Cuando el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sobrevoló el domingo las inundaciones que dejaron el sur del país bajo el agua, no solo contempló la devastación que ha causado al menos 107 muertos y 165,000 desplazados, sino un momento decisivo para su presidencia.
Además de la destrucción, las catástrofes naturales como el diluvio sin precedentes que asoló el estado de Rio Grande do Sul tienen un enorme poder para reconfigurar la política de un país.
En 2005, la lentitud de la respuesta de George W. Bush al huracán Katrina en Estados Unidos mermó aún más los índices de aprobación que ya estaban en declive y provocó una caída de dos dígitos en la percepción de su capacidad para gestionar una crisis. Por el contrario, las reacciones positivas a la gestión del huracán Sandy por parte de Barack Obama en 2012 proporcionaron un impulso muy necesario en las encuestas en vísperas de unas elecciones que el demócrata terminó ganando.
Lula es muy consciente de la potencia de las crisis repentinas, según sus asesores cercanos. Hace dos años, aprovechó la ira popular por la gestión de Jair Bolsonaro de la pandemia del covid-19 para lograr una estrecha victoria en las elecciones presidenciales de Brasil. Ahora se enfrenta a su propia calamidad, una que podría ayudarlo a detener una caída en la popularidad, o alimentar el empeoramiento de los sentimientos sobre la trayectoria del país y enviarlo a una espiral de la que, como Bush, puede que nunca escape.
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“Este es el momento Katrina del Gobierno”, dijo Thomas Traumann, consultor de comunicaciones con sede en Río de Janeiro. “Para el tercio de la población que odia a Lula, todo lo que haga será malo o insuficiente. Pero hay un tercio que está pendiente de la respuesta de su Gobierno. Y la negligencia de Bolsonaro hacia la pandemia está muy fresca en la mente de los brasileños”.
La tragedia ha consumido al Gobierno de Lula desde que viajó a Rio Grande do Sul junto con altos miembros de su gabinete y líderes clave del Congreso durante el fin de semana, desviando la atención de la agenda de la Administración en el Congreso, su presidencia del Grupo de los 20 y la planificación para la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el próximo año.
El viaje, organizado apresuradamente, tenía como objetivo unir a los poderes del Estado, que habían estado enfrentados públicamente por los planes fiscales y otras medidas legislativas, para que pudieran entregar rápidamente alivio a la región, según tres funcionarios familiarizados con la planificación interna.
El lunes por la tarde, Lula había firmado un decreto para eximir la ayuda de emergencia de las normas fiscales de 2024, allanando el camino para que su equipo económico, liderado por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y la ministra de Planificación, Simone Tebet, preparara medidas de ayuda específicas.
Haddad presentó el jueves un paquete de ayuda de 50,900 millones de reales (US$ 9,900 millones) que incluye créditos subsidiados y otras medidas destinadas a ayudar a los trabajadores, beneficiarios de programas sociales y productores rurales, así como a empresas, estados y municipios.
El Gobierno planea presentar asistencia adicional para las víctimas de las inundaciones la próxima semana, anunció Lula durante un evento en Brasilia. También está ultimando una propuesta de alivio de deuda para el estado de Rio Grande do Sul, con el fin de atender sus necesidades de reconstrucción de carreteras e infraestructura.
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Lula, cuya filosofía de gobierno está arraigada en la idea de que el Gobierno debería hacer más para atender a su pueblo, está presionando para evitar la percepción de que no hizo lo suficiente en una crisis: ha advertido a sus ministros contra los conflictos internos y les ha dicho que desarrollen una respuesta de la que puedan estar orgullosos en el futuro, según personas familiarizadas con el tema, que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos internos.
También ordenó a su equipo no pelear con adversarios políticos y les dijo que den prioridad a las soluciones, sin importar de quién vengan.
La tragedia azotó Rio Grande do Sul en un momento en que la confianza de los brasileños en la capacidad de Lula para cumplir sus promesas parece estar decayendo: su índice de aprobación ha disminuido 10 puntos desde agosto, hasta el 50%, según una encuesta de Quaest publicada el miércoles. La desaprobación ha aumentado 12 puntos hasta el 47% en el mismo lapso.
La respuesta inicial del Gobierno federal a las inundaciones recibió una valoración positiva del 53% de los encuestados en otro sondeo de Quaest publicado el jueves, mientras que el 24% la calificó de regular y el 23% de negativa.
La magnitud total de la crisis no se conocerá hasta después de que baje el agua, aunque podría tener un fuerte impacto inflacionario y económico más allá de las zonas afectadas. Rio Grande do Sul es una importante región agrícola que representa aproximadamente el 6.5% del producto bruto interno (PBI) de Brasil. Lula dijo el lunes que aún es imposible saber cuánta ayuda requerirá finalmente la crisis.
Pero el Gobierno enfrenta desafíos más inmediatos que la reconstrucción. Esta semana llegarán temperaturas más bajas y nuevas lluvias, lo que podría empeorar la situación y complicar las labores de socorro y rescate, en un momento en que más de 130 personas siguen desaparecidas, 67,000 están en refugios y el número de muertos aumenta cada día. Según las autoridades locales, aproximadamente 500,000 personas siguen sin electricidad y un número igual carece de acceso a agua potable.
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Sin embargo, la tragedia también puede ayudar a reenfocar a un presidente que ha dividido su atención entre una ambiciosa agenda global y una serie de iniciativas nacionales, muchas de las cuales han provocado luchas internas en su gabinete y largas peleas con el Congreso que han paralizado al Gobierno.
Las inundaciones han aglutinado muchas de las causas centrales de la presidencia de Lula —hambre y bienestar social, cuestiones medioambientales y cambio climático— en un único punto de atención. Y al igual que el intento de insurrección del 8 de enero de 2023 contra su Gobierno, también le han dado la oportunidad de elaborar una respuesta unificada a la crisis que puede ayudar a la Administración a deshacerse de su actual “letargo”, dijo Traumann.
Los mercados han expresado cierta preocupación por el nivel de gasto que podrían requerir las inundaciones, aunque el decreto de Lula ayudó a calmar los temores iniciales sobre un paquete a la par de la respuesta masiva de Brasil a la pandemia.
Tras semanas de intensos debates sobre metas fiscales, objetivos de ingresos y la posible necesidad de recortar el gasto, las inundaciones han vuelto a centrar la conversación en la responsabilidad del Gobierno de ayudar a su pueblo, un cambio que benefició a Obama hace una década, y que coloca al izquierdista Lula en un terreno mucho más cómodo: según la última encuesta de Quaest, el 70% de los consultados cree que las inversiones en infraestructura podrían haber evitado la tragedia.
“No puedo tener al sistema financiero mirando todos los días solo el déficit fiscal y no el déficit social”, dijo durante una entrevista radial el martes después de su viaje a la región. “Miren a las personas que están desempleadas, que duermen en las calles, que pasan hambre. Dejen de mirar solo sus bolsillos, dejen de mirar solo su cuenta bancaria y miren a la gente”.
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