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Los delegados de la Convención Constitucional en Chile se preparan para votar sobre una controvertida propuesta que otorga derechos inalienables a la flora y la fauna, y que revelará al mundo qué tan verde será la nueva Constitución.
Si el plan se aprueba por dos tercios en una votación en el pleno de la Convención esta semana, se incluirá en la propuesta de la nueva carta fundamental, y el modelo chileno podría inclinarse bruscamente hacia la preservación ecológica por encima del desarrollo económico.
Si bien eso parece estar en sintonía con una tendencia mundial de un mayor escrutinio de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, mover el péndulo demasiado lejos en un país que depende de los recursos naturales amenazaría las inversiones, los empleos e incluso los mercados mundiales de materias primas.
La iniciativa es parte de una a serie de votaciones que se realizarán en el pleno y que también incluye la nacionalización de la minería y cambios a los derechos de propiedad privada.
El documento de 105 artículos fue aprobada la semana pasada por la Comisión de Medio Ambiente de la Convención, ignorando todos los cambios propuestos por una minoría de miembros conservadores. Los artículos incluyen otorgar a la naturaleza la condición de sujeto de derecho, la imprescriptibilidad de los delitos por daño ambiental y garantizar el derecho a una “vivienda digna y ecológica”.
Eso va más allá de los modelos de desarrollo sostenible establecidos en los tratados internacionales, según Felipe Riesco, experto en derecho ambiental de Barros, Silva, Varela & Vigil y exsubsecretario de Medio Ambiente del presidente saliente Sebastián Piñera.
“La gente votó por una nueva Constitución porque los servicios del Estado eran malos”, dijo Riesco. “Nadie votó por una nueva Constitución porque quiere crecer menos”.
Los miembros de la comisión están tratando de dejar lo menos posible para que los futuros Gobiernos o legisladores puedan modificar o decidir por su cuenta, dijo Javier Vergara, socio de Vergara, Galindo & Correa y profesor de derecho ambiental de la Universidad de Chile. “El texto incluye normas sobre cómo eliminar los residuos. Es bueno regular eso, pero ¿es la Constitución el lugar para eso?”, dijo Vergara.
Sin duda, las propuestas presentadas en la Comisión de Medio Ambiente —integrada por numerosos jóvenes activistas— se enfrentan a una prueba más dura en el pleno de la Convención, donde se requiere una mayoría de dos tercios de un grupo de 154 delegados con ideologías más diversas.
La Convención tiene hasta el 4 de julio para presentar una propuesta de Constitución. Para el segundo semestre del año está programado un plebiscito para aprobar o rechazar el documento.
La semana pasada
Los miembros de izquierda y centroizquierda de la Convención llegaron a un acuerdo para mantener algún tipo de sistema legislativo bicameral, pero con diferentes atribuciones para cada cámara. El Senado sería reemplazado por un Consejo Territorial con menos capacidad para revisar las leyes. Esto ha provocado fricciones en el Gobierno entrante de Gabriel Boric, ya que su futuro ministro de Vivienda y otros miembros del Partido Socialista criticaron la iniciativa.
El pleno también votó el informe de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, que abarcaba una gran variedad de temas como los derechos de comunicación, la libertad de prensa, los derechos culturales y los derechos digitales, con algunos artículos de carácter muy específico, como los derechos de los artistas callejeros. Nueve de sus 30 artículos fueron aprobados, despejando el camino para ser incluidos en el proyecto de Constitución.
Otra comisión de Derechos Humanos también fue noticia la semana pasada después de que representantes de las Naciones Unidas criticaran un artículo que prohibiría lo que se conoce como “negacionismo”, o declaraciones que niegan violaciones de los derechos humanos en el pasado.
Una encuesta de Cadem publicada el domingo mostró que el 47% de los consultados piensa aprobar la nueva Constitución, sin cambios desde principios de este mes, mientras que los que planean rechazarla cayeron del 38% al 32%. El porcentaje de indecisos subió del 15% al 21%.
La encuesta Cadem consultó a 712 personas entre el 23 y el 25 de febrero y tiene un margen de error de más o menos 3.7 puntos porcentuales.
