El lunes, el presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley que denuncia el convenio. (Foto: Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP)
El lunes, el presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley que denuncia el convenio. (Foto: Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP)

El presidente firmó el lunes una ley para retirar a de un convenio europeo contra la tortura, en momentos que Moscú se desvincula de los organismos occidentales de los que fue expulsado o abandonó tras su ofensiva en .

Rusia fue expulsada en marzo de 2022 del Consejo de Europa, un organismo internacional que supervisa los derechos humanos, pero técnicamente había permanecido como parte de su Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura.

El acuerdo histórico tiene como objetivo fortalecer los derechos de las personas privadas de libertad y otorga facultades para que los observadores visiten prisiones y centros de detención.

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El lunes, Putin firmó una ley que denuncia el convenio.

Las notas explicativas de la ley, que fue aprobada anteriormente por el parlamento ruso, acusan al Consejo de Europa de “discriminación” por negarse a nombrar un representante ruso en los órganos estatutarios.

El mes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que retirarse del convenio no “perjudicaría” a los ciudadanos rusos y que Rusia “sigue comprometida con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

Pero dos relatores especiales de la ONU dijeron a principios de este mes que la decisión de retirarse del tratado “levanta señales de alerta sobre lo que está ocurriendo tras las rejas” en las cárceles rusas.

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La decisión se produce después de que organismos de vigilancia internacionales hayan denunciado reiteradas veces las presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades rusas durante su ofensiva en Ucrania.

La semana pasada, la OSCE afirmó que Moscú era responsable de “violaciones generalizadas y sistemáticas” del derecho internacional en el tratamiento de los prisioneros de guerra ucranianos, incluidas “ejecuciones arbitrarias”.

Un informe de la oficina de derechos de la ONU también concluyó que Rusia “ha sometido a los detenidos civiles ucranianos a patrones consistentes de serias violaciones” del derecho internacional.

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