En las últimas tres décadas, el bienestar ha llegado a las familias a través de mayores ingresos vía empleo o emprendimientos empresariales. No ha llegado, en cambio, a través de servicios públicos de calidad, a pesar del fuerte incremento que tuvo la recaudación en el referido periodo.
Hacer que el Estado funcione resulta fundamental tanto para que las empresas puedan seguir llevando bienestar a las familias, como para que los servicios públicos también lo hagan. Ello requiere que el sistema político funcione y que lo haga también la burocracia estatal.
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Al pensar en el bienestar y el desarrollo, muchas veces nos enfocamos en el nivel nacional y en las reformas a realizar para que ministerios y Congreso funcionen. Miremos también el funcionamiento de las municipalidades, que pueden detener iniciativas empresariales de pequeños y grandes empresarios. En los últimos meses hemos visto tres casos muy cuestionables, en que la arbitrariedad –y muy probablemente también la extorsión– ha estado presente.
En agosto del 2023 tuvimos el cierre arbitrario del emblemático restaurante Granja Azul en Santa Clara por parte de la Municipalidad de Ate. Según un comunicado de la propia municipalidad, se determinó que el tablero eléctrico no tenía directorio, que en la cocina se encontraron utensilios oxidados y que los tachos no tenían tapa, motivos por los cuales ejecutó la medida provisional de clausura; adicionalmente, le impuso otra multa por habilitar tierras supuestamente sin autorización. La empresa optó por pagar las multas impuestas de aproximadamente S/ 15,000 cada una y levantar en 24 horas las observaciones. Los días pasaban y la municipalidad no acudía para una nueva inspección. Peor aún, le impuso otra multa por temas de habilitación urbana por más de S/ 1 millón, y estableció que la sanción era la demolición del local. Fue la presión de sus competidores, la comunidad y los propios trabajadores la que llevó a que la municipalidad permitiera la reapertura. Esperemos que las arbitrariedades del alcalde Franco Vidal, del partido Avanza País, no prosigan.
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Estuvo también la demora de casi un año de la Municipalidad de La Molina para otorgar la licencia de funcionamiento al Centro Comercial de Cencosud. Pese a haber sido construido el mall en el marco de una licencia de edificación válida y vigente, el alcalde Diego Uceda, del partido Renovación Popular, se negó a reconocer sus efectos argumentando la judicialización del caso, lo que no tenía mayor relación. No bastando lo anterior, planteó exigencias viales sin tener competencia alguna para hacerlas. Finalmente, luego de un intenso enfrentamiento legal y el reclamo de los vecinos –8 de cada 10 residentes del distrito consideraban al centro comercial como beneficioso–, el alcalde no tuvo más remedio que otorgar la licencia.
El tercer caso se refiere a la Municipalidad de Miraflores, que a mediados del 2023 paralizó más de 20 proyectos inmobiliarios, por considerar que sus licencias de construcción tenían “deficiencias”. En este caso, el alcalde Carlos Canales, también del partido Renovación Popular, aplicó de manera retroactiva una sentencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias municipales. Muchos proyectos siguen paralizados y la municipalidad estaría requiriéndoles el pago de una sanción onerosa para permitir la reanudación de las obras.
Detrás de muchas arbitrariedades habría intentos de extorsión y corrupción. Se escucha con frecuencia que primero viene la anulación de la licencia, la clausura de un local o la paralización de una obra, luego la aplicación de sanciones onerosas, y de pronto surgen especialistas allegados a las autoridades que se acercan a los afectados ofreciendo soluciones. Es decir, detrás de casos similares habría la intención de extorsionar a los empresarios para que paguen coimas a las autoridades por solucionar los casos.
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Frente a casos como los descritos, existen diversas vías legales a las cuales se puede acudir, como la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi o el Poder Judicial. No obstante, al recurrir a estos mecanismos de defensa, las empresas se enfrentan con el riesgo de que la autoridad municipal tome represalias vía las mismas o nuevas arbitrariedades, lo cual limita su eficacia. Por ello, harían bien Indecopi y la Contraloría General de la Republica en actuar de oficio.
Bien que se haya aprobado recientemente la Ley N° 31914, que determina nuevos parámetros para el cierre de locales comerciales, buscando así evitar excesos de las municipalidades. Esta norma habría evitado el primer caso, pero no los otros dos.
Evitar las situaciones antes descritas de manera permanente requiere que tengamos mejores partidos políticos, que recluten mejor a sus candidatos y sean el primer control que frene arbitrariedades de quienes desde sus filas resulten electos. Como electores, tengamos más en cuenta el partido político y no solo al candidato.
Frenemos los abusos municipales; y que no queden impunes. Que no sigan deteniendo las tan necesarias iniciativas empresariales para reactivar el país y generar empleo.
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