Hace algunos meses, cuando se anunció la intención de las Fuerzas Armadas de adquirir aviones por aproximadamente US$ 3,500 millones, resurgió el clásico dilema económico: ¿armamento o “mantequilla”? Es decir, ¿priorizamos gasto en defensa o en necesidades sociales? Mi primera reacción fue cuestionar la magnitud y composición de esa inversión. En un contexto regional de relativa paz, parecía más razonable evaluar alternativas como drones para inteligencia y combate de economías ilegales, o aviones de transporte para fortalecer el servicio público de las Fuerzas Armadas. No hay duda de que debemos equipar adecuadamente a nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. Como economista, entiendo que toda decisión implica elegir y asumir costos de oportunidad. Y aquí el costo es alto. Dicho eso, también es cierto que esta inversión resulta más defendible que seguir destinando recursos a sostener empresas públicas inviables, como Petroperú, cuyo caso merece análisis propio.
Tomada la decisión de invertir, el Estado debía enfocarse en seleccionar al mejor proveedor. No se trata solo del precio de compra, sino de variables críticas: tiempos de entrega, mantenimiento, disponibilidad de repuestos, actualización tecnológica, transferencia de capacidades y condiciones de financiamiento. Pero en el contexto actual, estos factores técnicos no son suficientes. Las decisiones de defensa están profundamente atravesadas por consideraciones geoeconómicas y geopolíticas. Elegir proveedor implica también gestionar equilibrios diplomáticos delicados, evitar dependencias estratégicas y preservar márgenes de autonomía en política exterior. Por ello, el cuestionamiento tardío del presidente Balcázar no solo fue ineficaz, sino perjudicial. Las negociaciones ya habían concluido, siguiendo procesos formales, con sustento técnico y respaldo institucional. Reabrir el debate en esa etapa introduce incertidumbre, debilita la credibilidad del país y envía una señal negativa a potenciales socios internacionales. El presidente —por sucesión constitucional, no interino— representa a la nación y actúa dentro de límites institucionales claros. No puede desandar decisiones técnicas consolidadas de manera unilateral y discrecional. Sus actos deben estar debidamente refrendados y sustentados, precisamente para evitar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
Ahora bien, más allá del equipamiento, el verdadero desafío es otro: el capital humano. No hay capacidad de defensa sin personas calificadas, motivadas y bien remuneradas. Hoy enfrentamos un problema serio. Las condiciones salariales no reflejan la exigencia ni la responsabilidad del servicio, lo que expulsa talento hacia el sector privado en etapas tempranas. En paralelo, el servicio militar voluntario ofrece condiciones precarias: alimentación deficiente, escasa formación académica y, en algunos casos, problemas de salud como anemia y desnutrición. Esto no solo es injusto, sino que debilita la capacidad operativa misma.
A esto se suma un debate peligroso en el Congreso: la posible reintroducción de la llamada “cédula viva”. No es solo un problema fiscal —aunque lo es, y de gran magnitud—, sino estructural. El vínculo entre pensiones y remuneraciones activas genera presiones explosivas sobre las cuentas públicas y termina distorsionando toda la política salarial del sector, como bien lo mencionan varios de mis colegas. Pero el resultado es peor y conocido: sueldos bajos compensados con bonos no pensionables, pensiones insuficientes y una carrera poco atractiva para nuevos talentos. Es, en la práctica, un sistema que engaña a quienes hoy sirven y compromete la sostenibilidad futura. No hay armamento que compense la falta de personal capacitado y comprometido. Sin capital humano, cualquier inversión en defensa pierde efectividad. Por eso, si queremos fortalecer realmente nuestras capacidades de defensa y seguridad, debemos hacerlo con criterios técnicos, de largo plazo y alejados del populismo. Invertir mejor no es solo comprar equipos, es construir instituciones sólidas y dignificar a quienes las sostienen.
Mercedes Araoz es profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico.
