Dos disidentes cubanos, entre ellos el histórico opositor José Daniel Ferrer, volvieron a ser detenidos el martes tras la revocación de la libertad condicional que les fuera concedida en enero.
Ferrer, de 54 años y líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), y Félix Navarro (72) formaron parte de los 553 presos liberados en enero como parte de un acuerdo entre Cuba y el Vaticano, luego de la decisión del expresidente estadounidense Joe Biden de retirar a la isla de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo.
Donald Trump, tras llegar a la Casa Blanca, volvió a incluir rápidamente a Cuba en esa lista.
La justicia revocó “la libertad condicional” a Ferrer y a Navarro debido a “que incumplieron lo establecido en la ley durante el período de prueba al que estaban sujetos”, señaló el Tribunal Supremo en un comunicado enviado a la prensa, que no especifica el lugar de detención de ambos opositores.
Ferrer, un ferviente defensor de la lucha pacífica por un cambio democrático en la isla, había sido excarcelado el 16 de enero, y Navarro dos días después.
En la red social X, la hermana del disidente, Ana Belkis Ferrer, que reside en Estados Unidos, aseguró que en la mañana de este martes las fuerzas de seguridad “asaltaron la sede principal de Unpacu”, instalada en la casa del disidente en Santiago de Cuba (este), y “se llevaron” a Ferrer, su esposa, su hijo y a varios activistas de esa organización.
“Vínculos” con EE.UU.
En su comunicado, el tribunal subrayó que Ferrer no solo no acudió a dos citas ante un juez de ejecución a las que fue convocado, “sino que dio a conocer a través de su perfil en redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial”.
Ferrer fue encarcelado el 11 de julio de 2021, fecha en la que intentó unirse a las manifestaciones antigubernamentales que sacudieron al país, las mayores registradas desde el triunfo de la revolución en 1959.
Un mes después, un tribunal revocó la libertad condicional en la que se encontraba y le envió de nuevo a prisión para cumplir una pena de cuatro años y medio a la que había sido condenado en 2020 por un delito de atropello a un hombre, que él niega.
Desde su liberación, el líder de Unpacu ha desafiado repetidamente a las autoridades criticando al gobierno en declaraciones en las redes sociales. También activó un comedor en su casa de Santiago de Cuba, para acoger a personas necesitadas, financiado por cubanos residentes en el extranjero.
Según él, las autoridades no aprecian su activismo social porque pone de manifiesto la pobreza de algunos de los habitantes, a los que ofrece regularmente alimentos y asistencia sanitaria.
A Navarro le fue revocada la libertad condicional porque, “en franco irrespeto a la ley, en 7 ocasiones salió de su municipio, sin solicitar autorización del juez de ejecución”, según el Tribunal Supremo.
Ferrer y Navarro formaban parte de los 75 presos políticos detenidos en 2003 durante la llamada “Primavera Negra”, la mayor ola represiva contra la disidencia bajo el gobierno de Fidel Castro. Ambos fueron liberados en 2011, pero se negaron a abandonar la isla.
En su comunicado, el Tribunal Supremo también denunció que ambos disidentes “mantienen vínculos públicos con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba“, Mike Hammer, quien ocupó el cargo en noviembre de 2024.
Desde enero, Hammer ha visitado a varios disidentes en distintas provincias de la isla, entre ellos a Ferrer y a Navarro.
“¿Tiene Cuba derecho a protegerse de la agresión estadounidense, a oponerse a que el jefe de la diplomacia estadounidense en La Habana sea un activista que anima a los cubanos a actuar contra su país, a aplicar leyes contra quienes actúan como agentes de una potencia extranjera hostil? Esa es la cuestión“, señaló en la red X el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío.
En un comunicado, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, una plataforma que agrupa a varias organizaciones opositoras, denunció “una operación coordinada por parte de la Seguridad del Estado, dirigida a neutralizar a dos de los líderes más importantes del movimiento disidente cubano”.
Cuba niega la existencia de presos políticos y acusa a sus opositores de ser “mercenarios” de Estados Unidos.
