
Después de un año buscando trabajo, la abogada chilena Josefa Orellana, de 34 años, está tan desesperada que postula a cualquier puesto que aparece, sin lograr resultados.
Formada en la prestigiosa Universidad de Chile, Orellana cuenta que las compañías del sector jurídico no responden sus llamadas, mientras que otros posibles empleadores —ha postulado incluso a vender fruta en el mercado central de su ciudad— consideran que está sobrecalificada.
“Es muy difícil encontrar algo, en cualquier especialidad”, dijo desde la ciudad de Concepción, en el sur del país. “No me pescan nada. No me llaman, ni me miran, nada”.
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La historia de Orellana no es excepcional. La tasa de desempleo de Chile se ha mantenido entre 8% y 9% durante dos años y medio, sin volver a los niveles previos a la pandemia, incluso mientras el número de empleados públicos aumentó bajo el actual gobierno de izquierda. Para el grupo etario de Orellana, entre 25 y 34 años, la situación es peor: el desempleo ha superado el 10% durante la mayor parte del último año.

Y las cosas podrían empeorar antes de mejorar.
Los candidatos en las elecciones presidenciales de este año compiten con promesas de reducir el gasto fiscal y disminuir la plantilla estatal. José Antonio Kast, quien encabeza las encuestas, se ha comprometido a recortar el gasto en US$ 6,000 millones en 18 meses y a despedir a los empleados públicos contratados por razones políticas y no por méritos profesionales, promesas que ahora su rival de centroderecha, Evelyn Matthei, también ha adoptado ampliamente.
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Eso lanzaría a muchas más personas al mercado laboral, probablemente antes de que las prometidas rebajas de impuestos y la reducción de la burocracia generen nuevas oportunidades en el sector privado.
Y el golpe podría ser particularmente duro para mujeres como Orellana, ya que casi dos tercios de los trabajadores en la administración pública son mujeres, según la Dirección de Presupuestos. La tasa de desempleo femenina es del 9.3%, frente al 8% para los hombres.
Tiempos difíciles
La competencia por empleo ya es feroz.
Más de 100 personas postularon en solo dos días a un puesto de medio tiempo como corrector de lenguaje en una startup de inteligencia artificial en Santiago, según una publicación en LinkedIn. Otro aviso mostró 46 postulantes en un solo día para un cargo de agente inmobiliario.
El último informe mensual de la Dirección del Trabajo mostró que los despidos por “necesidades de la empresa” aumentaron por sexto mes consecutivo en agosto, con un total acumulado en el año de unos 336,830 casos. En el último mes, Cencosud despidió a cerca de 1,000 trabajadores y Parque Arauco redujo su personal en un 10%.

El débil crecimiento económico de los últimos años ha hecho que la creación de empleo no acompañe el fuerte aumento de la inmigración, principalmente desde Venezuela y en su mayoría sin documentación. Las contrataciones del gobierno solo han mitigado el problema, sin resolverlo.
El número de personas empleadas en el sector público aumentó de 441,514 a 523,195 desde que el presidente Gabriel Boric asumió en marzo de 2022, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Sin embargo, un estudio de Horizontal que incluye personal municipal, de salud y educación muestra que el total de trabajadores del sector público creció en 108,122 entre marzo de 2022 y septiembre de 2024 hasta alcanzar 1.07 millones.
Muchos de esos nuevos empleos podrían estar ahora en riesgo si la oposición gana las elecciones, como indican las encuestas. Los sondeos muestran a Kast avanzando hacia una segunda vuelta, donde vencería a la candidata comunista Jeannette Jara.
Políticas laborales
El Banco Central de Chile señaló en su último informe de política monetaria que medidas laborales como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada legal están contribuyendo a elevar el desempleo. Los economistas también apuntan a la falta de crecimiento e inversión empresarial.
“El gobierno no ha reconocido que existe un problema”, dijo David Bravo, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. “Lo peor es que se actuó como si no tuviéramos un problema y entonces se fue adelante una agenda laboral que en la práctica ha sido antiempleo”.
Y ahora la candidata oficialista, Jara, ha dicho que quiere implementar un “salario vital” de 750,000 pesos (US$ 789) —un alza desde los actuales 529,000 pesos—, una medida que, según algunos economistas, dejaría fuera del mercado a más trabajadores. El dinero adicional provendría de una combinación de aumentos salariales y transferencias directas del gobierno.
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Pero quienes buscan detalles sobre las propuestas de Kast se sentirán decepcionados. El candidato ha rehusado sistemáticamente decir cómo concretaría los recortes o cuántas personas serían despedidas del sector público.
Arturo Squella, presidente del Partido Republicano de Kast, señaló en una entrevista con Canal 13 este mes que si se despide a los 100,000 empleados públicos adicionales contratados entre 2022 y 2024, se generarían ahorros de unos US$ 3,000 millones.
Sin embargo, esas estimaciones son controvertidas: el estudio de Horizontal muestra que el gobierno central —excluyendo salud y educación pública— solo ha aumentado en 5,868 puestos bajo Boric, menos que en administraciones anteriores en el mismo período.
Para personas como Orellana, el choque entre políticas de libre mercado e intervención estatal es una discusión teórica. Ella necesita trabajar ahora.
“Si tengo que hacer galletas, si tengo que hacer lo que sea, lo hago, básicamente”, dijo Orellana.








