Las empresas de seguridad y los hospitales de Colombia advierten sobre recortes de empleo y aumento de costos debido a la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, orientada a mejorar las prestaciones de los trabajadores.
La reforma, promulgada a fines del mes pasado, establece el pago anticipado de horas extras, duplica la remuneración por trabajo en domingos y festivos, y limita los contratos de duración determinada, entre otras medidas. Todo ello eleva el costo del empleo formal y podría empujar a algunas compañías con problemas de liquidez a recurrir al empleo informal.
Si bien el salario mínimo legal para 2025 es de 1.423,500 pesos (US$ 355), el costo real de contratar a un trabajador formal es casi 70% más alto al considerar la seguridad social y las prestaciones, según el portal contable Actualícese. Esta diferencia ya impulsa la informalidad en Colombia, donde los empleados suelen recibir menos y carecen de cobertura social, y el reciente aumento en las prestaciones podría intensificar esta tendencia.
“Estos costos, especialmente en sectores con márgenes de ganancia reducidos, hacen que muchas pequeñas y medianas empresas prefieran mantener una estructura informal, perpetuando así el ciclo”, dijo en entrevista Juliana Morad, directora del departamento de derecho laboral de la Universidad Javeriana de Bogotá.
El dilema entre ampliar las prestaciones laborales y ejercer más presión financiera sobre las empresas se alinea con el enfoque de Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, quien asumió con la promesa de transformar el modelo económico conservador. Su intento por expandir el rol del Estado en salud ha dejado a aseguradoras endeudadas, afectando los servicios de hospitales y farmacias. Además, su política de transición energética ha llevado al país a importar gas a precios elevados.
El Ministerio de Trabajo no respondió a repetidas solicitudes de comentarios sobre las posibles consecuencias de la reforma.
El sector de seguridad privada, que emplea a 400,000 personas, se prepara para un fuerte impacto. Representantes de la industria estiman un alza de 17% en los costos laborales debido a la reforma.
La Asociación de Empresas de Seguridad de Colombia (ECOS) advirtió que esto podría alentar el crecimiento de servicios informales sin regulación.
Edificios residenciales y fábricas que requieren cobertura 24/7 enfrentan costos cercanos a los US$ 3,450, según Harry González, director de ECOS. Con los cambios, teme que algunos clientes opten por alternativas más baratas y sin control estatal.
Algunos conjuntos residenciales ya están disminuyendo gastos de seguridad mediante ingresos semiautomatizados que requieren menos personal. “Algunas personas, si tenían tres guardias de seguridad, ahora tendrán uno. Si contrataban a diez, ahora tendrán ocho”, dijo. “Es la única manera de reducir costos”.
Óscar Rivera, miembro de Sinproseg, el sindicato que representa a los trabajadores del sector de seguridad, calificó la reforma como positiva para los trabajadores porque incrementará sus ingresos. Sin embargo, reconoció que los mayores costos laborales llevarán a las empresas a pagar más horas extra en lugar de contratar nuevo personal.
El sector salud, ya golpeado por recortes públicos, podría enfrentar un impacto más severo. Unips, gremio de proveedores de servicios sanitarios, estima que los costos laborales del sector podrían aumentar hasta 30% para 2027.
Dado que los hospitales y muchas clínicas trabajan las 24 horas del día, los siete días de la semana, el sector ya se enfrenta al impacto del recargo por horario nocturno, declaró el director de Unips, Jorge Toro. “Como nunca cerramos, tenemos personal trabajando los días festivos y los domingos”.
La falta de liquidez ya causa frecuentes retrasos en el pago de sueldos, agregó Toro. Como consecuencia, prevé que más empleos formales en salud pasen a ser contratos temporales.
Las inquietudes también alcanzan a otros sectores. Las estaciones de servicio, por ejemplo, evalúan pasarse al autoservicio para compensar el alza de costos.
Una encuesta reciente de Fenalco, que representa al comercio y servicios, reveló que 52% de los empleadores no planea contratar en lo que resta del año, y 35% anticipa despidos. Casi 80% cree que la reforma empeorará el ambiente de negocios.
Mientras tanto, el Consejo de Empresas Americanas, que agrupa a más de 100 compañías respaldadas por Estados Unidos, advirtió que las estrictas leyes laborales y los altos costos amenazan el atractivo de Colombia como destino de nearshoring.
Durante los últimos cuatro años bajo Petro, el salario mínimo ha aumentado 48%, por encima del 33% de la inflación, lo que ha empujado a más trabajadores fuera del mercado formal. El banco central incluso ha señalado que esta brecha dificulta alcanzar su meta de inflación.
No obstante, una reciente nombrada del presidente en el banco central argumentó que los altos costos no son el único factor detrás de la informalidad.
“Las reformas laborales no se hacen para crear o eliminar empleos, existen para definir los derechos de los trabajadores”, dijo Laura Moisá en una entrevista. “Sin una regulación adecuada, los empleadores podrían exigir jornadas de 24 horas por el mismo salario. El Estado debe garantizar un equilibrio en estas relaciones”.
