Escribe: Leonie Roca, presidenta de la AFIN.
La propuesta del Ejecutivo de fusionar los organismos reguladores generó mucho ruido y no verá la luz, pero es evidente que hay muchos espacios de mejora en nuestra institucionalidad regulatoria que habrá que continuar discutiendo y aprobando.
Propongo centrarnos en cinco puntos críticos a futuro:
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1. Gobernanza de los reguladores. Aquí hay varios aspectos que mejorar. El sistema de elección no es precisamente de clase mundial. Muchas veces los evaluadores no podrían postular a esos cargos que evalúan y si bien los requisitos que establecen las normas vigentes para integrar los consejos directivos son todos formales, no garantizan competencia técnica y práctica. Por otro lado, el Consejo Directivo debiera cumplir un rol mayor, no sólo en la elección de la primera línea ejecutiva del organismo, sino también asumir funciones que hoy son de las presidencias. Además, hoy tenemos consejos directivos incompletos, lo que constituye un descuido inexcusable de parte del Poder Ejecutivo. Por último, las dietas que percibe un consejero no guardan relación con la especialización que se requiere ni con la responsabilidad que asumen.
2. Mercado, mercado, mercado. El origen de estos organismos fue regular mercados no competitivos, promoviendo o simulando condiciones de competencia a través de la regulación tarifaria, de acceso y condiciones de calidad. Entonces, ¿por qué seguimos regulando mercados altamente competitivos como el de la telefonía celular o el manejo de contenedores en los puertos? Debemos avanzar en establecer criterios que obliguen a la desregulación.
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3. Protección al consumidor y libre competencia. Estos temas han sido asignados arbitrariamente al Indecopi en algunos casos y a algunos reguladores, en otros. Lo cierto es que la especialización la tiene el Indecopi y la protección del consumidor en segmentos que son B2C politiza indebidamente la actuación del regulador. El Indecopi debiera concentrar estas funciones y el regulador concentrarse en supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión, regular tarifas en segmentos no competitivos y promover la inversión.
4. Zapatero a tus zapatos. La seguridad ciudadana no es competencia del regulador de telecomunicaciones, como las deflagraciones de gas, por la informalidad en ese sector, tampoco son competencia del regulador de energía. Mientras sigamos viendo reguladores a los que se les asigna o se autoasignan roles distintos a su naturaleza, continuaremos teniendo una institucionalidad cuestionada y en conflicto permanente con los ministerios respectivos o con las empresas que prestan estos servicios.
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5. Eficiencias. Los reguladores no deben ser fusionados por las distintas razones que se han explicado en el debate reciente, pero sí hay espacios de eficiencia. Así, los tribunales que ven en segunda instancia administrativa las resoluciones del regulador, podrían unificarse y conformar una instancia realmente independiente que garantice, además, imparcialidad.
La propuesta del Poder Ejecutivo puede no haber prosperado, pero esta agenda no está cerrada y necesita ser enfrentada para continuar impulsando inversión de calidad en los servicios públicos.
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