Escribe: Jorge Zapata Ríos, presidente de la CONFIEP
La atroz ejecución de 13 trabajadores mineros, asesinados tras ser secuestrados por bandas criminales, nos obliga a enfrentar una dolorosa realidad: la barbarie se ha instalado en el país. La espiral de violencia que ha cobrado 39 vidas, solo en la provincia de Pataz, un escenario donde las economías ilegales imponen su ley y controlan territorios convertidos en la práctica en zonas liberadas, es un reflejo del descontrol que se extiende a otras partes del territorio nacional.
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La inacción y falta de articulación entre poderes del Estado, y en particular entre un Ejecutivo y un Ministerio Público cada vez más distanciados, resultan inaceptables. El drama que enfrentan miles de peruanos cada día no está siendo abordado con la seriedad que exige la situación. Es momento de cambiar de rumbo. La gravedad de los hechos demanda que ambas instituciones dejen de lado sus diferencias y actúen de forma conjunta, decidida y eficaz contra un flagelo que está condenando a miles de peruanos a la muerte.
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Se requiere con urgencia una estrategia integral que identifique y persiga las fuentes de financiamiento de estas organizaciones criminales, así como acciones de inteligencia y una estrecha articulación entre fiscales y policías que aseguren que los criminales paguen por sus actos. La única manera de debilitar a estas bandas armadas y sus prácticas terroristas es mediante una lucha decidida y coordinada por parte de todas las instituciones encargadas de garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, persiste una paradoja evidente: el orden que debería imponer el Estado a una zona como Pataz, que cuenta con fuentes de riqueza importantes, se comprueba que está absolutamente ausente.
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El descubrimiento de inscripciones de partidos políticos utilizando miles de firmas falsificadas es otra noticia lamentable de reciente aparición. Este escándalo debe ser sancionado de forma inmediata, de lo contrario se abriría la puerta a un escenario de altísimo riesgo, ya que podría llevar al poder a personas que no tuvieron ningún reparo en cometer fraude desde el momento de su inscripción. La democracia no puede construirse sobre la mentira.
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Quienes tuvieron a cargo instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) –en tiempos en que se otorgó la inscripción a los mencionados partidos–, tienen que responder por la ausencia de fiscalización en el momento oportuno; ya que la falta de sanción ante irregularidades de tal magnitud trae una preocupante consecuencia: un proceso electoral cuya credibilidad se ve afectada apenas comenzando.
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Si algo conecta la creciente ola de crimen y violencia con el escándalo de las firmas falsas, es que en ambos casos las instituciones encargadas de resguardar la ley no estuvieron a la altura de las circunstancias ni del mandato que la constitución les confiere y esto tiene que cambiar. La ciudadanía necesita ver que sus instituciones asuman con seriedad y urgencia las responsabilidades que de ellas se demandan. Es lo menos que puede esperar un ciudadano de sus autoridades.
