las drogas.
“Escuadrón de la muerte”
A iniciativa de Duterte, Filipinas abandonó la CPI en 2019 pero esa corte mantuvo su competencia respecto a posibles delitos cometidos antes de esa fecha, incluyendo los asesinatos ocurridos en la ciudad de Davao cuando Duterte era el alcalde.
En su orden de arresto, la CPI afirmó que existen “motivos razonables para creer” que al menos 19 personas fueron asesinadas en esa localidad por miembros del “Escuadrón de la muerte de Davao”, dirigido por Duterte.
Además, al menos 24 personas fueron abatidas por la policía filipina en distintos lugares, según la orden de arresto.
El expresidente sigue siendo muy popular y presentó su candidatura a la alcaldía de Davao en las elecciones de mayo.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
