Escribe: Ricardo Valcárcel, analista económico
Aunque suene aberrante, sin las vastas actividades ilegales que existen en el país, la economía peruana estaría cerca de la recesión y el desempleo sería mayor. Ciertamente sus operaciones delictivas son condenables, y corresponde al gobierno erradicarlas si queremos vivir en un estado democrático y justo.
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Pero su existencia es un hecho concreto que genera un efecto económico positivo, que diversas estimaciones sitúan entre 2% y 3.5% del PBI anual. El narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, entre otros delitos sobresalen en esas operaciones criminales.
No todo el valor originado por esos actos punibles queda en el Perú. Buena parte procedente de la minería ilegal y el narcotráfico sale al exterior.
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Algunas de esas actividades son clandestinas y otras notorias sin que el gobierno tenga la capacidad para extirparlas o, peor aún, actúe en complicidad, al estar muchas instituciones públicas corrompidas.
Lo positivo de esa criminalidad vigente se centra en:
- Aumentar el PBI al incorporar valor monetario de bienes y servicios producidos fuera del marco legal.
- Crear empleo directo e indirecto, mayoritariamente informal, con concentración regional en zonas rurales y extractivas.
- Generar demanda de bienes y servicios, que dinamizan comercios y actividades de soporte locales.
Esos efectos provechosos no legitiman sus delitos, pero son relevantes para entender la economía real del país.
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No todo el valor originado por esos actos punibles queda en el Perú. Buena parte procedente de la minería ilegal y el narcotráfico sale al exterior, estimándose que cerca de 20%-30% se reinvierte o se gasta localmente en salarios, bienes, servicios y construcción, incrementando la masa monetaria en circulación y la demanda, particularmente en zonas con escasas alternativas productivas.
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Ese aumento de la masa monetaria, en gran medida en dólares que luego deben convertirse a soles, es uno de los factores que, junto con los actuales superávit récord de nuestra balanza comercial, han impulsado la apreciación de nuestra moneda. Ello abarata las importaciones y contribuye a mantener baja la inflación.
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Parte del valor que se queda en el país se integra a la economía formal mediante diversas formas de “lavado de activos” o blanqueo:
1) Manipulación comercial y uso de empresas pantalla, sobrefacturando y justificando luego gastos e inversiones.
2) Compra de inmuebles, maquinaria y empresas formales, distorsionando la medición real de la inversión.
3) Uso de intermediarios y de criptomonedas para mover fondos internacionalmente.
El impacto sobre el empleo es sustancial. Directamente participan trabajadores mineros, cultivadores de coca, taladores de madera, transportistas, distribuidores y vendedores de bienes de contrabando, pescadores, y numerosas personas dedicadas a la piratería de software, medios audiovisuales o falsificación de moda. Se estima que cuatro millones de personas tienen trabajo asociado a las actividades ilícitas.
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Ello representa el 15% de la población económicamente activa, es decir, uno de cada siete trabajadores dependen de ellas. Sin duda, ante la gran magnitud económica ilegal y la enorme población que vive de esas actividades habría una fuerte resistencia a combatir la ilegalidad.
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Pese a su aporte a la economía y al empleo, sería inmoral no intentar eliminar esa lacra manejada por organizaciones criminales, que agrava el mayor problema actual del Perú: la inseguridad que pagamos todos, con la tuya y con la mía.
