El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que no entiende cómo los tribunales pueden cuestionar su autoridad en temas migratorios, después de que un juez federal haya señalado que su Gobierno desobedeció conscientemente una orden para bloquear una polémica expulsión de migrantes a El Salvador.
«No entiendo cómo los jueces pueden quitarle esa autoridad a un presidente. Hemos hecho un trabajo alucinante», aseguró Trump durante un encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
«Nadie puede creer el trabajo que hemos hecho. Es mucho mejor de lo que prometimos», dijo a continuación tras alabar la labor de su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de su zar fronterizo, Tom Homan.
El miércoles el juez federal James Boasberg inició el proceso para declarar al Gobierno en desacato por ignorar una orden judicial suya y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una prisión de alta seguridad en El Salvador el pasado 15 de marzo.
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Trump justifica sus medidas en contra de los migrantes
Trump volvió a justificar hoy las medidas de su Gobierno afirmando que la Administración de su predecesor, Joe Biden (2021 – 2025), permitió la entrada descontrolada de «millones de personas», de los cuales muchos son «asesinos».
En su cruzada contra los migrantes, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua (TdA), que asegura que está invadiendo Estados Unidos.
Esa fue la norma que abanderó para el operativo que el pasado 15 de marzo envió al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador a 238 venezolanos y 23 salvadoreños acusados, sin haberse publicado pruebas, de ser pandilleros.
Posteriormente, las autoridades migratorias estadounidenses admitieron haber deportado por error a uno de los salvadoreños, Kilmar Ábrego García, residente en Maryland, casado con un ciudadana estadounidense y al que un juez había prohibido devolver a su país.
El lunes, tanto Trump como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, descartaron el retorno de Ábrego García a EE.UU. pese a que el Supremo estadounidense haya instado a facilitar su regreso.
«No estoy involucrado en eso. Voy a responder diciendo; ‘hablen con los abogados del Departamento de Justicia’. He oído muchas cosas sobre él, y tendremos que averiguar cuál es la verdad», dijo hoy Trump al ser preguntado de nuevo por Ábrego García, del que su Gobierno ha dicho que no tiene derecho a protección judicial por ser un pandillero, acusación que no ha certificado ningún tribunal.
El intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento
El Tribunal Supremo de EE.UU. anunció este jueves que sopesará los argumentos legales en el caso en contra de los intentos del presidente Donald Trump por acabar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes.
La vista judicial tendrá lugar el próximo 13 de mayo, según indicó un documento publicado esta tarde.
La decisión de tomar el caso llega poco más de un mes después de que el Gobierno Trump solicitara al Supremo levantar parcialmente varias órdenes judiciales que bloquean el decreto con el que la Casa Blanca intentó acabar con este derecho, amparado por la Constitución.
En su segundo día en el poder, Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de los inmigrantes indocumentados y de los migrantes con visados temporales.
El pulso legal de Trump por la ciudadanía por nacimiento
Al polémico decreto lo impugnaron en los tribunales y tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts ordenaron en fallos separados su bloqueo temporal a nivel nacional mientras se resuelve el caso.
Ante la posibilidad de que este caso pudiera tardar meses o años en resolverse, el Gobierno de Trump presentó la petición de emergencia ante el Supremo para que levante parcialmente los bloqueos nacionales.
Como pasó en su primera administración (2017 – 2021), varias de las medidas decretadas por Trump en el inicio de su segundo mandato han sido respondidas con demandas y posteriores bloqueos judiciales.
El decreto de Trump contradice la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos de 1868, que otorga la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida dentro de su territorio nacional.
