No están lejos los tiempos en que clamábamos por inversión privada en infraestructura y celebrábamos los avances que mostraba ProInversión, que era la agencia promotora de la inversión privada más admirada de la región latinoamericana.
Llegaron luego los idus de marzo. Lavajato y el club de la construcción mataron la confianza, aunque hay muchísimas concesiones que no tienen ningún cuestionamiento ético. Muchas más que las que sí.
Por otra parte, empezamos a ver un creciente deterioro de nuestra institucionalidad. Rotaciones a todo nivel en el Estado, dispersión de funciones y autorizaciones, temor cada día mayor a tomar decisiones.
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La consecuencia es que tenemos, según AFIN, una brecha de infraestructura de servicios públicos que en el 2016 era de 160 mil millones de dólares. Y no avanzamos. Entretanto, la población se impacienta por servicios que no le llegan, se defrauda expectativas y el Estado pierde legitimidad a pasos agigantados. Ello sin mencionar que dejamos en la mesa el tremendo impacto a corto y largo plazo que tienen estas inversiones.
A pesar de todos los problemas, ProInversión empezó a romper la inercia en el 2023, adjudicando varios proyectos. Toca ahora que la contraparte pública haga su trabajo: libere áreas, apruebe expedientes, eche a andar los proyectos.
La cartera de proyectos para este 2024 es interesante y abarca varias infraestructuras de servicios públicos de educación, salud, agua y saneamiento. Y dos grandes proyectos viales: la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 y el Anillo Vial Periférico. Tremendo reto será sacarlas adelante si no encuentran el apoyo que corresponde en los ministerios respectivos.
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A pesar de todos los problemas, los indicadores macro del país ofrecen un panorama positivo a los inversionistas. Parecía bastar para muchos de ellos, sobre todo porque nuestro país les ofrecía dos protecciones: un artículo 62 de la Constitución que blindaba los contratos y un mecanismo de arbitrajes internacionales y nacionales que evitaba la presión de la opinión pública y los políticos sobre temas técnicos complejos que requieren una evaluación neutral y calificada.
La mala noticia es que la sentencia del Tribunal Constitucional acaba de convertir estos botes salvavidas en pequeñas embarcaciones con muchos agujeros: relativiza el artículo 62 pronunciándose sobre vías alternas como si fueran peritos en caminos y carreteras afirmando que el interés público está por encima de la protección de los contratos, y se declara competente para pronunciarse sobre asuntos que son hoy materia de arbitraje y que ya en el pasado fueron vistos en dos laudos arbitrales consentidos por las cortes norteamericanas.
Hemos tenido ya algunos procesos declarados desiertos. Tenemos otros con pocos o solo un postor. Tenemos adjudicaciones ya realizadas con muchísimos problemas para iniciar la operación. ¿Ahora esto? ¿Así queremos cerrar brechas y servir mejor a nuestra gente?
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