El reciente colapso de la criptomoneda $LIBRA, promovida por el presidente argentino Javier Milei, ha desencadenado una serie de repercusiones legales y políticas que podrían afectar significativamente su mandato, pero que también ponen en debate diversos temas como el papel de las personas públicas o influenciadores en la promoción de este tipo de activos y el marco regulatorio que los fiscaliza.
El presidente Milei utilizó su cuenta en la red social X para difundir $LIBRA, una criptomoneda que experimentó un rápido aumento de valor antes de desplomarse, resultando en pérdidas sustanciales de más de US$ 90 millones para más de 40,000 inversores.
Aunque ya eliminó la publicación e indicó no saber de qué se trataba, ya se enfrenta a una serie de denuncias penales por presunta asociación ilícita y estafa.
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Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors, explicó que las acusaciones contra el presidente argentino se podrían centrar en posibles delitos de fraude, pero ello se determinará cuando se establezca la verdad de si estuvo o no involucrado.
“La promoción de una criptomoneda sin una debida diligencia y revelación de información de los riesgos asociados podría interpretarse como una falta grave, especialmente si se demuestra que hubo conocimiento previo de dichos posibles riesgos para los inversores. Además, el uso de su posición y plataformas digitales para respaldar un activo financiero no regulado agrava aún más su situación por el gran alcance que obtuvo y la legitimidad que esto brindaba”, destaca el especialista.
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El caso de $LIBRA no es un hecho aislado. En los últimos años, figuras públicas, incluidas celebridades, influenciadores y políticos, han promovido criptomonedas sin la debida regulación, llevando a inversores a sufrir graves pérdidas. En Estados Unidos y Europa ya se ha sancionado a diversas personalidades por promover criptoactivos sin revelar su participación económica en el proyecto.
“El respaldo de figuras públicas otorga credibilidad a activos altamente especulativos, lo que puede inducir a error a los inversores no sofisticados”, señala Álvaro Castro Lora, abogado experto en regulación financiera y criptoactivos.
“Es fundamental que las autoridades establezcan regulaciones claras para evitar que estas prácticas deriven en fraudes masivos.”
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En ese sentido explica tres implicaciones importantes a analizar en esta nueva economía digitalizada:
- El papel de los influenciadores en la promoción de estos activos: Muchas figuras públicas y redes sociales han jugado un rol clave en la popularización de criptomonedas sin ofrecer información completa sobre los riesgos asociados. Esto ha llevado a engaños masivos y pérdidas significativas para los inversores.
- La regulación en el mercado de valores: A medida que los criptoactivos ganan protagonismo, los organismos financieros correspondientes de cada país deben tener restricciones más estrictas sobre su publicidad y comercialización. En muchos países, ya se están implementando leyes que exigen una mayor transparencia en la promoción de estos. Reducir la asimetría informativa y gestionar el riesgo de agencia deben ser pilares fundamentales de la regulación.
- Implicancias políticas de este tipo de acciones: El respaldo de figuras políticas a criptoactivos sin regulación puede generar desconfianza en las instituciones y afectar la estabilidad económica. Y tal como en el caso de Milei, su participación podría impactar en su credibilidad y la de su mandato.
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“El caso de Milei pone en evidencia la necesidad de un marco legal más estricto para la promoción de criptoactivos, asegurando que quienes los respaldan sean transparentes sobre los riesgos y su relación con el proyecto”, indica Castro Lora.
Vale recalcar que la Oficina Anticorrupción de Argentina ya ha comenzado una investigación para determinar si hubo conductas impropias por parte del presidente y su gabinete en relación con la promoción de $LIBRA. Esta investigación podría derivar en sanciones adicionales si se comprueba alguna irregularidad.
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