Nicolás Maduro llegó este domingo a los primeros 100 días de su tercer mandato presidencial en Venezuela. El período ha estado acompañado de observaciones nacionales e internacionales sobre el proceso electoral, medidas de política exterior y cambios en el panorama económico y social del país.
Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos rectores son identificados con el oficialismo. Hasta la fecha, los resultados detallados del proceso no han sido publicados, a pesar de que estaban contemplados en el cronograma oficial. El Centro Carter, que participó como observador, concluyó en febrero que las elecciones no pueden ser consideradas democráticas.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, reiteró que el ganador fue Edmundo González Urrutia y calificó la proclamación de Maduro como una ruptura del orden constitucional.
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Diversos países han manifestado posiciones divergentes frente al nuevo mandato. Entre los que reconocen a Maduro se encuentran Rusia, China, Irán, Turquía, Bielorrusia, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Por otro lado, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Reino Unido, Alemania, Japón y otros países han cuestionado su legitimidad.
Con el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se intensificaron las sanciones económicas contra Venezuela. Entre las nuevas medidas figura la eliminación de licencias para operar con el sector petrolero venezolano y la imposición de aranceles del 25 % a los compradores de crudo. También se aplicaron tarifas del 15 % a otros productos venezolanos.
La administración venezolana respondió con la declaratoria de un estado de emergencia económica y la emisión de una alerta de viaje advirtiendo sobre supuestos riesgos para ciudadanos en Estados Unidos.
Desde febrero, según datos oficiales, 2.559 ciudadanos venezolanos han retornado al país, la mayoría desde Estados Unidos. Estos vuelos de repatriación, trece en total, fueron posibles gracias a un acuerdo alcanzado durante una visita a Caracas de Richard Grenell, representante especial de la Casa Blanca.
El gobierno venezolano criticó las recientes deportaciones realizadas por EE.UU., entre ellas, el envío de más de 200 personas a El Salvador por presunta vinculación con el grupo criminal Tren de Aragua. Venezuela rechazó esas acciones y cuestionó su tratamiento en medios y declaraciones oficiales.
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Proceso electoral y reforma constitucional
Maduro ha anunciado que durante el año se celebrarán al menos diez procesos electorales, entre ellos las elecciones regionales y parlamentarias programadas para el 25 de mayo. Estas convocatorias han generado diferencias en la oposición, entre quienes llaman a participar y quienes optan por no hacerlo.
Además, se prepara un proyecto de reforma constitucional encabezado por una comisión liderada por el fiscal general Tarek William Saab. La iniciativa deberá ser presentada en mayo, tras cumplirse el plazo de 90 días anunciado en febrero.
El Ejecutivo venezolano anunció que se elegirá por primera vez un gobernador para la Guayana Esequiba, un territorio de aproximadamente 160,000 km² que está en disputa con Guyana. En respuesta, el gobierno guyanés solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) medidas para evitar actos que considere violatorios de su soberanía.
El gobierno de Venezuela ha denunciado que Guyana estaría actuando en coordinación con la petrolera ExxonMobil en áreas marítimas pendientes de delimitación.
Situación económica
Desde el inicio del mandato, el tipo de cambio oficial del dólar en Venezuela ha subido de 53,87 a 80,95 bolívares, lo que representa un incremento del 50,26 %, mientras que la cotización en el mercado paralelo superó los 100 bolívares. Según especialistas, esto ha tenido un impacto en los precios de bienes y servicios, que se fijan mayoritariamente en dólares.
El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reportó una inflación acumulada del 36,1 % durante el primer trimestre. En este contexto, gremios sindicales han solicitado un ajuste del salario mínimo, actualmente equivalente a 1,60 dólares mensuales sin contar bonos, frente a un costo estimado de 100 dólares mensuales para cubrir necesidades básicas de alimentación.
Familiares de personas detenidas por razones políticas han realizado diversas manifestaciones para exigir la liberación de sus allegados, así como mejoras en las condiciones de detención. Entre sus pedidos están el acceso a atención médica y la posibilidad de recibir visitas sin restricciones.
De acuerdo con el Foro Penal, organización dedicada a la defensa de derechos humanos, hasta esta semana había 890 personas privadas de libertad por motivos políticos, una disminución respecto a las 1.697 reportadas el 10 de enero.
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