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Se dice que Albert Einstein definió la insania como hacer lo mismo una y otra vez, y esperar un resultado diferente. El Gobierno peronista de Argentina parece tan desconcertado con esta simple regla como algunas personas lo están con la teoría de la relatividad. El 19 de octubre, el nuevo secretario de Comercio Interno, Roberto Feletti, emitió un decreto que fija, hasta enero, los precios de 1,432 productos que van desde queso crema hasta crema de afeitar.
El anexo del decreto tiene 881 páginas en las que se precisa, hasta la última fracción del peso argentino, el precio máximo para cada producto en cada una de las 24 provincias del país. ¿El motivo? Los precios se incrementaron 3.5% en setiembre, porcentaje inesperadamente alto, con lo que la inflación anualizada llegó a 53%. Las cifras de octubre serán publicadas tres días antes del 14 de noviembre, fecha en que se realizarán unas cruciales elecciones legislativas de mitad de periodo.
En setiembre, la coalición gobernante quedó en shock tras perder en unas primarias que sirven como un simulacro de dichos comicios. La lección que sacó Cristina Fernández de Kirchner, la poderosa vicepresidenta que fue mandataria del 2007 al 2015, fue que el Gobierno había intervenido muy poco en la economía. Los controles de Feletti permitirán a la coalición gobernante culpar a las empresas por el alza de precios.
“No hay una lógica económica, todo es comunicacional y político”, dice Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central de Argentina. El propio Gobierno es la razón por la que este país tiene la inflación más elevada entre las grandes economías del mundo —con la excepción de Venezuela, cuyo Gobierno es aún más adicto a los controles—. Ya en diciembre del 2019 había fijado topes a tarifas de servicios públicos y tasas de interés.
El fracaso del Gobierno en alcanzar un acuerdo con el FMI le impide acceder a fuentes internacionales de crédito. Así que está financiando el déficit fiscal de este año, de alrededor de 4% del PBI, principalmente con la impresión de billetes. “Ese dinero persigue a otros bienes”, lo que empuja la inflación hacia arriba, puntualiza Sturzenegger.
El país ya lo ha vivido antes. La afición del peronismo por los subsidios y el proteccionismo, y por mantener fijo el tipo de cambio, hace que Argentina padezca déficits fiscales crónicos y escasez de divisas fuertes. A fines del 2013, con el declive del boom de los commodities y una nueva iliquidez en dólares, el Gobierno de Fernández endureció sus controles previos sobre precios, tipo de cambio y movimientos de capital.
Lo que siguió, lógicamente, fue recesión y mayor inflación, y los peronistas perdieron la elección presidencial del 2015 ante el centroderechista Mauricio Macri. Entonces, ¿por qué repetir una receta fallida? La lectura de los kirchneristas es que el 2015 perdieron por un escaso margen. Ellos representan intereses que se benefician de la protección (grandes empresarios industriales) o son asistidos con subsidios (la población pobre). Los controles garantizan una suerte de estabilidad al evitar la hiperinflación.
Esta estabilidad artificial tiene un costo: la economía argentina casi no ha crecido desde el 2008. Los salarios han aumentado menos que la inflación en ocho de los últimos diez años y la población se empobrecía sostenidamente incluso antes de la pandemia. Quienes pueden, transfieren su dinero al exterior: en la reciente filtración de los Pandora Papers, Argentina figura tercera en el número de beneficiarios de empresas offshore, detrás de Rusia y Reino Unido.
¿Puede el Gobierno mantener los controles hasta la elección presidencial del 2023? Además del aumento de la inflación, el tipo de cambio en el (tolerado) mercado negro ha duplicado la tasa oficial. Alberto Fernández, el presidente “suplente” instalado por Fernández, está debilitado por su mal manejo de la pandemia —perdió credibilidad tras violar la draconiana cuarentena que él mismo impuso para celebrar el cumpleaños de su pareja—. Perder en las legislativas sería otro duro golpe.
El economista Luis Secco señala que los pasados episodios de hiperinflación ocurrieron cuando los gobiernos estaban debilitados tras perder comicios de mitad de periodo. Sin embargo, habría margen de maniobra para salir del paso, en especial si el Gobierno alcanza un acuerdo con el FMI. Incluso si no lo logra y financia con impresión de billetes todo el déficit fiscal del 2022, proyectado en 4% del PBI, la inflación no tendría que ser mucho más elevada que la de este año.
Macri levantó los controles, generando crecimiento en el corto plazo, pero fue demasiado lento en reformar el Estado, lo que provocó una fuerte depreciación del peso y un tardío recorte del déficit fiscal. “La población ya no soporta más austeridad”, ha dicho Máximo Kirchner, diputado oficialista e hijo de la vicepresidenta. Las medidas del actual Gobierno ofrecen empobrecimiento lento pero inexorable. Quizás los argentinos terminen por darse cuenta que son políticas fallidas.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd, London, 2021
