Según algunos, Bolivia ha experimentado dos intentos de golpe de Estado en el último año. Todo el mundo fue testigo del que fracasó en junio, cuando un general contrariado forzó las puertas de la sede histórica del gobierno con un carro blindado y luego fue arrestado. Pero algunos miembros de la oposición afirman que hubo otro golpe a finales del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional interfirió inesperadamente para asignarles más atribuciones a los magistrados.
Bolivia es el único país del mundo que elige a sus autoridades judiciales de mayor rango. México podría unirse pronto a ese club. Sin embargo, la experiencia de Bolivia ha sido desastrosa. Los tribunales se han convertido en un premio para tener control, nada que ver con ser árbitros neutrales. Tanto el presidente Luis Arce, que ascendió al poder en 2020, como el expresidente Evo Morales aspiran a la candidatura del partido gobernante para las elecciones presidenciales del próximo año.
Saben que la decisión definitiva podría recaer en los tribunales, lo que ha dado pie a una lucha aguerrida para controlarlos. El año pasado, la oposición acusó al gobierno de Arce de detener las elecciones judiciales que deberían haberse celebrado en 2023 porque quería mantener su influencia en los tribunales. Esta batalla envenenó tanto la política boliviana que dio pie a una intentona de golpe de Estado encabezada por militares sedientos de poder.
De conformidad con el sistema de Bolivia, la elección de autoridades judiciales de alto rango, incluidas las del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, se realiza cada seis años. Las elecciones involucran dos pasos: en primer lugar, por mayoría de dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se hace una preselección de candidatas y candidatos, y luego se procede al voto popular.
Tanto en 2011 como en 2017, Movimiento al Socialismo (MAS), el partido en el poder, tenía una supermayoría en la asamblea, por lo que hizo una preselección prácticamente sin apertura, concesiones o evaluaciones serias. En cada ocasión, la oposición convocó a un voto de protesta; en cada ocasión, alrededor de dos tercios de los bolivianos acataron las indicaciones y emitieron un voto simbólico nulo o en blanco.
En consecuencia, el MAS y Morales, quien era presidente en esa época, obtuvieron los magistrados que querían, pero con poca legitimidad. “Llenaron los tribunales”, señaló Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
En un principio, Morales se vio beneficiado. Cuando perdió un referendo para determinar si podía postularse para buscar un cuarto mandato consecutivo, el Tribunal Constitucional resolvió que impedirle participar en los comicios iría en contra de sus derechos humanos. Después de su salida de la presidencia, los tribunales han seguido sumisos al poder político en turno.
Los magistrados que se resisten algunas veces son suspendidos por la Asamblea Legislativa. Aquellos que son condescendientes con el gobierno parecen recibir recompensas, algunas veces con puestos en embajadas codiciadas. Rodríguez Veltzé cree que existe una “pérdida generalizada de integridad” entre los magistrados de Bolivia.
Para el año pasado, el MAS estaba fragmentado por desacuerdos, lo que dejó a Arce con un gobierno de minoría. Como se acercaba la fecha de las elecciones judiciales, al gobierno, al parecer, le preocupaba perder influencia en los tribunales si se realizaban los comicios.
Entonces, el Tribunal Constitucional amplió indefinidamente el mandato de los magistrados actuales. Desde entonces, el tribunal ha emitido fallos favorables para Arce, incluida una decisión que el gobierno insiste en que descalifica a Morales para ser candidato en 2025, aunque muchos expertos no concuerdan. Arce ahora también busca un referendo para detener a Morales.
Las elecciones judiciales retrasadas han dejado paralizada la política boliviana este año. Los partidarios de Morales se lanzaron a las calles a exigir que se celebraran las elecciones, mientras que sus legisladores bloquearon préstamos de bancos de desarrollo, lo que empeoró una crisis económica derivada de una grave escasez de dólares.
Los precios van al alza, escasea el combustible y la brecha entre el mercado oficial y el mercado negro de dólares supera el 50%. Esta crisis creó las condiciones perfectas para la caótica intentona de golpe en junio (algunos bolivianos sospechan que Arce organizó el golpe fallido para mejorar su popularidad).
Las elecciones judiciales se realizarán por fin el 1 de diciembre. Las expectativas son bajas. Las candidatas y los candidatos preseleccionados representan opciones nada convincentes. El proceso está tan podrido que muchos de los mejores candidatos ni siquiera se postularon. Algunos legisladores parecieron darles respuestas a los candidatos en el examen oral para ser preseleccionados.
Una vez más, los electores tendrán una enorme cantidad de boletas y decenas de candidatos de los que no saben nada porque, con la intención deliberada de ofrecer igualdad de condiciones, está prohibido hacer campaña. Es posible que la oposición vuelva a convocar a la población a emitir un voto de protesta. “Seleccionaremos magistrados, pero sin ninguna legitimidad”, afirmó José Luis Exeni, exvicepresidente del tribunal electoral.
El propósito de las elecciones judiciales era aumentar la legitimidad e independencia de los tribunales bolivianos. Por desgracia, su efecto ha sido todo lo opuesto, además de que han agravado la agitada crisis de Bolivia. Los dirigentes de México “deberían venir a Bolivia para convencerse del fracaso que representa”, opinó con un suspiro Rodríguez Veltzé.
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