¿Necesitamos revivir un programa de hace 15 años para garantizar a los escolares peruanos una alimentación de calidad?
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Es una buena noticia que el discurso presidencial del 28 de julio haya puesto los temas alimentarios en la agenda, en particular los que afectan a la niñez. Pero sorprende la respuesta: tanto en campaña como en el mensaje presidencial, la propuesta para atenderla es recrear el Pronaa (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria), para que brinde alimentación de calidad en las escuelas (ante las críticas –serias y justificadas– al actual Programa de Alimentación Escolar (PAE) que opera el Midis).
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La propuesta de volver al Pronaa llama la atención por dos razones. La primera, es un modelo de hace 15 años, con deficiencias documentadas, mientras que hoy la región y el mundo acumulan innovaciones con resultados probados en programas de alimentación escolar. La segunda, más de fondo: el Pronaa nunca tuvo como mandato central alimentar a escolares, sino comprar y distribuir alimentos.
Un programa de alimentación escolar tiene un cliente claro –el escolar– y organiza todos sus procesos para atenderlo con la mayor calidad posible.
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Esa diferencia no es un detalle técnico. Antes de decidir si pasamos de un programa de alimentación escolar a uno de compras públicas de alimentos, vale la pena considerar cuatro puntos:
1. El objetivo. Un programa de alimentación escolar debe asegurar que los escolares consuman raciones de alimentos en cantidad y calidad suficientes para afrontar adecuadamente su jornada escolar. La Ley General de Educación obliga al Estado a proveer esta alimentación, lo que implica comprarla, distribuirla y asegurar su consumo por parte de los estudiantes. Para ello, hay que definir qué comprar y, sobre todo, coordinar con Produce (Sanipes), Midagri (Senasa), Salud (Digesa), entre otros, para adquirir productos sanos, inocuos y de calidad. Y también con directores, profesores y padres de familia de cada escuela, para asegurar el consumo adecuado de los alimentos. Un programa de compras públicas, en cambio, es un aparato logístico: compra y entrega alimentos, pero no interviene en la definición de qué comprar ni en cómo se distribuyen ni en cómo se consume lo comprado dentro de la escuela.
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2. El cliente. Un programa de alimentación escolar tiene un cliente claro –el escolar– y organiza todos sus procesos para atenderlo con la mayor calidad posible. Un programa de compras públicas, como fue el Pronaa, responde a dos clientes a la vez: la entidad que solicita el abastecimiento (en su momento, el Indeci, el Programa de Complementación Alimentaria para comedores populares y clubes de madres, el Minsa o las escuelas) y los proveedores, interesados en vender al mejor precio. Esa doble lealtad es riesgosa: los programas de compras públicas terminan capturados con frecuencia por sus proveedores. Al Pronaa, en su momento, se le impusieron por ley compras obligatorias a determinados proveedores, incluso cuando ello sacrificaba la calidad o la inocuidad de lo adquirido.
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3. La evidencia. La evidencia sobre el impacto del Pronaa en la alimentación escolar era débil, mientras que sí existía evidencia de las distorsiones que generaba a favor de ciertos proveedores. Hoy la evidencia apunta en sentido contrario: los programas de alimentación escolar son mucho más que aparatos logísticos, y el Perú y países como Brasil, Chile y México ya han identificado qué prácticas funcionan para mejorarlos. Hoy, además, existe tecnología que garantiza su efectividad y permite asegurar la trazabilidad de todo el proceso, desde la compra –ya sea de grandes proveedores o de agricultores locales– hasta el consumo en cada aula, en las decenas de miles de escuelas que el programa debe atender durante los 190 días del año escolar.
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4. Las compras locales. La legislación vigente ya favorece las compras a la pequeña y microempresa y a la agricultura familiar. Aprovechemos esa normativa para abrir más oportunidades a los proveedores locales, pero también para exigirles mayor competencia y calidad. A los productores locales no les beneficia un programa que reparte ventajas a unos pocos sin incentivarles a mejorar ni a competir en el mercado.
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Miremos la evidencia, adoptemos las mejores prácticas e innovemos para que los escolares peruanos –frente a las altas tasas de inseguridad alimentaria de nuestro país– reciban y consuman una alimentación de calidad y para que nuestros impuestos se destinen al bienestar y la educación de la mayoría de los niños peruanos.
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Llamémoslo Pronaa, PAE o como se decida, pero no volvamos a viejas prácticas que ponen en riesgo el objetivo central: que cada escolar de la escuela pública reciba diariamente una ración nutritiva, sana e inocua.
Carolina Trivelli es investigadora principal del IEP.
