Durante las últimas dos semanas, el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, sirvió como domo temporal para la conferencia climática COP29 de las Naciones Unidas. Unos 20,000 delegados de casi 200 países se reunieron para pequeñas charlas junto a los puestos de comida, mientras que las reuniones generales se llevaron a cabo en un campo de fútbol equipado con suelos de madera y carpas impermeables.
Fuera del estadio, automóviles y autobuses a batería con el logo de la COP29 transportaban a los delegados por calles de la ciudad, prácticamente sin tráfico. Abundaban los contenedores de reciclaje y algunos hoteles cambiaron las tarjetas de acceso de plástico por tarjetas de cartón, alegando razones de sostenibilidad.
Pero poco era lo que parecía a primera vista, y no solo porque el Estadio Olímpico de Bakú nunca ha sido sede de los Juegos Olímpicos.
Más de un tercio del producto bruto interno (PBI) de Azerbaiyán proviene de combustibles fósiles, mientras que alrededor del 90% de sus exportaciones están vinculadas al petróleo y el gas.
Antes de la COP29, el presidente Ilham Aliyev —cuya familia ha gobernado el país durante más de 30 años— despojó a Bakú de cualquier signo de inequidad: eliminó a los mendigos, vendedores ambulantes y “mercados de esclavos” donde los hombres buscan trabajos informales. Para garantizar un tráfico ligero, se cerraron escuelas, universidades y oficinas gubernamentales. Para minimizar las protestas, se restringió severamente el activismo climático.
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En el propio Azerbaiyán, el cambio climático está provocando un aumento de las inundaciones y el calor extremo, pero Bakú sigue plagada de bombas de extracción de petróleo, coloreadas de rojo y verde, a juego con la bandera del país. A pocos kilómetros del Estadio Olímpico, una placa conmemora el “primer pozo petrolífero perforado industrialmente en el mundo”, de 1846. Cerca de allí, un pozo más nuevo produce una tonelada de petróleo cada 24 horas.
Dentro del recinto de la COP29, 50,000 personas se congregaron en pabellones que promocionaban el objetivo de cero emisiones netas, mientras que un grupo más pequeño participaba en negociaciones para definir y acelerar la lucha contra el aumento de las temperaturas. Pero aquí también acechaba la realidad.
El lento ritmo del progreso climático —y la escasa esperanza de limitar el calentamiento a 1.5 °C — han contribuido a elevar las crecientes dudas existenciales sobre si la cooperación climática internacional es capaz de funcionar con la suficiente rapidez para estar a la altura del momento.
La conferencia de este año, denominada “COP de las finanzas”, tenía como objetivo establecer lo que se conoce como Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés), que en esencia es cuánto deben pagar los países ricos a los países pobres para implementar energía limpia y construir infraestructuras más resilientes.
El compromiso actual de US$ 100,000 millones al año se alcanzó por primera vez en 2022, pero las necesidades de los países en desarrollo, según los cálculos de un grupo de expertos respaldado por la ONU, son de al menos US$ 1.3 billones anuales.
La conferencia terminó el viernes con un proyecto de acuerdo que significa que los países ricos aportarían US$ 250,000 millones anuales para 2035, más del doble del compromiso actual. Pero 2035 está a una década de distancia, y el déficit obligaría a las naciones que sufren los impactos de las emisiones del mundo desarrollado a pedir préstamos para combatirlas. Los delegados de esas naciones enfatizaron repetidamente que la financiación climática es un pago de la deuda de carbono, no una dádiva.
“No saldrá ningún acuerdo de Bakú que no deje un mal sabor de boca a todo el mundo”, dijo Avinash Persaud, asesor especial sobre clima del Banco Interamericano de Desarrollo.
La conferencia puso de relieve otros impasses recurrentes. Arabia Saudita se resistió a los intentos de reafirmar o aclarar un compromiso de “abandonar” los combustibles fósiles, que apenas alcanzó a incluirse en el acuerdo final de la COP28. India resurgió con una demanda de que la mayor parte de la financiación se otorgue en forma de subvenciones en lugar de préstamos, y las naciones insulares insistieron en dividir el dinero equitativamente entre proyectos que reduzcan emisiones (como los parques solares) y aquellos que promuevan la adaptación (como los diques marinos).
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La toma de decisiones al estilo de la COP no es muy diferente a la de 200 personas que expresan diferentes opiniones sobre a qué restaurante ir a cenar.
Luego está Estados Unidos. Como la mayor economía del mundo y su mayor emisor acumulado, se podría haber esperado que el país aportara la mayor suma para soluciones ecológicas. Pero la reelección de Donald Trump, quien ha prometido abandonar el Acuerdo de París e impulsar la producción de petróleo y gas, trastocó esa perspectiva. Trump no puede eliminar por completo las contribuciones a la financiación climática, pero cualquier NCQG está en riesgo sin el poder del sector privado estadounidense.
La primera victoria de Trump en 2016 se anunció durante la COP22 en Marruecos, y tomó por sorpresa a los negociadores. Esta vez, los ministros estaban preparados y llegaron armados con argumentos sobre cómo encarar los próximos cuatro años. Pocos dudan de que el progreso climático se desacelerará sin la iniciativa estadounidense, pero los delegados dicen que al menos no se detendrá.
Nadie que haya participado en una COP podría decir que el proceso es perfecto. Tan solo conseguir que los combustibles fósiles se incluyan en un acuerdo llevó casi tres décadas, durante las cuales las emisiones globales solo cayeron durante los años de crisis financiera o pandemia. Pero el calor récord de 2024 puso de manifiesto cómo los países en desarrollo están soportando el peso de la crisis.
Cuando a un negociador de Bolivia se le preguntó en el escenario si estaría satisfecho con un NCQG de US$ 200,000 millones —el doble de la cantidad actual— preguntó: “¿Es una broma?”. Sus compañeros panelistas, también de países en desarrollo, le dieron una ronda de aplausos.
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