
Cada mañana, el argentino típico compra un periódico, enciende un cigarrillo y luego, mientras hojea las páginas y da una pitada, agarra el teléfono fijo para hacer una llamada.
Bueno, al menos esto es lo que los estadísticos del gobierno de Buenos Aires parecen creer. Los cigarrillos, los periódicos y los teléfonos fijos siguen siendo componentes clave del índice de precios al consumidor del país en la actualidad.
Por eso, cada vez se oyen más voces que piden al gobierno del presidente Javier Milei que rehaga la composición de la canasta por primera vez en dos décadas, eliminando los artículos obsoletos y añadiendo otros nuevos que se han convertido en productos básicos de uso cotidiano, como, por ejemplo, el iPhone o las suscripciones a Netflix.
La mayoría de los economistas cree que un índice renovado revelará que la inflación es más alta que las lecturas mensuales actuales, que están en torno al 2.4%. Varios estudios indican eso, y los índices compilados por ciudades y provincias, incluida Buenos Aires, arrojan sistemáticamente tasas más altas que la lectura nacional. Incluso el director del instituto de estadísticas de Argentina, conocido como INDEC, reconoció el año pasado que el índice necesita cambios. Pero, seis meses después, nada ha cambiado.
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Para Milei y su equipo económico, una actualización podría suponer problemas, especialmente antes de las elecciones de mitad de mandato previstas para octubre. En los papeles, su progreso es notable: la inflación se situó en el 66.9% en febrero, frente al 276.2% del año anterior, según el INDEC.
Por lo tanto, hacer cualquier cosa que pueda socavar su victoria contra la inflación —la principal fuente de índices de aprobación sorprendentemente resistentes— hace que Milei lo piense dos veces. Además, un nuevo índice podría significar mayores pagos en bonos vinculados a la inflación, la principal fuente de financiación del gobierno.

En Argentina, donde la inflación galopante ha sido la norma durante décadas, la gente desconfía naturalmente de los datos oficiales, en parte debido a un escándalo ocurrido hace una década, cuando el gobierno de entonces ordenó a los funcionarios del INDEC que subestimaran los aumentos de los precios al consumidor. Pero, por muy aliviados que estén por la reciente desaceleración de la inflación, muchos creen que los precios están subiendo a un ritmo más rápido de lo que indican los datos del INDEC.
“La inflación está bajando, pero los precios siguen subiendo”, dice Ángel Santos, de 66 años, encargado de un edificio en Buenos Aires.
Santos está sintiendo la presión a nivel personal, con el aumento de los costos de casi todo lo que consume: transporte, ropa, carne, huevos y lácteos. “Algunos bienes y materiales de construcción se han estabilizado, pero todo lo que necesito sigue subiendo”, dice. “Y ya hay medicamentos que no puedo pagar”.
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A pesar de los esfuerzos de Milei para reducir la inflación, los altos precios siguen siendo una de las principales preocupaciones de los argentinos, según una reciente encuesta de Atlas Intel. Alrededor del 42% de los encuestados afirma que la inflación es el mayor problema del país, lo que indica que la crisis del costo de la vida está lejos de haber terminado.
Los sindicatos que representan a los trabajadores del sector público y privado afirman que la inflación “real” es entre 10 y 22 puntos porcentuales más alta al año que las cifras oficiales.

Canasta vieja
El director del INDEC, Marco Lavagna, anunció en septiembre que la canasta se actualizaría. “Estamos en las etapas finales de las pruebas. Tenemos que tener mucho cuidado con el momento en que hacemos los cambios”, dijo en una entrevista con Radio 10, una emisora de radio local. “Pero no va a cambiar mucho”, aseguró.
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) ha elaborado su propio cálculo, utilizando la ponderación de la última encuesta del INDEC en 2017, pero con información de precios diferente. Según esa fórmula, la tasa de inflación debería ser 10 puntos más alta que la tasa oficial.
Otra cuestión clave es la subponderación de los servicios en la canasta. Mientras los alimentos tienen una fuerte ponderación en el índice, la baja proporción de servicios esenciales como la salud privada, la educación y las suscripciones digitales no reflejan con precisión los patrones de gasto.
“Ha habido una mejora en el poder adquisitivo desde 2004 hasta la actualidad que ha llevado a los argentinos a consumir más servicios en relación con los alimentos”, afirma Mariana González, economista e investigadora del CTA.

Los alquileres, los servicios públicos, los servicios de comunicación y el transporte han superado el aumento de los precios de los alimentos durante los primeros 15 meses del mandato de Milei, pero no forman parte del índice general de inflación.
Mientras los precios de artículos obsoletos como el tabaco y los periódicos impresos se alinearon aproximadamente con la inflación general del 69% en febrero, los precios de alquiler se dispararon un 240% y el costo del servicio de internet aumentó casi un 100% con respecto al año anterior, según datos del INDEC.
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Plan estancado
El plan de Lavagna de realizar una nueva encuesta de gastos de los hogares habría implicado revisar la metodología que utiliza Argentina para medir la inflación. La idea era alinear las prácticas del país con las de otros países, y el FMI y el Banco Mundial recomendaban realizar estas encuestas cada cinco años.
Lavagna prometió que la nueva metodología incluiría alrededor de 500,000 precios, en lugar de los 320,000 actuales, y 24,000 informantes. También sugirió un cambio en la estructura de la muestra y en la ponderación de bienes y servicios, centrándose en hábitos de consumo más actuales.
Sin embargo, el plan nunca salió a la luz. Los analistas advierten que, sin una canasta de consumo actualizada, los datos oficiales de inflación de Argentina seguirán estando lejos de la realidad.