
México dio este martes un paso clave hacia la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, luego de que se declarara la validez constitucional de la reforma que contempla una aplicación gradual entre 2027 y 2030.
La enmienda al artículo 123 de la Constitución ya había sido aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados y, posteriormente, obtuvo el respaldo de más de la mitad de los congresos estatales, requisito indispensable para modificar la Carta Magna. Con ello, el proceso legislativo queda a la espera de su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), último trámite para su entrada formal en vigor.
¿Qué establece la reforma?
El nuevo texto constitucional fijará una jornada máxima de 40 horas semanales, pero de manera progresiva. El esquema transitorio prevé un recorte de dos horas por año: se mantendrán 48 horas en 2026; bajará a 46 en 2027; a 44 en 2028; a 42 en 2029; y llegará a 40 horas a partir de 2030.
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Uno de los puntos que generó mayor controversia fue el descanso semanal. La reforma mantiene el criterio vigente de un día de descanso por cada seis trabajados y descarta ampliar a dos días obligatorios, como proponían sindicatos independientes y algunos sectores laborales. Para sus críticos, esta decisión resulta “insuficiente”.
En paralelo, el rediseño eleva el límite de horas extra permitidas por semana de nueve a 12, con un tope de cuatro horas por día y sin exceder cuatro días a la semana, como mecanismo de ajuste para las empresas durante la transición.

Impacto en el mercado laboral
De acuerdo con estimaciones oficiales, la reducción podría favorecer a más de 30.6 millones de trabajadores. De ese total, alrededor de 9.6 millones laboran actualmente más de 48 horas semanales.
El Senado y la Cámara de Diputados avalaron el proyecto por mayoría calificada y, con los votos estatales, se emitieron declaratorias de validez.
Debate por costos y productividad
Si bien la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su respaldo al contenido de la reforma, distintos gremios empresariales han advertido que, sin medidas complementarias, el recorte de horas podría elevar los costos operativos, especialmente en pequeñas y medianas empresas (Pymes). Entre los pedidos del sector privado figura mayor claridad sobre los lineamientos de implementación.
Del otro lado, defensores de la reforma la presentan como un avance en calidad de vida y productividad, con una transición diseñada para “amortiguar” el impacto.
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Lo que viene
El siguiente paso es la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, tras lo cual deberán adecuarse normas secundarias y definirse criterios específicos para cumplir con el calendario de transición hacia la jornada de 40 horas semanales en 2030.
Con información de EFE.








