Escribe: Omar Mariluz Laguna, director periodístico
Hay decisiones de Gobierno que gritan lo que los discursos callan. La designación de César Sandoval como ministro de Transportes y Comunicaciones no solo es una cachetada a los técnicos, a los ciudadanos y a los familiares de las víctimas de la minería ilegal. Es la señal más clara de que a Dina Boluarte no le interesa gobernar, sino resistir en el cargo. Y para lograrlo, está dispuesta a entregar el ministerio más codiciado –el que maneja el mayor presupuesto de inversión pública– a los intereses de César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP), como parte de un reparto que ya no se disimula, se institucionaliza.
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Mientras el país lidia con una escalada de violencia, servicios públicos colapsados y una ciudadanía harta del desgobierno, la presidenta Boluarte asistió a la entronización del papa León XIV en el Vaticano. Ha ocurrido en el pasado, cuando en plena crisis política su prioridad fue someterse a cirugías estéticas o recibir Rolex y joyas de su “wayki Oscorima”. Hoy el mensaje es el mismo: sus prioridades no están en el Perú ni con los peruanos.
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El nombramiento de Sandoval como nuevo titular del MTC no puede entenderse de otra manera. No solo es militante de APP, sino que hasta hace poco era el secretario nacional de organizaciones del partido. Su cercanía con César Acuña no es un secreto. Y hoy es premiado con uno de los ministerios más codiciados. Colocar al frente del MTC a un operador político sin mayor trayectoria técnica es un insulto al ciudadano, al contribuyente, y a todo aquel que espera que la infraestructura cierre brechas en lugar de abrir más abismos.
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El caso de Sandoval no es aislado. Ya lo vimos con César Vásquez en el Minsa, cuadro de APP, quien frustró un financiamiento del Banco Mundial para un centro de vigilancia epidemiológica, solo porque no le permitían colocar a una funcionaria investigada al frente del proyecto.
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Pero el nombramiento de Sandoval va más allá del cuoteo. Es una bofetada a las víctimas de la minería ilegal. En el 2023, cuando era jefe de asesores del Minem, se reunió con el representante legal de unos hermanos investigados por delitos vinculados a la minería ilegal en Pataz. También se encontró con congresistas que luego promovieron leyes a favor de ese mismo sector, según El Comercio. Y ahora es premiado con la llave del ministerio que puede viabilizar –o frenar– megaproyectos.
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La defensa del flamante presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, es una confesión de renuncia a la ética pública: “No existe impedimento legal ni reproche político”. ¿Ese es el nuevo estándar? ¿Mientras no seas un prófugo, puedes ser ministro?
Este déjà vu nos recuerda inevitablemente a Juan Silva, ministro de Pedro Castillo que se justificaba diciendo que podía dirigir el MTC porque tenía licencia de conducir. Hoy el país sabe cómo terminó esa historia. Pero el Ejecutivo no aprende. O peor: le conviene repetirla.
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En resumen, el problema no es César Sandoval. Es el sistema de repartija descarada al que Boluarte ha decidido someterse. Si esta es la estrategia para llegar al 2026, entonces ya sabemos el precio: infraestructura al servicio de intereses privados, gestión pública sin mérito ni visión, y un país gobernado por cuotas, no por prioridades. El verdadero peligro no es quién entra al MTC, sino todo lo que eso revela sobre quién –y cómo– se gobierna el Perú hoy.
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
